Borraban el grafiti de un escrache y llegó la policía
Sucedió frente a la casa de la familia propietaria de la empresa textil que se vio obligada a cerrar sus puertas por falta de producción. Tras varios "escraches" en los domicilios particulares y hasta en las escuelas a donde concurren los niños, habían decidido borrar las leyendas que estaban sobre el pavimento. No pudieron: llegó la policía y comenzó a pedir datos a quienes habían comenzado a aplicar diluyente. Temen que sigan las amenazas y la persecución en redes sociales mientras la Justicia decide el monto de las indemnizaciones.
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El desgraciado cierre de otra fuente de trabajo que dejó a 88 empleados de la textil de la familia Scazariello cobró esta semana un episodio traumático para los hijos de los dueños de la planta. Tanto en la escuela como en las oficinas de Pami donde se desempeña la pareja del extitular de la firma se registraron nuevos "escraches" con pegatina de carteles y grafittis que se pintaron en la esquina de Mitre y San Lorenzo con leyendas y fotos similares a los que se publican en redes sociales con advertencias y amenazas que aún no han sido denunciadas.
Están a la espera de resoluciones judiciales, pero noche a noche suenan los teléfonos con mensajes intimidatorios o recorridas de personas que gritan e insultan pese a que la Justicia ya trabó embargo sobre los bienes con los que se han garantizado sus derechos.
El colmo se produjo en la noche del jueves cuando dos personas llegaron a esa esquina para intentar remover las leyendas y en minutos fueron increpados por la policía que a bordo de dos patrulleros arribaron al lugar. "No vinieron cuando pintaron y vienen ahora", dijo uno de los vecinos a La Opinión que de inmediato solicitó las imágenes que registraron las cámaras de seguridad. Acá parece que "limpiar fuese el delito", reflexionó quien proporcionó las fotos que acompañan esta nota.
En la escuela a la que concurren los hijos de los dueños de la fábrica textil también hubo escraches. Foto: La Opinión.
Fueron 66 los exempleados que aceptaron un acuerdo, cobraron "el 60 %" del monto que les correspondía como indemnización, según refirió el abogado de la firma, tras el cese de las actividades que durante todo 2019 se mantuvieron trabajando a pérdida por la recesión económica y la caida del sector textil. Otros 22, que están representados por el mismo estudio jurídico que intervino en los casos de Coplac y de los operarios del puerto, no firmaron y demandan el 100 % de los montos por lo que deberán aguardar un fallo judicial que ordene el pago en base a los bienes que la Justicia ya se encargó de embargar.
Quienes matienen una carpa en las puertas de la planta aducen que no son ellos quienes protagonizan los hechos de violencia ni acción directa de "escrache", sin embargo a algunos se los ha visto en inmediaciones de los lugares en los que se ha pintado con aerosol o se han efectuado las pegatinas de afiches.
La realidad que enfrenta a todos los perjudicados, tanto a los que quedaron sin trabajo como a los que perdieron la empresa que en algún momento generó mano de obra para 250 personas, golpea fuerte porque no hay en el horizonte cercano posibilidad alguna de reapertura ni de agilización del trámite judicial que le permita al grupo que aún no percibió su indemnización mantenerse sin procurarse un nuevo empleo o emprendimiento más que la ayuda que puedan proporcionarle los delegados de los gremios que los acompañan.
