Diego Lafalce denunció en fiscalía al geriátrico donde murió Verónica Romero
Con fecha 24 de enero, el responsable de la fiscalización recurrió a la Justicia: exceso de camas e internos, colchones vencidos, baños sin pisos antideslizantes, freezer oxidado, cableado a la vista, calefacción deficiente, humedad, entre otras irregularidades.
La denuncia que recibió la fiscalía de Viviana Ramos ya cuenta con los expedientes que el responsable de fiscalizar e inspeccionar todos los establecimientos geriátricos de San Pedro, debió haber cumplido al menos en el caso del que dirige el médico Julián Gómez.
Tal como adelantó La Opinión, en mayo de 2023 había orden de clausura y multa y en enero de 2024 el establecimiento no estaba habilitado.
La muerte de Verónica del Valle Romero disparó muchas preguntas respecto a las responsabilidades de las autoridades y la semana pasada desde el Juzgado de Familia N° 3 se cursaron oficios a las municipalidades de San Pedro y Baradero para que remitan información sobre el caso de la mujer de 38 años que fue sepultada de manera expres en el cementerio local el 12 de enero y cuya documentación recién se tramitó el 17 de ese mismo mes en el Registro Civil.
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Lafalce, ahora también concejal, adjunta al pedido que formula a la UFI N° 11 un documento que revela las irregularidades en las que incurre el médico que además de administrar firma los certificados de defunción.
Falta de habilitación, exceso de camas en habitaciones, cantidad de internos superior a la permitida, colchones vencidos, ropa de cama deteriorada, baños sin pisos antideslizantes, heladeras sin estantes, freezer oxidado, cableado a la vista, calefacción deficiente, humedad, deterioro de pisos de madera y techos y residuos patogénicos sin tratamiento.
Esos son sólo alguno de los puntos que -reiteramos- al menos desde el mes de mayo cuando se había ordenado la clausura no se cumplen y están a la vista de las autoridades tanto de la comuna como de las obras sociales que ofrecen el lugar y las familias que tienen allí a algunos de sus integrantes.
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A todo ello hay que sumarle la internación de pacientes psiquiátricos cuya edad no es compatible con la de los abuelos que forman parte de ese hogar.
La medida de clausura y multa estaba prevista en abril, hubo un descargo que fue desestimado y en mayo no se ejecutó bajo promesa de concretar algunas obras para las que se comisionó a una inspectora que “alargó la agonía” y perjudicó con su accionar a decenas de abuelos.
Aún nadie con responsabilidades de gobierno u organizaciones de defensa de los derechos de los más vulnerables se ha expresado.
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