Pesca y Casting: A un año de la clausura quieren seguir ocupando el predio y la playa
Las denuncias de socios apuntan a los móviles que dispone el municipio para custodiar el acceso a las instalaciones del predio cuya recuperación se anunció en diciembre de 2017. Hay una sentencia favorable al puerto y multas que deben pagar los titulares de una comisión directiva que estaba encargada de la recaudación aunque con una concesión vencida. Ahora dicen que "están secuestrados".
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"Nos atravesaron un móvil en la puerta prohibiendonos el ingreso y el egreso. Yo soy una persona grande con problemas de corazón ojalá que no me descompense como hace unos meses cuando otra vez hicieron algo parecido. Al club solo ingresan socios y ellos no nos pueden privar de nuestra libertad", dijo una de las personas que esta tarde llegó al predio de Pesca y Casting. Se trata ni más ni menos que de una de las integrantes de la comisión directiva que pese a las órdenes judiciales sigue ocupando un sector de la ribera que es patrimonio público.
En ocasión del último fin de semana largo, La Opinión constató que la comuna dispuso una custodia. Precisamente el día en que se tomaron imágenes tanto el personal a cargo como una mujer que estaba dentro del sector de casillas se ofuscaron con la periodista por su sorpresiva llegada con la cámara.
Esta tarde, Lilí Berardi se acercó a dialogar con quienes reclamaban la presencia de este medio, sin embargo, solo dos socios caminaron hasta la puerta de ingreso para asegurar que les prohibía el ingreso y egreso del lugar, aunque un efectivo de la policía que allí se encontraba indicó que podían salir sin dificultades pero no regresar.
Quien también se presentó más temprano fue el titular de la Secretaría de Seguridad a quien le reprocharon la "privación ilegítima de la libertad" y le ofrecieron el número del abogado que patrocina a los directivos cuyo mandato está a punto de finalizar.
El 12 de diciembre de 2017 por orden del Juez de Faltas fueron colocadas las fajas de clausura y se impuso una multa de 150.000 pesos a los responsables de la conducción del club cuya concesión venció en 2010. El terreno es de propiedad del puerto de San Pedro y formaba parte de un reclamo judicial que se resolvió a favor del propietario obligando al desalojo de los ocupantes.
