Sigue en espera el convenio para saldar la deuda con Ashira por la limpieza y recolección de residuos
El acuerdo firmado por el gobierno de Cecilio Salazar lleva meses de tratamiento en el Concejo Deliberante. Los concejales se reunieron con respresentantes de Ashira pero será difícil que prospere el pacto por las 90 cuotas mensuales que al final del plazo elevan el pasivo a más de 8.351 millones de los 3600 de deuda inicial.
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El trato que debe aprobar el Concejo Deliberante compromete varios ejercicios fiscales. Si se pagan las 90 cuotas llegará el 2033 y quien maneje las finanzas de San Pedro seguirá tributando porque si no lo hiciera existe la posibilidad de ejecutar el contrato y entregar un bien inmueble como pago. Hace pocos días, los ediles citaron a los responsables de la empresa para conocer más detalles pero por lo que trasncendió, es poco probable que el pacto prospere.
Sin el dictamen de las comisiones ni fecha confirmada de tratamiento en sesión, la convalidación del convenio duerme en las comisiones y si la respuesta a la empresa se demora hay riesgos ciertos de suspensión del servicio. Hay que recordar que hubo hasta una banca abierta que ocupó en nombre de un grupo de ciudadanos, el Dr. Valentín Mastrángelo para oponerse a este endeudamiento a largo plazo.
El convenio de refinanciación de deuda entre la Municipalidad de San Pedro y la empresa Ashira S.A. ingresó por Mesa de Entradas el pasado 24 de julio bajo el expediente N° 5755/26, tras la firma del acuerdo suscripto el 1° de julio de 2026 entre el intendente Cecilio Salazar y el representante de la prestataria, Sebastián Insua.
La deuda está calculada al 31 de mayo de 2026 por un capital total de $3.666.410.927,00. La cifra se compone de atrasos acumulados en las prestaciones mensuales del servicio de recolección y barrido y corresponden a los ejercicios 2025 y 2026, con actualizaciones de precios reconocidas, e incorpora las sumas reclamadas judicialmente ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás.
Tal como informó La Opinión el contrato impone un plan de cancelación dividido en 90 cuotas mensuales y consecutivas bajo el sistema de amortización francés. El vencimiento del compromiso se fijó para los días 20 de cada mes, extendiendo el cronograma de erogaciones hasta diciembre del año 2033, lo que trasciende el mandato de Salazar y ata a dos gestiones comunales completas.
El punto central del expediente radica en el mecanismo de indexación estipulado en su cláusula cuarta: la deuda devenga un interés mensual equivalente a la tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina informada por el Banco Central) más un diferencial de tres puntos porcentuales básicos (3%), a lo que se suma el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente.
De acuerdo con el cuadro de amortización adjunto como anexo al expediente —tomando como base la tasa de referencia informada a junio de 2026 de 22,9375% TNA más el margen pactado—, el Municipio arrancaría con una cuota mensual estimada en $92.789.235,04. Con esa base de cálculo, el monto total a desembolsar trepa a $8.351.031.153,49, de los cuales más de 4.684 millones corresponden exclusivamente a intereses, sujeto además a los recálculos mensuales según la variación de la tasa que fije el BCRA.
El mayor debate se produjo no solo por los montos actualizados y los plazos sino por las cláusulas que garantizan el pago con inmuebles de propiedad municipal.
Una vez que el Concejo convalide el convenio mediante ordenanza la prestadora del servicio quedará facultada a ejecutar saldos impagos sin necesidad de juicio de conocimiento previo y además, si eso sucede, el trato se cae en cuanto no se paguen tres cuotas consecutivas con factultades para exigir el pago inmediato de la totalidad de la deuda. Por ello, la norma tiene previsto que la autorización del Concejo Deliberante habilita al Municipio a ceder inmuebles del dominio privado municipal para cancelar capital de la deuda, sujeta a la tasación de mercado, autorización del HCD y aceptación expresa de la propia firma.
Con ese panorama y el año electoral por delante resulta difícil imaginar alternativas que generen mejores condiciones de negociación para una deuda mil millonaria.
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