Un proyecto para modificar la ordenanza impositiva vigente propone revisar los términos de la tasa de publicidad y propaganda, que grava los carteles que se pueden ver desde la calle, de manera tal que ya no paguen aquellos que estén en vidrieras o paredes de comercios sino sólo los que excedan la línea municipal.

El expediente elevado por el bloque Juntos que integran los ediles de la UCR Alejandro Donatti, Paola Basso, Lucas Pisani y Yanina Batalla, ingresó a comisión y será analizado por el conjunto del cuerpo. Se trata de una propuesta que los radicales ya habían planteado cuando formaban parte del Gobierno de Salazar en Cambiemos, aunque recién ahora se formalizó.

La concejala Paola Basso explicó en Radio Cuarentena que la iniciativa surgió porque en su bloque entienden que “una tasa debe tener una contraprestación del Estado” que se cumple con los carteles que usan el espacio público y ameritan una inspección municipal en los soportes, pero que no está en aquellos que están dispuestos en vidrieras, paredes o incluso vehículos, que también se cobran.

“Desde nuestra óptica esto no implica un servicio del Estado”, señaló la abogada y agregó: “Las medianeras de un edificio colocan una publicidad pintada también les cobran, pero si el inmueble es privado y no hay ninguna cuestión que pueda perjudicar a terceros o necesite una inspección, no tiene razón de ser”.

De la misma manera, proponen eliminar el cobro para los folletos que se entregan en mano en la vía pública o en sitios como los cines, que deben pagar, y mantenerlo en aquellos casos en los que los volantes son arrojados por un avión, puesto que eso implica la limpieza por parte del servicio de barrido municipal.

“Mantuvimos lo de la publicidad sonora, porque nos parece que debe tener algún tipo de control”, señaló la concejala respecto del cobro de la tasa para quienes emiten mensajes publicitarios en la vía pública a través de sistemas de amplificación móviles.

“No creo que mueva demasiado la aguja en el Presupuesto del Estado pero sí se siente en los comercios”, dijo Basso.

Durante la pandemia, el Gobierno eximió a los contribuyentes sampedrinos del pago de la tasa de Publicidad y Propaganda. En 2021, según la Rendición de Cuentas, ese monto no cobrado ascendió a 1.250.000 pesos, un 0,04 del presupuesto vigente este año.

La propuesta de Juntos implicaría no sólo no cobrarle a los sampedrinos sino tampoco a las empresas cuyas marcas se exhiben desde las vidrieras o hacia la calle, como las calcomanías de tarjetas de crédito, los exhibidores de heladeras, etc., cuyas firmas deben abonar la tasa en la medida en que el cartel es percibido desde la vía pública.

Para la aprobación de la iniciativa hace falta que el oficialismo se sume a la propuesta, ya que Juntos (UCR) tiene cuatro votos propios y el otro bloque opositor, Juntos PRO, posee dos. Para modificar la ordenanza hacen falta al menos 10 votos.

“Tengo esperanza de que se puedan tratar los distintos proyectos, consensuarlos”, dijo la concejala de Juntos.

La tasa de Publicidad y Propaganda fue creada en 2010, durante el Gobierno de Pablo Guacone, que contrató a la empresa Tipsa, que desde entonces está a cargo de la gestión de la cobranza, aunque de los litigios que interponen quienes recurren administrativa o judicialmente debe ocuparse el Municipio a través de la Dirección de Rentas.

El contrato original con Tipsa venció en 2014 y desde entonces lo prorrogaron varias veces, la última en diciembre del año pasado. Incluso hubo momentos en los que sin aprobación del Concejo respecto de la continuidad del contrato, esa firma siguió ocupándose del relevamiento y posterior cobro de la tasa.

Por el servicio que presta, la empresa Tipsa se lleva el 22 por ciento del total de la recaudación. A fin de año suele verse el personal contratado para el relevamiento que sirve de base para el cobro posterior. Además de publicidad y propaganda, la empresa cobra el canon por estructuras de soportes de antenas.