Histórico: comenzó el juicio a Camioneros por bloqueo de la planta y extorsión a la empresa Rey Distribución
Con más de cinco horas de declaración de Gustavo Rey, se inició el debate oral contra el sindicalista y exconcejal Maximiliano Cabaleyro. El caso que comenzó con la difusión de audios con amenazas al abogado de la familia y derivó en una investigación sin precedentes, escribe su último capítulo en las audiencias convocadas hasta el 6 de Octubre.
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“No vaya a ser cosa”… fue la lapidaria frase que se escuchó en el teléfono del abogado Daniel Spirópulos cuando el principal dirigente del gremio Camioneros de la región y ahora exconcejal Maximiliano Cabaleyro profirió las amenazas que resonaron en el aire del programa Sin Galera un sábado por la mañana a principios del año 2022. De ahí en más y por primera vez en la historia de los constantes aprietes a empresarios locales que hasta hoy guardan silencio, se conocieron las condiciones que los representantes del gremio imponían sin compartir beneficios con sus representados.
En el caso de esta empresa comenzaron con un reclamo por la falta de baños y luego mutaron los argumentos hacia el incumplimiento de pagos a los que obliga el convenio que rige la actividad. La historia es conocida pero tiene una particularidad; por primera vez una fiscal se hizo presente en el lugar donde un motohome bloqueaba el acceso a la planta de la distribuidora y frente a la policía y a la prensa dio la orden de apertura del acceso mientras continuara la medida de fuerza.
Ni Fernando Espíndola, el dirigente local y ex concejal ni Cabaleyro imaginaron que terminarían tras las rejas cuando la carátula de la causa se complicó hasta llegar a intentar probar las exigencias en dinero y las extorsiones que denunció la familia Rey.
En la mañana de lunes 28 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás, presidido por el juez Alejandro López, abrió formalmente el juicio contra el líder del Sindicato de Choferes de Camiones seccional San Nicolás y el exconcejal Maximiliano Cabaleyro ya que Fernando Espíndola cerró su expediente en un juicio abreviado. Hay además seis exempleados de la empresa: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez que deberán rendir cuentas por su participación pero solo en el bloqueo a la planta.
Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, en conjunto con Florencia Arietto como representante del particular damnificado y quien reemplazó al Dr. Daniel Spirópulos cuando el caso escaló en el ámbito del Movimiento Antibloqueo (MEAB).
Las imputaciones formales se concentran en concurso ideal de turbación de la posesión con dos hechos de coacción y tres de extorsión en concurso real.
La defensa del dirigente, encabezada por los abogados Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas, sostiene que las medidas respondieron a un “reclamo gremial lícito” y para ello han batallado durante los últimos años para lograr que la reclusión de sus defendidos en San Nicolás se transformara en arresto domiciliario para los dirigentes acusados.
“Había que pagar lo que ellos decían”, relató Gustavo Rey en la primera audiencia en la que se quebró recordando la tensión que vivió junto a sus padres durante años.
La primera audiencia estuvo concentrada de manera exclusiva en la declaración de Gustavo Rey, uno de los titulares de la firma familiar sampedrina. Durante más de cinco horas y con la exhibición de registros audiovisuales y llamadas, el empresario relató cómo operaba el mecanismo de presiones. Muchos de ellos pertenecen al archivo de La Opinión & Sin Galera y de hecho, la directora del medio ha sido citada a declarar a pedido de la defensa de los trabajadores.
Archivo de cobertura: Mirá el registro del bloqueo en Rey Distribución y los testimonios de los titulares de la firma en el archivo de La Opinión.
Rey detalló ante el Tribunal que las exigencias monetarias comenzaron en 2017 bajo la modalidad de pagos mensuales fijos para "dejar trabajar" a la empresa. Dijo que “al desistir de los pagos comenzaron los bloqueos” y de acuerdo con el expediente, el primer corte total del acceso se ejecutó el 15 de febrero de 2022. Ese día empezó todo y una semana después, desde la madrugada del 22 y hasta el 26 de febrero, apostaron un colectivo motorhome frente al portón de ingreso impidiendo toda carga y descarga.
El denunciante ratificó también las entregas de dinero en efectivo —una de ellas embalada en una caja — y cheques librados para frenar los impedimentos laborales que ponían en riesgo la continuidad de la empresa familiar.
La causa iniciada en 2022 marcó un punto de quiebre y un antecedente increíble para toda la región no sólo por la orden de detención dictada el 8 de abril de ese año por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, sino por el nivel de violencia desplegado en las coberturas periodísticas.
Durante aquellas jornadas de bloqueo en el portón de la empresa, el trabajo de cobertura fue blanco de intimidaciones, insultos, y escupitajos. En momentos en que la periodista Lilí Berardi realizaba la transmisión en directo y el registro testimonial del corte ilegal sobre el acceso comercial, integrantes de la patota sindical apostada en el lugar agredieron físicamente, insultaron y pretendieron impedir su labor de prensa para ocultar el accionar desplegado frente a los galpones y posteriormente frente a la sede de la Fiscalía donde una manifestación con Julio Cabaleyro (padre del detenido y de estrecha relación con Hugo Moyano) al frente arremetieron y rodearon con una bandera a la periodista contra una pared para “bañarla en agua saborizada” que curiosamente aportaron empresas locales como colaboración a la movilización.
Archivo documental: Revisá la cobertura del 2022: El día que la patota gremial atacó a la prensa durante el corte a Rey Distribución.
Maximiliano Cabaleyro afronta el juicio tras cumplir prisión preventiva efectiva y haber obtenido en 2023 la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo. El debate continuará en las próximas jornadas con la ronda de testigos propuestos por la fiscalía y las defensas técnicas. Cabe acotar que los trabajadores acusados cuentan con el patrocino letrado del Estudio Ruíz y que en el momento de los hechos sólo se los observó participando de la protesta. En las últimas semanas una pericia los favoreció con un dictamen que indica que tienen diferencias para cobrar a su favor que deberían haber sido abonadas por la empresa, aunque todas ellas enmarcadas en el convenio que rige a Camioneros.
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