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viernes, marzo 5, 2021

Estafa en el hotel San Julián: Una causa demorada sin explicaciones ni responsables

En enero de 2015 La Opinión reveló en exclusiva el contenido de una causa penal por administración fraudulenta que los dueños de Maxiconsumo presentaron contra los arquitectos Antoliche y Santiago, a quienes les habían confiado la construcción del emprendimiento, que a más de 10 años todavía no inauguró. Esta semana, el tema volvió a la agenda mediática a partir de un informe televisivo. La causa la tiene a cargo Viviana Ramos y retoma actualidad por intereses que obedecen a maniobras que podrían comprometer tanto a empresarios "inversores" como políticos.

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Un informe de la TV local devolvió a la agenda mediática la denuncia que a fines de 2014 hicieron los dueños de la empresa Polo Industrial S. A., subsidiaria de Maxiconsumo, contra el estudio de arquitectos al que le habían encargado la construcción del entonces hotel San Julián.

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La información no es novedosa, pero retoma un tema que tiene una gran cantidad de aristas que involucran no sólo al empresario denunciante,  Victor Fera, y al estudio de los arquitectos Alberto Raúl Antoliche y Jorge Oscar Santiago, sino también a contratistas locales que supieron tener vínculos con el poder político. Quienes siguen el tema evalúan que es "curioso y no casual" que la instalación de la noticia se produzca en medio de disputas económicas en una inversión millonaria y con los nombres de pesos pesados de la política y el empresariado, incluido algunos inversores locales.

El contenido de la denuncia por administracion fraudulenta fue revelado en exclusiva por La Opinión en enero de 2015. Allí aparecen los detalles de la sospecha que la empresa titular del emprendimiento arrojó sobre  los arquitectos respecto del presunto desvío de fondos.

Para esa fecha ya habían pasado ocho años desde que comenzó la construcción del ahora Azahar hotel & spa, cuyas demoras atribuyeron a "negligencias" de Antoliche y Santiago, que derivaron en esa denuncia penal que recayó en la Fiscalía 7 y estuvo a cargo primero de Gabriela Ates —suspendida ese año— y luego de Viviana Ramos.

La investigación avanzó poco. Hubo una serie de declaraciones testimoniales en la que exempleados señalaron que habían trabajado para distintas contratistas locales, que fueron convocadas por los arquitectos. En el expediente aparecen apellidos como Villalba, González, Wolf, un arquitecto Acosta y Macchi, que se hizo cargo luego de que, en septiembre de 2013, Antoliche y Santiago se fueran de la obra.

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Cuando Ramos asumió la investigación, hizo un planteo de incompetencia: le pidió a la jueza del caso que la eximiera de trabajar en la causa porque denunciante y denunciados tenían domicilio en Capital Federal, por lo que entendía que debía tramitar en la Justicia de esa jurisdicción.

La respuesta de la magistrada María Laura Vázquez —que falleció en agosto de 2017— llegó en octubre de 2016. No sólo denegó el pedido de la Fiscala Ramos, sino que además la instó a trabajar en el expediente, "ante la falta de medidas de investigación".

"De las constancias incorporadas hasta el presente no emerge aún la mínima comprobación de los hechos comisivos que se investigan en relación a los sindicados en la denuncia y, menos aún, que hayan ocurrido en jursdicción de la Capital Federal", señala el fallo de Vázquez, fechado el 7 de octubre de 2016 y notificado el 16.

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En la denuncia consta que Antoliche y Santiago, para el desarrollo de la obra que tenían bajo su mando, se encargaban de la compra de materiales, insumos y herramientas, y que además seleccionaban a los subcontratistas locales.

En 2013, tres años después de la fecha en la que la obra debería haber estado concluida, la empresa de Víctor Fera ordenó una verificación del avance. Las actas notariales y los informes técnicos le permitió conclur que había "una serie de irregularidades".

Allí se habla de falta de entrega de mercaderías; anomalías constructivas; vicios de proyecto, dirección y construcción; trabajos pagos que debieron rechazarse y volve a hacerse; fallas en el cumplimiento de las reglas de arte inherentes a la obra; generación de mayores costos; doble ejecución de tareas; entre otras.

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La sospecha de la empresa Polo Industrial S. A. es que los arquitectos Antoliche y Santiago, en connivencia con las subcontratistas, habrían desviado materiales para otras obras, entre las que se contarían edificios de departamentos de cuya construcción participaron esas empresas locales.

Cuando en enero de 2015 La Opinión consultó al arquitecto Antoliche, él no estaba al tanto de la denuncia y se enteró a raíz de ese llamado. "Nos retiramos y renuncié, hice toda la documentación en la municipalidad”, dijo en ese momento y aseguró que el fin del vínculo contractual fue “consensuado con el propietario” y que fue por la “demora en el tiempo por la obra”.

Cuando presentaron la denuncia, desde Polo Industrial S. A. sostuvieron que faltaba "el 20 por ciento" de la obra para inaugurar el hotel, cuya dirección comenzaba a estar a cargo de la sobrina del dueño, la arquitecta Romina Fera. Tres años después, aunque con muchos avances, todavía no abrió sus puertas.

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