El domingo, alrededor de las 16.00, vecinos de San Martín al 100 ingresaron a la vivienda que compartían el jubilado municipal Alberto Muñoz, de 71 años, y su hijo Horacio, de 41. Entraron porque había humo y notaron que la casa estaba incendiada. De entre las llamas sacaron el cuerpo de Horacio, fallecido. Bomberos llegó y apagó el fuego. El padre de la víctima fue trasladado al Hospital, en shock. Fue el final anunciado de una tragedia familiar que los sistemas de salud mental y judicial no pudieron, no supieron o no quisieron resolver.
Horacio Muñoz comenzó a acusar problemas mentales de adolescente, cuando era un pibe como cualquier otro que pasaba sus días entre discos de heavy metal y jornadas interminables de gimnasio. A esa edad empezaron los problemas con el alcohol y con otras sustancias, incluidos los esteroides anabolizantes. A medida que pasaron los años, pérdida de su madre incluida, su estado fue más complicado y llegaron los episodios de violencia.
En la Comisaría, en Fiscalía y en el Servicio de Violencia Familiar obran múltiples denuncias interpuestas por el padre que, como ya señaló La Opinión, no dejó puerta sin golpear en procura de un tratamiento para su hijo. Fue al Municipio, al Hospital, al Concejo Deliberante, a los medios de comunicación, a organismos públicos nacionales y provinciales con sede en San Pedro.
“Necesito que lo internen”, repetía su padre ante quien lo escuchara.
Son incontables las veces que el personal policial acudió a la casa para dialogar con el hijo tras algún episodio violento. Solían sentarlo en el cordón de la vereda para conversar con él hasta que se tranquilizara.
Según informó el secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, en el marco de la intervención del Servicio de Violencia Familiar, Horacio Muñoz no aceptó comenzar tratamieto de rehabilitación por adicciones tras ser derivado al CPA, el Centro Preventivo de Atención a las Adicciones, que forma parte de la denominada “Red Pública y Gratuita de atención de las Adicciones y la Salud Mental”.
A su situación de adicciones se sumaron los problemas psiquiátricos. Asistido por el servicio de Salud Mental del Hospital, fue internado varias veces . En junio del año pasado, por ejemplo, estuvo una semana en el nosocomio. Cursaba lo que se denomina un “tratamiento ambulatorio”.
Su caso, como otros, se topó con la reglamentación de la nueva ley de salud mental que tiende a evitar las instituciones totales y el encierro. La sanción de esa norma fue un paso adelante para garantizar los derechos de las personas con padecimiento mental, con eje en la necesidad de tratarlos con “la alternativa más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria”. Aun así, no siempre funciona como debería.
La ley prevé la internación involuntaria pero como ultima ratio. Horacio Muñoz no quería internarse. Su padre insistía con que era la única opción. Ante cada brote, su hijo rompía todo lo que encontraba a su paso dentro de la casa y hasta golpeaba a sus familiares. Para ser internado, frente a su negativa, necesitaba una evaluación interdisciplinaria por parte del servicio de Salud mental del Hospital para que el Poder Judicial dictara una medida. Los “tiempos de la Justicia”.
En su búsqueda desesperada por ayuda, Alberto Muñoz alguna vez fue al Concejo Deliberante, donde la concejala Florencia Sánchez lo acompañó para gestionar intervención del Centro de Acceso a la Justicia, que logró establecer que en San Nicolás estaban iniciado los procesos judiciales para la internacion involuntaria y para la determinación de su capacidad jurídica. Todo eso fue en enero, en plena feria judicial.
Horacio Muñoz murió el domingo pasado en la casa que alquilaba junto a su padre en San Martín al 100. Las pericias determinarán si, como se sospecha, el fuego lo comenzó él mismo de manera intencional.
Diagnosticado con padecimiento mentales y con problemas de adicción, agresivo para con su familia, poco colaborativo respecto de la posibilidad de iniciar tratamientos para mejorar su estado, ahora es parte de la historia policial de la ciudad, un muerto que los sistemas de salud mental y judicial no pudieron, no supieron o no quisieron evitar.
