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viernes, julio 23, 2021
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Privatizarán el pesaje de camiones de la balanza y el depósito de vehículos de Crucero General Belgrano

El Gobierno tomó la decisión y avanza en la confección del pliego para llamar a licitación. El plan es que la empresa que tome el servicio cobre un canon y rinda lo recaudado, como lo hace la que cobra el derecho de Publicidad y Propaganda.

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Como adelantó en exclusiva Sin Galera el sábado, el servicio de pesaje de camiones será privatizado. El Gobierno tomó la decisión de llamar a licitación para que una empresa se haga cargo de la administración de la balanza emplazada en el predio de Crucero General Belgrano. La propuesta incluye, además, la posibilidad de que maneje el depósito de vehículos ubicado allí.

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San Pedro cobra un denominado “derecho de pesaje” que obliga a todos los camiones y camionetas que deban salir con carga del distrito a que pasen por la balanza pública, sean pesados para certificar que el peso no supere el permitido y abonen un canon de 250 pesos, según la ordenanza impositiva vigente.

El Gobierno de Cecilio Salazar cumplirá tres ejercicios desde que cobra este canon, que aunque es para todos los camiones y camionetas que transportan bienes tiene especial —casi exclusiva— atención en los transportistas areneros.

Este año el gabinete comenzó a debatir la posibilidad de tercerizar el servicio y ahora es un hecho: en la Secretaría de Economía que conduce Fabián Rodríguez ya están pensando en la confección de los pliegos para el llamado a licitación para contratar una empresa que se haga cargo de la administración.

El plan del Gobierno es que el pesaje de camiones tenga una modalidad similar a la del derecho de Publicidad y Propaganda: una empresa que se ocupe de cobrar y administrar el servicio, que a cambio reciba un pago y que transfiera a las arcas municipales la recaudación.

Lo que se busca, aseguran en la mesa chica de la toma de decisiones del Gobierno, es “ver si un privado puede hacerlo mejor, más eficiente, más seguro”. En Palacio entienden que la tercerización permitiría resolver algunos “problemitas” que surgieron en estos tres años de experiencia de la gestión del derecho de pesaje.

El robo de alrededor de 400 mil pesos a una trabajadora del área de Inspección, que tiene a su cargo desde la Secretaría de Seguridad la administración de la balanza, que además es alquilada, fue el disparador de un sinfín de preguntas sin respuestas respecto del servicio.

El hecho reveló un mecanismo de recaudación precario y poco transparente del que muchos funcionarios, a pesar de su injerencia directa, no tenían demasiada información.

Tras ese robo hubo algunas modificaciones, pero la modalidad de los talonarios con tickets nunca correlativos persistió, con la presencia policial como única novedad relevante luego del episodio delictivo.

Según la Rendición de Cuentas 2019, el año pasado la balanza recaudó $ 8.772.250

En el Gobierno entienden que la tercerización permitiría “seguir recaudando igual o incluso más”, teniendo en cuenta que la empresa que se haga cargo del servicio deberá transferir todo el dinero originado por la percepción del derecho de pesaje.

A cambio, la empresa que gane la licitación recibirá un canon que todavía no está establecido. Una de las posibilidades es que ese monto surja de un determinado porcentaje de la propia recaudación, lo que de alguna manera ataría las utilidades de la adjudicataria al desempeño.

Además, la tercerización de la balanza podría incluir la administración y custodia del depósito de vehículos ubicado en el mismo predio, de manera tal que la empresa que gane la licitación se haga cargo de la seguridad, el sistema de videovigilancia y la responsabilidad sobre las motos y los autos secuestrados que van a resguardo hasta su retiro o eventual disposición final.

Privatizar la balanza, dicen en el Gobierno, permitiría “recuperar personal de Inspección que está capacitado para ser inspector y que hoy está en una tarea administrativa”. Tercerizar, sostienen, será “más seguro y eficiente”, dos ítems en los que la experiencia hasta el momento no ha sido la mejor en la materia.

La causa penal que investiga la fiscala Viviana Ramos para dar con los motochorros que le robaron el bolsín a la inspectora no avanzó demasiado. Del sumario administrativo en la Municipalidad tampoco hubo muchas novedades. La decisión de privatizar el servicio está apoyada en la necesidad de ser “más eficientes”. Un reconocimiento de las propias debilidades.

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