Cobro por cartelería: La oposición no acompañará una prórroga y en el oficialismo piensan cómo reformular el gravamen
Aunque tien el contrato vencido, la empresa TIPSA salió a relevar carteles en los comercios para cobrar el derecho de publicidad y propaganda. En el Concejo Deliberante, La Opinión consultó a representantes de oficialismo y oposición sobre el tema. Pando dijo que hay que ser "cuidadoso" para "no desfinanciar al Estado" y planteó que podría diferenciarse el cobro a los carteles que invaden el espacio público de los que se mantienen en la línea municipal. La oposición no está dispuesta a acompañar una nueva prórroga, quiere que el Municipio se haga cargo y que contemple la situación de los comerciantes.
Esta semana comenzó a verse en las calles, sobre todo del centro, a personal de la empresa TIPSA, que tiene a su cargo la gestión y cobranza del derecho de publicidad y propaganda, junto a agentes municipales asignados para colaborar con la tarea por la que esa compañía cobra: relevar los carteles para registrar marcas y dimensiones, con el objetivo de establecer cuánto debe pagar cada comercio y cada marca por su cartelería.
Antes de que comience la sesión en el Concejo Deliberante, La Opinión consultó a representantes del oficialismo y de la oposición sobre el tema, que cobró repercusión esta semana y que mantiene preocupados a los comerciantes, que hasta hicieron reclamos ante la Municipalidad.
"Por ahora no he recibido ningún reclamo", dijo el kirchnerista Martín Baraybar. "Particularmente, no", agregó, a su lado, José Luis Tirelli, del Frente Renovador. Fue la concejala Florencia Sánchez la que se refirió al tema: "Ayer me comentó mi abuela", dijo y señaló que al Concejo Deliberante "no mandaron nada" para solicitar una nueva prórroga.
"No vamos a acompañar una prórroga", dijo la concejala y aseguró que hay "enojo entre los comerciantes" por el tema. Su bloque, Frente para la Victoria – Unidad Ciudadana, no había acompañado la última prórroga, sancionada en 2017, luego de la primera, que fue convalidad en 2016. El contrato original fue firmado en 2011, por cuatro años.
"Me comentó mi abuela ayer de los enojos, leí algo públicamente y me fijé en los expedientes. Hasta ahora no ingresó ningún pedido de prórroga. Me voy a interiorizar bien en el tema, porque, primero: ¿en base a qué cobran, si hay contrato vencido?", analizó la concejala.
Por su parte, el edil opositor Damián Mosquera recordó que en su momento él se opuso a la tercerización del servicio porque "el Estado tiene que ser lo suficientemente eficaz para recaudar, y sigo pensando lo mismo, es algo que debería hacer la Municipalidad".
"Deberían contemplarse situaciones díficiles que están viviendo los comerciantes hoy en día, con la situación económica", advirtió el concejal y pidió "que se revea por parte del gobierno realizar ese relevamiento y tener consideración por la situación económica que están atravesando todos los sampedrinos".
Personal de TIPSA relevó carteles en la zona de La Opinión el lunes.
Desde el oficialismo, el presidente de la comisión de Presupuesto, Martín Pando, señaló que "no hay en el Concejo Deliberante un pedido de prórroga, pero ha sucedido en otra oportunidad que ingresara tiempo después para la convalidación del Concejo", en relación a lo que sucedió el año pasado, cuando el contrato venció en marzo y la prórroga se convalidó en agosto, tras un convenio firmado, por la empresa y el intendente, en junio.
"Es un tributo cuya discusión teórica ha tenido su evolución y cabe revisarlo en el futuro porque hay nuevos enfoques sobre la legitimidad o no del cobro de ese derecho", aseguró el presidente de la Unión Cívica Radical, que luego, durante el debate en sesión, hizo referencia a "la pesada presión fiscal" que afrontan empresarios y comerciantes.
"La realidad tributaria y fiscal municipal obliga a ser muy responsables y cuidadosos a la hora de tomar la decisión de bajar un tributo, porque las cuentas municipales siguen en una situación muy difícil y no es una cuestión de desfinanciar al Estado", agregó el edil.
Además, consideró viable una reformulación: "Creo que la publicidad que está sobre la línea municipal tiene que tener un tratamiento distinto a la que está sobre el espacio público. Debería tenderse a desestimular la cartelería que va sobre el espacio público y ser más permisivo con la que está dentro de la línea municipal, al menos esa es mi mirada".