Trabajó en Salud durante 8 años como “decreto” y renunció tras insistir para que la pasen a planta
"Hice todo lo que estaba a mi alcance pero me agoté emocionalmente por los años que estuve luchando", dijo. En su descargo, cuestionó la contratación de "personal por partidos políticos" y reveló que a pesar de que se capacitó no fue tenida en cuenta a la hora de los pases a planta.
Marianela Colicinio decidió renunciar a sus tareas en el sistema público de salud local luego de desempeñarse durante ocho años como “decreto de ayuda social con contraprestación de tareas”, una modalidad de contratación que implica un salario por debajo del mínimo vital y móvil, que se paga con fondos provinciales, y que no implica derechos laborales puesto que es un “plan social” ante la emergencia.
Desde hace más de una década que existen “empleados” de este tipo en la Municipalidad. Muchos trabajan a la par de sus compañeros pero perciben un sueldo distinto, carecen de obra social y de aportes previsionales. En cada paritaria, los sindicatos piden, un poco, por ellos. Sin embargo, todavía persisten en muchas áreas.
Marianela Colicinio comenzó a trabajar en el año 2013 en el Centro de Salud 1º de Mayo. En 2015 le ofrecieron el programa “médicos comunitarios”, una “beca” del Estado para capacitar en atención primaria al personal de salud. Como no se podía contratar, estuvo cuatro años bajo dicho programa.
Durante un año y medio se capacitó en la sede Campana de la Universidad de Luján. “Éramos cinco en el programa: dos enfermeras, dos psicólogas y yo, administrativa. Nos avisan desde Nación que no hay renovación de contrato. Tenemos una reunión con el doctor Sancho y con Ramón Salazar y nos explican que lo único que nos pueden ofrecer es, a una enfermera y a mí, decretos; a otra de las enfermeras la contrataron y a las psicólogas que le facturen al Estado”.
Por decreto, Colicinio tenía que ser “comodín”: cubría vacaciones de sus compañeras de los centros de salud, además de su trabajo en el área de vacunación y facturación de la Secretaria.
“Cuando tuve la reunión con el doctor Sancho, le expliqué que quería una mejora, aportes jubilatorios y obra social. Me dijo que el decreto iba a ser por unos meses hasta que se pueda contratar personal. Esa fue la última vez que me atendió”, contó.
En su momento le tocó a ir a los Consultorios Amarillos, con la condición de que le mejoraran la situación laboral, ya que su sueldo era de $ 10.000. “El jefe de personal, Augusto Ramos, me dijo que si me negaba no iba a quedar bien vista antes las autoridades y que no se iba a concretar una mejora”, señaló.
Logró junto a algunos compañeros que le brindaron su apoyo juntar firmas y enviarle una nota al intendente. La respuesta, aseguró, fue que “no se podía hacer contrataciones”.
Después de brindar sus servicios en el área de salud por ocho años, de luchar para que la contraten o pongan efectiva, decidió renunciar. “Hace tres meses que dejé de trabajar y fue la decisión más importante y más honesta que pude tomar, que es ¡luchar por mis derechos!”.
La situación de los “decretos” no es nueva. Sus reclamos tampoco. En diciembre, una organización social, identificada como Unidad Piquetera, reclamó al intendente por las condiciones de las personas que forman parte de este programa. Pidieron “reconocimiento” de todos los beneficiarios “como verdaderos trabajadores municipales, bajo convenio y con los beneficios laborales correspondientes”.
En todas las gestiones las autoridades recuerdan que los decretos de ayuda social con contraprestación de tareas son un paliativo ante una situación de emergencia y que no deben ser vistos como el primer escalón del empleo municipal. Sin embargo, desde que existen esos recursos, hay contrataciones de ese tipo.
“Lamentablemente mientras contratemos personal por partidos políticos y dejemos afuera al personal que trabaja, la salud pública siempre va a fallar”, manifestó.
La renuncia de Marianela Colicinio fue informada públicamente por la ahora extrabajadora el domingo, al otro día de que Sin Galera revelara que el Ministerio de Salud dispuso “becas” de entre 26 mil y 50 mil pesos para personas que serán contratadas para participar de la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus COVID-19 que coordinará la joven militante de La Cámpora Camila Caballero.
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