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    Geriátricos: Defensa del Consumidor fija nueva audiencia por el caso “Abuela Betty”

    El organismo que funciona en el ámbito del Concejo Deliberante volverá a convocar a los titulares de ese establecimiento que funciona como geriátrico, al que una mujer denunció por no devolverle dinero que había pagado por adelantado, ante el fallecimiento de su madre, internada en el lugar. La Omic nunca pudo notificar para la primera audiencia. La falta de habilitación podría generar complicaciones para la intervención.

    16 de octubre de 2015 | 18:13
    Geriátricos: Defensa del Consumidor fija nueva audiencia por el caso “Abuela Betty”

    En su edición impresa de este miércoles, La Opinión reveló el caso de un geriátrico cuya habilitación no obra en los registros, denunciado ante la Oficina de Defensa del Consumidor del Concejo Deliberante por una mujer cuya madre, internada en el lugar, falleció y a quien no le quisieron devolver el dinero que había pagado por adelantado.

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    Se trata de "Abuela Betty", un establecimiento ubicado en Boulevard Moreno 40 y que forma parte del listado de nueve geriátricos sin habilitar que detectó el Municipio y que elevó al Ministerio de Salud para que envíe las inspecciones correspondientes, como explicó este medio semanas atrás.

    La Omic volverá a fijar una audiencia la semana que viene, luego de que los primeros intentos fallaran incluso con la policía, que nunca pudo dar en el domicilio con Jesús Rosell, identificado en los recibos entregados a la denunciante como el "Director" del geriátrico.

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    El organismo intervino ante la denuncia, en la que obran los recibos que le entragaban a la mujer por el pago de 7.000 pesos mensuales por el servicio, aunque esos documentos carecen de validez fiscal, por lo que una vez que tenga lugar la audiencia, la Omic deberá denunciar ante Afip, Arba y Rentas local la situación.

    “Hay una realidad, y es que estos lugares existen y tienen abuelos bajo su cuidado. Lo que necesitamos es que comiencen el proceso de habilitación, que regularicen su situación, por un lado para proteger los derechos de los internados y sus familias, y por el otro para que el Estado local pueda tener una herramienta de control", dijo a La Opinión el Secretario de Desarrollo Social Nicolás Macchia ante la consulta por el tema.

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