La Clínica San Pedro cerró en julio de 2021 duarante la pandemia y con pacientes en la Terapia Intensiva que fallecieron tras el traslado al Hospital. Recibió el salvataje del gobierno municipal que alquiló durante meses las camas de internación y aún así, la gestión decidió montar un hospital de campaña en las instalaciones de ANDAR.

El escenario económico y financieron que arrastraba la empresa que administraban los dueños de lo que quedó del otrora prestigioso sanatorio, se repetía año a año. Atrasos en los pagos al personal, demoras con los proveedores, cambios de accionistas, deterioro de las instalaciones y contrataciones irregulares fueron la antesala de un desenlace inevitable que se tejió al calor de la falta de pago de obras sociales.

Días después del cierre aparecieron los primeros inversores; un grupo de aventureros que se jactó de haber incorporado un “horno pizzero” mientras pintaba las habitaciones. Prometieron una clinica de primer nivel, convocaron al personal y hasta anunciaron la apertura de nuevos servicios y la captación de la cápita de Pami. Luego se fugaron y apareció otro comprador: Gabriel Hanna y supuestamente un grupo inversor dedicado a la salud.

En varias entrevistas y consultas entre las que no faltaron los recuerdos de los escraches en las casas particulares de los médicos accionistas -a excepción de uno que vive en un edificio de departamentos y es pareja de la abogada que representaba a la clínica- y la permanencia de personal dentro de las instalaciones parecían regar las esperanzas de recuperar las fuentes de trabajo. En plena campaña electoral, el Intendente Salazar estuvo en el lugar para generar nuevas expectativas.

“El jueves 2/5 a las 10 h vendrá el perito martillero a presentarse en la clínica a revisar las intalaciones para hacer la tasación y posterior inicio del proceso de subasta pública”, ese fue el mensaje que recibieron muchas personas representadas por el Estudio Jurídico Casini & Asociados.

Respecti a la acción juducial ordenada se sabe que hay muchos juicios laborales en marcha, algunos ya con sentencia y uno ya en etapa de ejecución de la sentencia que es el que avanza en dirección a rematar la clínica. “Nosotros con los dueños viejos o los dueños nuevos o los verdaderos dueños que quién sabe quiénes son, no tenemos ningún contacto, no tenemos nada, simplemente estamos abocados a llevar los juicios hasta la subasta”, indicaron desde el estudio jurídico que logró esta medida.

Hay una convocatoria para los que quieran presenciar la tarea que por lo que aclaran no es obligatoria. “Nosotros sólo estamos en caracter de observación y meros veedores de las actuaciones que debe llevar adelante el perito por orden judicial”, aclaran los abogados que patrocinan a varias de las víctimas que en su condición de trabajadores iniciaron acciones legales y lograron una decisión judicial que podría permitirles recuperar algo de lo que les adeudan en caso que el inmueble se remate.

Carlos Casini