La Comisión de Pesca y Casting está dispuesta a resistir
Tras la clausura de la semana pasada, hubo una asamblea en el club en la que las autoridades les comunicaron a los socios que contrataron nuevo abogado para procurar evitar el desalojo del predio. El Juez de Faltas notificó sobre la clausura, que al final del proceso será definitiva. Los empleados buscarán resarcimiento a través del Ministerio de Trabajo.
El club Pesca y Casting continúa clausurado por falta de habilitación comercial y avanza el proceso para su desalojo y recuperación del predio por parte del Consorcio de Gestión del Puerto, que derivará en el proyecto de playa pública que el Gobierno de Cecilio Salazar tiene pensado para ese lugar.
Algunos socios comenzaron a retirar sus pertenencias. Lanchas y casas rodantes pudieron salir del predio, puesto que la clausura dispuesta por el Juez de Faltas impide las actividades habituales y el ingreso de personas con ese fin.
Mientras el camping permanece cerrado, el domingo hubo una nueva asamblea de la comisión directiva, donde las autoridades expusieron a los socios su intención de permanecer en el predio y resistir en la Justicia el desalojo que reclama el Puerto, legítimo dueño del lugar.
Rumbo a la clausura definitiva
Luego de que los inspectores de Comercio de la Dirección de Rentas pusieran la faja de clausura en el portón de acceso a Pesca y Casting en la oficina de la recepción, el Juez de Faltas Fabián Rodríguez dispuso que la medida sea de carácter preventivo.
El lunes, el nuevo abogado de la comisión directiva –un profesional de Buenos Aires que reemplazó en el patrocinio del club a la Dra. Marisa López Bravo– debía presentarse en el Juzgado para ser notificado de las actuaciones. Como no lo hizo, Rodríguez les envió la notificación para citarlos a audiencia de descargo.
Los pasos que siguen son los habituales para los casos de clausura por falta de habilitación comercial: los titulares son informados sobre los requisitos y deben cumplirlos para levantar la sanción.
Pesca y Casting no podrá hacerlo. Uno de los puntos fundamentales para obtener la habilitación es el contrato de locación o la escritura que certifique propiedad. La comisión directiva del club no sólo no posee nada de ello, sino que además enfrenta una causa penal por usurpación iniciada por el Consorcio de Gestión.
Lo que sí tienen en el club son los planos. “Aprobado de oficio”, dice el documento sellado por la Dirección de Obras y firmado por los arquitectos municipales Elina Gaitán y Adolfo “Fito” Benincasa. El sello tiene como fecha 3 de julio de 2017 y una leyenda que dice “sujeto a inspección”
En 2015, cuando el entonces concejal Giovanettoni estaba a cargo del Ejecutivo, a pesar del litigio con el Puerto, el Municipio les habilitó el servicio medido de agua. El Consorcio les había cortado el suministro.
Pesca y Casting no podrá levantar la clausura preventiva, por lo que el final del expediente está escrito: será clausurado definitivamente y ya no podrá funcionar como club en ese predio. Además, todo indica que el Juez de Faltas impondrá una importante multa, que deberán afrontar los socios.
De la misma manera, como detalló La Opinión la semana pasada, el Puerto reclamó una suma superior a los 2.700.000 pesos por el uso del espacio sin pagar canon desde 2008, cuando venció el contrato y las autoridades del club decidieron quedarse.
Dispuestos a resistir
En Pesca y Casting, los responsables de la comisión directiva aseguraron a sus socios que no se irán del predio y que agotarán todas las instancias para evitar el desalojo.
Así lo explicaron en una asamblea que tuvo lugar el domingo en el espacio que Lorena Milesi, presidenta del club, tiene para ello en el camping.
“Mi señora participó de la reunión. Informaron que pusieron otro abogado y que van a apelar la medida”, informó un socio de la institución a La Opinión.
Otra socia, que ya retiró su lancha y su casa rodante, relató: “En la asamblea resolvieron lo mismo de siempre, permanecer en el predio, seguir en el lugar. La comisión dijo que no están notificados. Fue lo mismo de siempre”.
Por su parte, los empleados ya fueron al Ministerio de Trabajo para que el Estado intervenga ante la situación de desamparo en la que se encuentran. Los hay de dos años, de uno y de pocos meses. Ninguno está declarado.
Tras la clausura, les dijeron que fueran a cumplir horario.