Fotomultas: la Justicia de La Plata dijo que no existe impedimento para la utilización de radares
El juez de Garantías de La Plata Juan Pablo Masi señaló que al no existir un amparo, el uso de radares en la provincia y municipios es legal. Por lo tanto, el sistema de fotomultas seguirá funcionando. Cecaitra aprovechó para señalar que ninguna medida imposibilita continuar con la recaudación.
La Justicia de La Plata le dio un respaldo importante a la empresa Cecaitra tras ratificar el uso de los radares en la provincia de Buenos Aires, relacionados con el sistema fotomultas.
La determinación del juez de Garantías Juan Pablo Masi señala que no existe ningún impedimento legal que limite su funcionamiento a través de los cinemómetros instalados en decenas de distritos.
Por lo tanto, seguirán operando con normalidad, controlando y sancionando infracciones de tránsito, como el exceso de velocidad, tanto en rutas provinciales como en calles municipales.
El sustento de esta determinación es que se descartó que exista alguna medida cautelar vigente que impida a la Provincia o a los municipios utilizar estos dispositivos para la recaudación por infracciones.
Después de la aclaración, Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), salió a ratificar que los dispositivos cuentan con su debida habilitación, cumpliendo con los procedimientos exigidos por la normativa vigente.
A su vez, puntualizó que “no hay ninguna medida que le imposibilite, tanto al Gobierno bonaerense como a los municipios, la recaudación de fondos a través de infracciones generadas por los cinemómetros”.
La mayoría de estos aparatos pertenecen a esta Cámara, que aún enfrenta otra instancia judicial, de carácter penal, investigada por la conexión con el exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio.
Cecaitra es la adjudicataria en San Pedro y ya ha colocado la mayoría del equipamiento a emplearse en la ciudad y las rutas de acceso.
Lo que resta es la puesta en funcionamiento. No sólo detectarán y sancionarán los límites de velocidad, sino también la falta de casco, el uso de celulares o cruzar un semáforo en rojo, entre otras infracciones.
Mientras tanto, en el Concejo Deliberante rechazaron el pedido de “suspensión preventiva inmediata” del contrato, solicitada hasta tanto se esclarezca la situación legal de la empresa, cuyo escándalo alcanzó niveles resonantes en el ámbito político.
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