“Es una vergüenza lo que ha pasado”, consideró el secretario de Coordinación, Ramón Salazar, tras la revelación de La Opinión sobre una fiesta clandestina en la que participaron jóvenes vestidos con mamelucos sanitarios y confirmó que denunciarán el caso ante las autoridades competentes.
El secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, fue instruido para la elaboración del expediente que ya está en la Secretaría Legal y Técnica para su análisis y presentación. El plan es ir a la Justicia Penal y a la de Faltas, adelantaron desde el Gobierno.
En el Gobierno tienen identificados a un grupo de presuntos partícipes y contra ellos irá la denuncia.
“No queremos que esto quede sin sanción”, sostuvo Ramón Salazar y aseguró que los participantes de la fiesta “están violando el artículo 205 del Código Penal” que establece penas de prisión de entre seis meses y dos años para quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
La denuncia penal puede ser radicada en la Fiscalía local —está de turno la fiscala Viviana Ramos— pero todo indica que de recibirla en San Pedro podría haber una situación de competencia para que pase al fuero Federal.
Desde la Fiscalía Federal que conduce Matías Di Lello informaron a La Opinión que a raíz de modificaciones en la jurisprudencia y consideraciones de competencia respecto del tema, en este tipo de causas debe intervenir ahora la Justicia provincial.
En las últimas horas se supo que la policía tomó actuaciones de oficio que remitió a la Fiscalía en turno, que a su vez remitió la consulta al Juzgado Federal, que estaba “haciendo las averiguaciones del caso”, según pudo saber este medio.
Además de canalizar el caso en la Justicia penal, en el Gobierno analizaban la posibilidad de denunciar, también, ante el Tribunal de Faltas para que se impongan como sanción “multa y trabajo comunitario” para los responsables.
“Esto no pasa desapercibido para el Gobierno y nos queremos asegurar de que no caiga en saco roto, que la Justicia haga lo que tenga que hacer”, sostuvo Salazar.
El Gobierno provincial había anunciado que en el caso de las violaciones al artículo 205 del Código Penal “podrán aplicarse multas de hasta tres millones trescientos sesenta y cuatro mil pesos ($3.364.000), tanto a los asistentes, organizadores como a los propietarios de los inmuebles donde se realicen” y el Municipio procurará que esas sanciones se hagan efectivas.
“Es una vergüenza semejante desatino”, se quejó Ramón Salazar ante la consulta de La Opinión, y aseguró que en el Municipio buscarán “saber si van a impulsar la causa, si va a haber allanamientos” para “que esto no quede impune”.
Además, Salazar dijo que podrían analizar la posibilidad de que a los concurrentes, una vez individualizados, les practiquen testeos compulsivos para establecer si están contagiados con coronavirus COVID-19 y, de esa manera, evitar la propagación del contagio. “Tenemos que obtener autorización, que los involucren en una causa”, explicó.
