Otro escándalo con las fotomultas: la Provincia dio de baja a Cecaitra por graves irregularidades
La principal operadora de radares fue excluida del registro de proveedores tras detectarse que compartía cuenta bancaria con una universidad en el cobro de multas. La maniobra, bajo investigación del Tribunal de Cuentas, pone en duda la transparencia del sistema. Provincia señaló haber anoticiado a los municipios que contrataron con la empresa. San Pedro es uno de ellos.
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La decisión del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires de dar de baja a la firma Cecaitra del registro de proveedores estatales sacudió el sistema de fotomultas y abrió un nuevo capítulo en una trama atravesada por sospechas, irregularidades y posibles beneficios indebidos.
La medida se adoptó luego de que el Tribunal de Cuentas detectara inconsistencias en la operatoria vinculada al municipio de Pilar, donde la empresa mantenía convenios de asistencia técnica con universidades. El punto más cuestionable de la investigación radica en que la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO) y Cecaitra compartían la misma cuenta bancaria para percibir los fondos provenientes de las infracciones de tránsito.
Según la normativa vigente, las universidades deben actuar como entes de control técnico independientes de las empresas prestatarias del servicio. Sin embargo, los registros contables analizados evidenciaron que, al menos en este caso, no existía tal separación, lo que representa un incumplimiento de los requisitos establecidos para la validación de infracciones.
El esquema de distribución de lo recaudado por fotomultas contempla la participación de municipios, provincia, empresas tecnológicas y universidades (no en todos los casos). La presencia de estas últimas dentro del sistema ha sido discutida en reiteradas oportunidades, ya que su inclusión permitiría a las firmas privadas evitar el pago de tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, al ampararse en estructuras sin fines de lucro.
Detrás de este entramado también aparecen actores políticos que quedan bajo sospecha por la implementación de estos mecanismos, que combinan tecnología, control estatal y convenios institucionales en un esquema que ahora vuelve a quedar bajo la lupa.
Recordemos que, por las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), debió renunciar el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quien ahora está procesado por la Justicia.
Tras el informe del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Transporte notificó formalmente a Cecaitra su exclusión como proveedor y comunicó la decisión a todos los intendentes que mantienen acuerdos vigentes con la firma.
En este contexto, el caso adquiere relevancia municipal. En San Pedro, Cecaitra fue adjudicada para la explotación del sistema de fotomultas tras una licitación pública en la que fue la única oferente. Tal como lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, la aprobación del contrato quedó en manos del Concejo Deliberante, que finalmente dio el visto bueno.
Ahora, el interrogante se traslada al plano local: si el municipio fue realmente notificado de la medida y qué impacto podría tener esta decisión provincial sobre el funcionamiento del sistema de radares en la ciudad.
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