Bancas con custodia, perimetrales y disculpas entre concejales de una ciudad que padece la inseguridad
En una semana de tiros, peleas, violencia y policías apedreados los ediles de la ciudad parecían liderar las disputas que demandan recursos del estado para mitigar la dimensión de sus egos. Denuncias por amenazas de golpes de puño, causas en la Comisaría de la Mujer, perímetros de cinco metros entre bancas y patrulleros en la puerta del recinto fueron la antesala de demandas penales. El la última sesión hubo pedidos de disculpas.
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Mientras los vecinos de San Pedro sufren robos, episodios de violencia, conflictos vecinales y la clásica ausencia de patrulleros en las calles, el Concejo Deliberante gasta energía y recursos que al ciudadano común le cuesta conseguir tanto en las sedes judiciales como en las comisarías.
Frente a los últimso episodios de violencia y tiroteos registrados en los barrios que también demandaron esos recursos, La Opinión & Sin Galera, sumaron los expedientes que ilustran el tipo de relación y los conflictos que se desatan entre concejales que recientemente aprobaron su presupuesto con sueldos que en promedio redundarán en un costo de 3,7 millones de pesos por mes por cada uno de ellos.
Este es el repaso cronológico por los expedientes, las notas formales, las denuncias penales y las órdenes de restricción perimetral que quedó plasmado en la página web del cuerpo deliberativo.
Entre enero y junio de 2026 ingresaron las primeras presentaciones que solicitaban formalmente el "cese de hostigamiento" respecto del concejal Martín Rivas. A ellas se sumaron algunos cruces de insultos y amenazas de pasillo y la denuncia del concejal Ariel Rey contra Rivas por una agresión física dentro del Palacio Municipal.
En el expediente N° 5717/2026 se formaliza la denuncia por agresión de un concejal a otro, solicitando al cuerpo la activación de los mecanismos disciplinarios contemplados en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento Interno. Una obviedad que llevó tiempo, documentación, estudio, tratamiento y redacción.
El 13 de agosto de 2026 el expediente N° 5759/2026 contiene una nota en la que paradójicamente se reclaman "medidas institucionales para garantizar seguridad y normal funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante". Algo que se supone que en el recinto está garantizado por la propia responsabilidad de los integrantes del cuerpo. Esa situación obligó al presidente del Concejo, Martín Baraybar a disponer la presencia de personal policial en la puerta del Salón Dorado para custodiar el acceso durante el desarrollo de la sesión ordinaria.
El 24 de septiembre cuando la sesión se organizó en la localidad de Río Tala las instalaciones del club donde deliberaban fue escenario de una discusión que mostró los primeros indicios de violencia verbal para terminar en un conato de violencia física.
La concejal Paola Basso había denunciado a Martín Rivas por intimidación ante la Comisaría de la Mujer y la Familia y por ende el Juzgado de Paz, dictó una orden de restricción perimetral de 200 metros en la vía pública y de 5 metros dentro del propio recinto del Concejo. No era una opción, fue una obligación para garantizar el cumplimiento de la manda judicial.
Durante ese mismo mes ya había ingresado el expediente N° 5796/2026 con el pedido para la preservación y entrega de copias de las filmaciones oficiales y versiones taquigráficas de la Sesión N° 1761, con el fin de aportar pruebas a las investigaciones disciplinarias y penales en las que puedan quedar registradas las conductas de los concejales. Previamente hubo una trifulca entre un representante gremial y el concejal Rivas que constituyó una demanda ante la justicia ordinaria.
A todo ello se sumaron otros tres expedientes en los que los bloques buscaron que se determinen las responsabilidades de quienes protagonizan desórdenes de conducta.
Ni en las escuelas secundarias existen medidas disciplinarias para sancionar conductas violentas. Basta mencionar casos de docentes agredidos y progenitores que las insultan para advertir que lo que sucede en el recinto es más que una burla para un sistema educativo colapsado y una situación de inseguridad constante en cada rincón del partido.
Pero como a todo pedido le corresponde respuesta, hubo otro expediente, el N° 5803/2026 presentado por Rivas para solicitar formalmente que la edil Paola Basso rectifique dichos y brinde disculpas públicas en el marco del cruce institucional.
Llegó octubre con novedades y tres notas correlativas reclamando la intervención institucional y la aplicación estricta del reglamento por incidentes registrados en las sesiones 1756, 1757 y 1760. Todas ellas registradas en el programa Debates Ordinarios que conduce el periodista Rafael Flaiman.
A esas solicitudes se sumó un pedido de informe de seguimiento sobre las sanciones disciplinarias solicitadas con anterioridad y el corolario se mostró sin tapujos en el seno de la comisión que justamente debe articular con las fuerzas para llevar alivio al vecino, el concejal Diego Lafalce denunció haber sido increpado e invitado a pelear físicamente por su par Damián Mosquera, elevando una nueva actuación bajo el amparo del artículo 18 del reglamento por "desorden de conducta".
En conclusión fueron horas de deliberación, fojas de archivo impresas y gestiones de todo tipo. Activó comisarías, movilizó secretarios judiciales, demandó la firma de resoluciones cautelares y demandó presencia policial que hacen falta en los barrios.
En una ciudad golpeada por el delito, el patético espectáculo de ver a los representantes del pueblo demandando custodia atenta de manera directa contra la institucionalidad y provoca el descrédito constante sobre quienes tienen como misión trabajar, legislar y controlar.
Tal vez, por todo ello este jueves en Pueblo Doyle se pidieron dusculpas públicamente e invocaron la visita del papa León XIV para “ser mejores personas”, como se pudo apreciar en el resumen del programa Debates Ordinarios.
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