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    Barrio San Francisco: El drama de una adjudicataria que tiene la casa “en riesgo de derrumbe”

    Adelina Rodríguez vive en el barrio desde que lo tomaron de manera masiva en 2007, una semana antes de las elecciones. Es una de las pocas adjudicatarias de las viviendas y está a un paso de escriturar, un trámite que celebra "mientras no se derrumbe la casa", que está "toda partida". Por la construcción de esas unidades habitacionales hay una causa penal que tiene como imputados al exintendente Barbieri, su director de Viviendas Flavio Peiró y la dueña de la empresa Giribaldi hermanos.

    18 de junio de 2017 | 19:21
    Barrio San Francisco: El drama de una adjudicataria que tiene la casa “en riesgo de derrumbe”

    Mientras el titular de la Oficina de Escrituraciones de la Municipalidad, Javier Silva, explicaba en Sin Galera detalles sobre la entrega de casi 300 boletos de compraventa y 77 escrituras para barrios de viviendas sociales, el móvil llegó al San Francisco, uno de los incluidos en el proceso.

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    Allí, La Opinión fue recibida por Adelina Rodríguez, una de las pocas adjudicatarias origianales que habita el barrio, que fue masivamente tomado en 2007, a una semana de las elecciones de ese año, cuando su construcción todavía no había sido finalizada.

    "Hace 10 años que vivo acá. Tengo boleto de compraventa a mi nombre. Vinieron, censaron, sacaron foto, mandaron asistentes sociales y todavía no tengo respuesta", dijo Adelina, que ahora espera la escritura.

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    El trámite que la convertirá en legítima propietaria de la casa fue celebrado por Adelina, aunque aclaró: "Mientras no se me derrumbe la casa", e invitó a pasar. "La casa está toda partida, me la sostiene la galería de adelante", relató.

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    En efecto, en el barrio esa y otras casas muestran un ostensible deterioro que alimenta las sospechas que hay en torno a su construcción y por lo que hay una causa penal en trámite que tiene como imputados al exintendente y actual presidente del Concejo Deliberante Mario Barbieri; a su entonces Director de Viviendas Falvio Peiró; y a la titular de la empresa Giribaldi Hermanos, la ingeniera Alejandra Giribaldi.

    "Está en riesgo de derrumbe. Hice reclamo en la municipalidad, vinieron y me la emparcharon y se vuelve a resquebrajar en otro lado. Esto fue cada vez peor, desde hace dos años o tres años atrás", contó Adelina y agregó: "Se me cayó el tanque todo, en el baño no tengo más azulejos. Está toda despegada la casa".

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    Las viviendas se sostienen por las rejas y los vecinos ponen roperos para no verse entre las casas, porque las paredes están agujereadas. Cuando una vecina baldea, a otra se le llena de agua la pieza.

    La pericia del arquitecto Carlos Fuchs, de la Corte Suprema, estableció que “la calidad de las viviendas objeto del presente estudio pericial, en modo alguno se condice con la asignación económica atribuida a cada unidad en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas”.

    En febrero de 2015, La Opinión reveló un video grabado por la querella en la que un albañil da testimonio acerca de cómo trabajaban. Allí, el hombre, que trabajó en la construcción, rompe una columna de una casa y deja al descubierto que no las rellenaban.

    Cada uno que abre la puerta de su hogar muestra una postal repetida: azulejos que se cayeron por la vibración de los vehículos que circulan por la calle; puertas y ventanas todas distintas porque no estaban cuando un apurado Flavio Peiró les entregaba las llaves para evitar más usurpaciones; muebles de baño comprados a nuevo con esfuerzoy en cuotas o en remates de obras quienes se tuvieron que conformar con inodoros de color, como los que estuvieron de moda hace décadas.

    La causa comenzó con una denuncia del bloque del PJ en 2008. Los tres imputados están acusados del desvío de los fondos aportados por el Gobierno nacional para la construcción en 2007 de 288 viviendas en el usurpado barrio San Francisco y 21 en el barrio Los Andes.

    A los tres acusados los defiende el estudio jurídico de Benito Aldazabal. Desde el primer día, la defensa sostuvo que se trata de "una causa política" y que "revive cada vez que hay elecciones". Hasta el momento, el extenso expediente -tiene metros de fojas acumuladas- sigue sin resolverse.

     

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