En el San Francisco esperan la declaración de Barbieri
El exintendente, imputado junto a Flavio Peiró y la ingeniera Alejandra Giribaldi por “deficiencias en la construcción” del barrio, no prestó declaración la semana pasada porque no pudo acceder al expediente y que está “ávido por declarar”. La Opinión recorrió las viviendas y recogió el testimonio de los adjudicatarios, que esperan un resarcimiento por las condiciones en las que recibieron sus casas, en medio de la toma masiva del año 2007.
El barrio San Francisco está en pie. Ubicado detrás del CIC para quien va desde el centro, las casitas que ahora lucen distintos colores están ahí. Construidas, o casi. Algunas embellecidas por el esfuerzo de sus ocupantes –legítimos o no–, otras más raídas, muchas delatan que a ninguno de los que vive allí les sobra nada.
Cada una de esas 288 viviendas es testigo del tiempo que pasa y deja su marca. En cada una de ellas hay una historia familiar. Todas son objeto de una causa judicial que nunca termina y de la que todos hablan, sin que sean muchos los que se esfuerzan por ver lo que sucede puertas adentro.
Tras una semana en la que el barrio ganó espacio en las noticias luego de que La Opinión anticipara la resolución del Fiscal Generalpara que la causa se acelere y se tome declaración indagatoria a los imputados, este medio estuvo con los vecinos.
Un paseo por el San Francisco
Lo que puede observar cualquiera que recorra el barrio es, a simple vista, que nada está bien. Que el sueño de la casa propia que alimentó las esperanzas de los que habitan esas viviendas, sobre todo el de los legítimos adjudicatarios, está lejos de lo que era cuando se desarrollaba el proceso de construcción previo a la masiva toma de 2007.
Las manchas de humedad son lo mínimo en un sector donde una lluvia intensa puede aislar a sus habitantes, a menos que decidan enterrar las piernas hasta más allá de los tobillos en el barro.
Cada uno que abre la puerta de su hogar muestra una postal repetida: azulejos que se cayeron por la vibración de los vehículos que circulan por la calle; puertas y ventanas todas distintas porque no estaban cuando un apurado Flavio Peiró les entregaba las llaves para evitar más usurpaciones; muebles de baño comprados a nuevo con esfuerzoy en cuotas o en remates de obras quienes se tuvieron que conformar con inodoros de color, como los que estuvieron de moda hace décadas.
En el barrio hay adjudicatarios que formaban parte de la lista original. Hay algunos de las no oficializadas, que derivaron en causas penales y hasta en condenas para un empleado municipal por estafa. También hay ocupas de la primera ola, de los que llegaron la noche del 3 de octubre de 2007 o en los días subsiguientes. Y están, claro, los que fueron comprando a los usurpadores originales.
Los beneficiarios del último Plan Federal de Viviendas que envió el Gobierno nacional a San Pedro cuando todavía gobernaba Néstor Kirchner son los actores que, a través de la comisión de fomento, aparecen en la causa que investiga si hubo malversación de fondos en la construcción de las casas como “particulares damnificados”. Ellos son los que, de manera legítima, tienen un interés en el devenir de la cuestión judicial penal –cuyo trámite es para saber si los imputados Mario Barbieri, Flavio Peiró y Alejandra Giribaldi defraudaron al Estado– porque de ello depende un eventual reclamo civil que les permita ser resarcidos por los defectos de construcción que denuncian sufrir en las unidades habitacionales en las que residen, cuyo reclamo inicial asciende a 5 millones de pesos.
Todo en tiempos en los que a nivel nacional se ventilan causas por manejo irregular de fondos del Ministerio de Planificación que conducían Julio De Vido y su Secretario de Obras Públicas, José López.
Por qué no declararon
El exintendente Mario Barbieri, su exdirector de Viviendas Flavio Peiró y la ingeniera María Alejandra Giribaldi, titular de la empresa familiar que lleva su apellido como marca, son los imputados en la causa penal. Los tres, desde que en 2008 los concejales del PJ denunciaron el caso en la Justicia Federal, tienen como abogado defensor a Benito Aldazábal.
Desde entonces y hasta la semana pasada, la estrategia de los imputados fue la misma: la dilación de la causa, en busca de la prescripción. Laúltima figura no opera, a pesar del paso del tiempo, porque Barbieri es concejal hasta diciembre de 2017. La primera de las acciones ha sido recurrente a lo largo del expediente, que pasó de la Justicia Federal a la Ordinaria, estuvo en Cámara y en Casación, en la Fiscalía de Manso y ahora en la de Ramos, a quien el Fiscal General Héctor Tanús instruyó para que imprima celeridad.
Viviana Ramos lo hizo. La titular de la UFI 11 fijó para el jueves pasado el demorado acto de defensa que tiene todo imputado en una causa penal: la declaración indagatoria.
La Defensa, como hizo cuando el Juez Federal Villafuerte Ruzo había convocado a los imputados, logró posponerla mediante excusas legales, sujetas a derecho, pero excusas al fin.
Ramos explicó que la semana pasada para pedir la reprogramación de las indagatorias de Giribaldi y Peiró, porque están de viaje hubo un escrito. A Peiró se lo vio salir de la Municipalidad ayer y de la ingeniera el abogado de la Comisión de Fomento dijo que estaría “en Europa, con la plata de los vecinos” (sic).
Por su parte, el exintendente Mario Barbieri le dijo a este semanario el miércoles pasado que estaba “ávido” por declarar y que no podría hacerlo el jueves porque necesitaba tomar vista del expediente.
A la Fiscala le llamó la atención la excusa pública, que no coincide con la expresada por el abogado Aldazábal en el expediente. “De Barbieri, solicitó que (la indagatoria) sea arbitrada con la presencia de la Jueza de Garantías, que es un derecho”, informó Ramos, quien ya elevó el pedido a la Magistrada para que analice y defina si accede a estar presente en la declaración del presidente del Concejo Deliberante.
“Lo que sí pidió el Dr. Aldazabal es tener vista de toda la documental, que son 20 cajas”, precisó. El abogado de los tres imputados ha tenido acceso al expediente en los últimos ocho años. Lo que hay en esas cajas son los documentos técnicos de las licitaciones y el proceso de obra. “El Dr. Aldazábal está desde los inicios en la causa, la conoce desde el vamos”, expresó Ramos.
Para la Fiscala, lo que hay en la causa “son artilugios de la Defensa, dentro del marco legal, pero no dejan de ser palos en la rueda para el avance de la investigación, es así de clarito. Son todas excusas”.
Respecto de Barbieri, una vez que la Jueza de Garantías determine si acepta presenciar la declaración, se fijará la fecha para la indagatoria. En cuanto a Peiró y Giribaldi, “será cuando vuelvan al país, a mediados de agosto, el 15 o el 20”.
Estrategia conjunta
Como todas las empresas que construyeron obra pública durante los 12 años de kirchnerismo, Giribaldi Hermanos tiene la lupa sobre sus trabajos, sus vínculos con el exministro de Planificación Julio De Vido.
Desde el propio kircherismo, Mastrángello acusó a la constructora de haber hecho una “obra vergonzosa”. En 2009, en plena campaña para las elecciones que lo ungieron diputado nacional, Barbieri había dicho que “no está mal que se haga una investigación, pero se debería extender a toda la provincia”.
“Se están objetando viviendas queestán terminadas” es un discurso recurrente del exintendente y de su abogado defensor, en su nombre y en el de Peiró y Giribaldi.
“Me preocupa que Barbieri, en vez de estar del lado de los damnificados o del municipio, está del lado de esta empresa, que hizo esta obra vergonzosa, como si tuvieran el mismo interés, como una verdadera asociación ilícita”, disparó Mastrángello el sábado en Sin Galera.
En cada escrito judicial presentado, la Defensa de los acusados sostiene que las casas del San Francisco fueron “exitosamente construidas y normalmente habitadas, por un gobierno que tuvo la decisión de gestionar y abordar tan importante logro social”.
Un expediente firmado en 2008 por los secretarios de Barbieri Facundo Vellón y Pablo Zeme indica que “todas las acciones de las partes se encuadran en el marco contractual y de acuerdo a lo convenido, no han existido incumplimientos jurídicamente relevantes que den lugar al ejercicio de acciones legales civiles o penales entre las partes involucradas”.
Ello significa que para el gobierno que encabezaba Barbieri, en efecto, todas las viviendas fueron construidas de acuerdo al pliego y que la empresa cumplió con lo estipulado, por lo que pagaron lo que restaba a Giribaldi cobrar de la obra y devolvieron el fondo de garantía.
El juicio y la instancia civil
En la Justicia consideran que la causa puede llegar a juicio en un año y que en otro más podría haber resolución definitiva. Ramos considera que todavía hay prueba por colectar, por lo que además de tomar las declaraciones indagatorias ordenará medidas para la instrucción.
Una vez elevado a juicio, el caso deberá esperar sentencia definitiva, para lo que atravesará todas las instancias de apelación posibles.
En la Comisión de Fomento, que tiene al abogado Valentín Mastrángello como apoderado y a su colega Nicolás Macchia como representante legal en el expediente –ambos reconocidos hombres del kirchnerismo, enfrentado políticamente con Barbieri desde el año siguiente a la toma de las viviendas–, esperan la resolución penal para accionar por la vía civil.
Es allí donde irán a reclamar los alrededor de 5 millones de indemnización por lo que consideran una deficiente construcción de las viviendas, apoyados en el informe del perito de la Corte Suprema de la Nación, que estableció que las casas construidas “no condicen con el monto asignado” a cada unidad.
“Hay una cuestión política implicada, pero el objetivo final debiera ser que esas personas puedan ser resarcidas de los daños causados”, analizó la Fiscala Ramos.