Defensa del Consumidor interviene en casos de geriátricos sin habilitación
El organismo recibió una denuncia de una mujer cuya madre murió en una residencia para abuelos a quien la administración no le quiso devolver el dinero que había pagado por adelantado. Se trata de uno de los nueve detectados por el Municipio que carecen de registro en el Ministerio de Salud. Los recibos por 7.000 pesos mensuales que cobran por sus servicios no tienen validez.
Mientras el Gobierno local aguarda las inspecciones del Ministerio de Salud bonaerense en los nueve geriátricos detectados sin habilitación, una denuncia en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (Omic) agregó más leña al fuego de un tema que necesita una rápida intervención de Provincia para comenzar los procesos de regularización que permitan la tranquilidad de quienes deben internar en ese tipo de lugares a sus familiares.
La denuncia presentada por una mujer cuya madre murió en un geriátrico local llegó a la Omic, que funciona en la órbita del Concejo Deliberante, luego de que la interna de un geriátrico denominado Residencia Abuela Betty y ubicado en Boulevard Moreno 40, falleciera.
El problema surgió por dinero. La madre de la denunciante falleció cuando ya estaba pago todo el mes de septiembre y fue a reclamar a la administración del geriátrico para que le devolvieran el proporcional, pero se negaron rotundamente.
En ese marco, llevó la situación a la Omic, que ya intentó dos citaciones a audiencias, incluso con la policía, pero no tuvo respuesta hasta el momento. Aun así, cuando la tenga no podrá hacer demasiado, ya que de acuerdo a los registros y la documentación existente, ese lugar no tiene habilitación.
Abuelita, dime tú
El 11 de junio, una mujer decidió lo que tantas familias se ven obligadas a decidir cuando los adultos mayores necesitan una atención que ellos ya no le pueden prodigar -en los mejores casos, porque también los hay de abandono a su suerte-: internar a su madre en un geriátrico.
Lo llevó a la residencia Abuela Betty, ubicada en el centro, al lado de una farmacia, donde antes había un hostel que, por cierto, tampoco había sido habilitado como tal en la Dirección de Rentas mientras estuvo abierto.
Durante los meses siguientes, la señora que estaba bajo los cuidados del personal de la residencia fue internada por problemas de salud. El 13 de septiembre fue la última vez que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Dos días después, falleció.
Antes de la internación, la administración del geriátrico reclamó con insistencia el pago del mes por adelantado. Si bien la fecha habitual de entrega del dinero era el 11 de cada mes, durante la primera semana la madre de la paciente recibió llamados y advertencias para que abone, lo que hizo el día 8.
Como a la semana su madre falleció, la mujer reclamó a las autoridades del lugar que le devolvieran el proporcional del dinero de los días en los que su madre ya no necesitaría la atención del personal del geriátrico y recibió la negativa.
La residencia Abuela Betty tiene como “Director” a Jesús Rosell, de acuerdo a los recibos sin validez fiscal que la mujer que reclama presentó en Defensa del Consumidor. Allí consta que el costo del servicio era de 7.000 pesos por mes.
En los primeros recibos, Rosell firma como Director, de acuerdo al sello que obra en esos “documentos”. Luego, su misma letra y firma aparece con un sello que dice “Administración Abuela Betty”, como puede apreciarse en las imágenes que ilustran esta página.
Asistencia remota
El “Director” del geriátrico sin habilitación no pudo ser notificado por la Omic de la audiencia fijada por ese organismo para obtener el descargo de la “empresa” ante el cliente.
La primera fue fijada para el 7 de octubre. En la residencia Abuela Betty los empleados atendieron al emisario de la Oficina de Defensa del Consumidor pero no recibieron la notificación para la audiencia. Si Dios está en todos lados, “Jesús no está” era la respuesta cada vez que se intentó dejar la cédula, desde el 23 de septiembre.
El 5 de octubre, 48 horas antes de la audiencia, la Omic libró un oficio para que la Policía notifique al comercio para que comparezca a dar explicaciones en relación al reclamo presentado.
Un agente de la Comisaría fue tres veces a Boulevard Moreno 40. La respuesta fue siempre la misma: “Jesús no está”. Además decían que no tenían forma de comunicarse con él. Todo ello obligó a la Omic a fijar una nueva audiencia con fecha a determinar, en la que deberá seguir esos mismos pasos para intentar dar con el Director del geriátrico.
Un punto blanco en el mapa
De acuerdo a un relevamiento que hizo la Municipalidad y que reveló La Opinión semanas atrás, en San Pedro hay nueve geriátricos detectados en funcionamiento y sin habilitación. En la Dirección de Rentas no existen como comercio, ni hay registro alguno de ese tipo de lugares habilitados que haya enviado la Provincia, cuyo Ministerio de Salud es el órgano de aplicación de la ley que regula la actividad.
Consultado para esta página, el Secretario de Desarrollo Social a cargo de Salud Nicolás Macchia, quien envió al Ministerio bonaerense el relevamiento, dijo que están a la espera de las inspecciones provinciales. Asimismo, manifestó su preocupación y aseguró que su área está en condiciones de acompañar y asistir la tarea del Gobierno de Daniel Scioli para trabajar en el tema.
“Hay una realidad, y es que estos lugares existen y tienen abuelos bajo su cuidado. Lo que necesitamos es que comiencen el proceso de habilitación, que regularicen su situación, por un lado para proteger los derechos de los internados y sus familias, y por el otro para que el Estado local pueda tener una herramienta de control permanente para que no haya aprovechamientos ni reclamos que luego pongan en riesgo el patrimonio público ante eventuales instancias judiciales”, explicó el funcionario.
Bien cuidados, pero sin habilitación
Fueron varias las personas que este semanario pudo consultar a raíz de que tuvieron o tienen familiares internados en la residencia Abuela Betty. Todos destacaron la buena atención, la excelente predisposición del personal, la calidad de la comida y la asistencia médica.
Aun así, este geriátrico no está habilitado. Carece de registro en la Provincia y en el Municipio. No tributa por los 7.000 pesos que cobra a cada familia por internado ni puede garantizar reclamos como el que hizo la señora cuyo caso fue relatado en esta página.
De hecho, Defensa del Consumidor no podrá hacer mucho. Porque al no haber facturación, no hay reclamo por esa vía que sea factible.
Eso sí: el expediente que tienen en sus manos los abogados Sabrina Utreras Montes y Leonel De Ruba deberá ir a Rentas municipal, a Arba y a Afip. Si cada uno hace su trabajo, Abuela Betty deberá ser, además de un ejemplo de atención, un lugar con habilitación que puede convertirse en modelo. Mientras tanto, todo es ilegal.
