Fotomultas: allanaron la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata por su vínculo con Cecaitra
Un nuevo capítulo para una de las causas judiciales que investiga el funcionamiento de las cámaras de control vial diseminadas en la provincia. En este caso fue una universidad, intermediario en la gestión entre las comunas y la Cámara de Control y Administración de Tránsito, la misma que ganó la licitación en San Pedro.
Una orden de allanamiento emitida por el juez federal Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud de la Provincia, Nicolás—, reavivó la causa una de las estafas que se investiga por el presunto desvío de fondos entre algunos municipios bonaerenses y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), por el sistema de fotomultas.
En esta oportunidad el sitio apuntado fue la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. La institución educativa está sospechada de ser intermediario entre los municipios y Cecaitra.
Aquí surgen vinculaciones sorprendentes. Empleados de Cecaitra también son funcionarios de la UTN y habrían suscripto distintos convenios participando de un lado y del otro.
También surgieron de la investigación cuentas bancarias, que en el momento de la distribución de los ingresos no cumplían con los pasos administrativos estipulados por la Universidad. El flujo de las grandes cifras iba directamente a Cecaitra.
El 16 de septiembre del año pasado el intendente Cecilio Salazar suscribió el contrato con la Cámara “para la incorporación de tecnología en el control de tránsito, buscando fortalecer la seguridad vial en el partido”, aprobado por el Concejo Deliberante.
Hace un mes el fiscal de la causa, Álvaro Garganta, allanó Cecaitra porque “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”.
A su vez, las multas de Cecaitra tenían una mayor celeridad en los Juzgados de Faltas provinciales y, ante esa fluidez, se anticipaba la cobranza.
Todo lo señalado, y algo más, hizo que el entonces ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, renunciara a su cargo.
Quedó en medio de un escándalo que surgió a la opinión pública por la manera de facilitar el pago de las multas a través de gestores, que ofrecían descuentos, y que lo recaudado en su mayoría no llegaba al erario. Asimismo, la pareja de D'Onofrio, la concejala de Pilar Claudia Pombo, estaba involucrada en el caso.
Otra causa y con los mismos actores tramita en los Tribunales de Campana. El juez federal Adrián González Charvay investiga el patrimonio de D’Onofrio y sus compañeros, algunos con posibles inversiones en la Costa del Sol, España.
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