Tras el episodio de "la bolsa que me voy a tomar", piden "control toxicológico" de funcionarios y concejales
El bloque Nuevos Aires elevó un proyecto para crear un régimen obligatorio de exámenes para todos los funcionarios político del Gobierno, incluido intendente, concejales y miembros del gabinete, que además deberán afrontar el costo del análisis. Rivas pidió a Basso que renuncie a la banca.
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A casi dos semanas del insólito cruce en el Concejo Deliberante que se desató cuando Paola Basso aseguró que Martín Rivas dijo "la bolsa que me voy a tomar esta noche" mientras hablaba Soledad Llull en el marco de un expediente relacionado con bolsas de polietileno, la polémica sigue y, todo indica, se extenderá en el debate legislativo.
Por un lado, tras solicitar grabación y transcripción de la sesión, además de intervención institucional formal al presidente del cuerpo, Rivas elevó un expediente en el que exige a Basso “rectificación y disculpas públicas”, porque la atribución de la frase “no encuentra respaldo en el registro audiovisual oficial”.
Además, le pide que "reflexione" sobre lo sucedido, "reconsidere su continuidad" como concejala y "evalúe presentar su renuncia a la banca" para la que fue electa en la misma lista que él, encabezada por Ariel Rey como candidato a intendente en 2023.
No sólo esos expedientes elevados por Rivas forman parte de la insólita polémica. Sin relacionarlo directamente, pero llamativamente tras este episodio, el bloque Nuevos Aires presentó un proyecto que, en ese contexto, profundizará la polémica.
La bancada de Basso, Mosquera y Santos propone crear un "régimen obligatorio de exámenes toxicológicos" para intendente, concejales y todos los funcionarios políticos del Ejecutivo y el Concejo Deliberante.
La propuesta señala que habrá un primer examen a los 30 días de sancionada la ordenanza y luego, con una periodicidad máxima de seis meses, mientras los alcanzados por el régimen permanezcan en sus cargos.
Los exámenes buscarán la detección de cocaína, cannabis, opioides, anfetaminas, benzodiacepinas (como clonazepam, Valium), barbitúrico y toda sustancia prohibida incluida en la ley de drogas.
El análisis se practicará a todos, sin excepción alguna, y el costo deberá ser afrontado por el propio examinado. Cada uno será informado sobre la fecha y horario, con una antelación que no permita alterar sus condiciones.
En cada caso deberán garantizarse condiciones de seguridad, trazabilidad y preservación de las muestras, que serán analizadas vía test rápido de muestra de orina, con posibilidad de contraprueba.
Si hay resultado positivo, deberá hacerse un análisis confirmatorio. Estarán exceptuados quienes estén inscritos en Reprocann para cannabis terapéutico o que posean prescripción médica justificada.
Frente a un resultado positivo confirmado, un equipo médico evaluará si amerita implementar un protocolo de seguimiento, contención y tratamiento, "con estricta reserva de identidad".
Será ese informe médico el que derive en la evaluación de medidas respecto a la continuidad en el cargo de la persona cuyo examen arroje resultados positivos.
El régimen prevé la protección absoluta de los resultados de los exámenes y la prohibición de la difusión, salvo consentimiento expreso del titular, obligación legal o requerimiento de autoridad competente.
En caso de que alguien se niegue, será considerado positivo a los fines de la activación del protocolo de salud, con medida de sanción correspondiente según el cargo.
Para los funcionarios del gabinete, el cese inmediato; para los electos habrá que proceder de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades para casos de faltas graves.
El proyecto ingresará formalmente en la sesión de este jueves, que tendrá lugar en Río Tala, y será pasado a comisión para que en ese ámbito se lo trabaje antes de su tratamiento sobre tables.
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