Fábrica de bolsas en Río Tala: Un acuerdo para los sampedrinos y otro para los venezolanos
La empresa Saladino y la CGT regional San Pedro - Baradero acordaron, tras largas horas de debate, resolvieron firmar dos actas en la delegación del Ministerio de Trabajo, en el marco del conflicto desatado en la fábrica ubicada en la explanta de Marítima Heinlein. Los sampedrinos pidieron cobrar lo que les debían y rescindi el vínculo laboral. El grupo de venezolanos cobró un adelanto, aguardará hasta el martes que les abonen lo adeudado y están dispuestos a comenzar de cero la relación de trabajo.
Fueron más de ocho las horas que duró la audiencia ayer en el Ministerio de Trabajo por el conflicto de los trabajadores irregulares de la planta reicladora de plásticos que fabrica bolsas de residuos en Río Tala, propiedad de la familia Saladino.
Con la abogada local Mirta Cardoso como representante legal, Axel Federico Saladino, titular de la empresa, y su padre, Néstor José Saladino, debatieron con los referentes de la CGT regional San Pedro – Baradero y el Sindicato de Químicos, con la mediación de la delegada regional del Ministerio, Andrea Ambrosio.
Tras las largas horas de debate, alcanzaron dos acuerdos por separado, que quedaron plasmados en dos actas. Por un lado, resolvieron la situación de los empleados con domicilio en San Pedro y Río Tala, que querían cobrar su deuda y desvincularse de la empresa, en la que no estaban registrados como corresponde.
Por el otro, resolvieron el caso del grupo de nueve venezolanos que llegó a la Argentina directaente para trabajar en esta fábrica, aunque como "turistas", por lo que no podrían ser empleados de manera formal, tema que se solucionará con colaboración de la propia firma.
La intervención de la CGT regional San Pedro Baradero y del Sindicato de Químicos fue fundamental para evitar que la empresa decidiera unilateralmente el futuro de los trabajadores, que el lunes decidieron parar la planta ante la falta de pago de salarios y revelaron las pésimas condiciones de contratación y trabajo.
9.000, 15.000, 7.000, 6.800, 7.000 y 26.000 pesos fueron los montos con los que acordaron los empleados que decidieron no seguir trabajando en la fábrica, todos domiciliados en San Pedro y Ró Tala, quienes cobrarán esas sumas en 4 a 7 cuotas según el caso.
Respecto de los nueve oriundos de Venezula, acordaron pagarles lo adeudado el martes, aunque ayer les dieron un adelanto para que pudieran abonar su alquiler y comprar comida. Desde ahora, tendrán un mes para hacer los trámites que les permitan ser contratados, y luego volverán a trabajar en la fábrica.
Todos entraron al país como "residentes transitorios", por lo tanto tienen 90 días como “turistas” y no pueden trabajar hasta que no cambien su condición a “trabajador migrante”, que prevé hasta tres años de residencia, o bien a la de “residente permanente”.
En la fábrica trabajan 12 horas de corrido, con media hora de descanso para comer, sin horas extras, en “negro”, sin guantes ni cascos ni otro elemento protector. Los cinco procesos de producción de la fábrica implican el contacto permanente con deshechos al menos domiciliarios.
Además, en la fábrica había seis misioneros. Habían sido reclutados en El Dorado para trabajar en el campo y terminaron en la planta de los Saladino. Son los que dormían en un cuarto, con planchas de telgopor como cama y algunas frazadas.
