Clínica San Pedro: tras el comunicado del directorio, nueva audiencia en el ministerio de Trabajo

Trabajadores de la Clínica San Pedro, que la semana pasada anunció su cierre definitivo, pasaron el fin de semana en el edificio a la espera de una resolución que garantice la continuidad en sus puestos laborales. Mientras se tejen versiones de lo que pasará con el sanatorio, este lunes a las 9.00 hay una nueva audiencia en la delegación local del ministerio de Trabajo que conduce la abogada Sofía Rotundo entre representantes gremiales de los empleados y la abogada del directorio.

“Ayer tuvimos una reunión con todos los compañeros y sacamos unos puntos en claro para traer a la audiencia. De acuerdo a lo que se hable o trate hoy veremos qué paso seguir. Pero llegamos a una conclusión y entendimiento”, dijo a La Opinión la referente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en San Pedro, Isabel Bravo.

El sábado por la noche, tres días después del cese de actividades en el nosocomio, los propietarios emitieron un comunicado en el que manifestaron que su objetivo es que su objetivo es “preservar las fuentes de trabajo”. “La institución se mantuvo en funcionamiento garantizando la debida atención de los pacientes, decidiendo su cierre al vislumbrar que a futuro no se podrían ofrecer tales garantías”, agregaron.

En la audiencia que tuvo lugar la semana pasada, la abogada del directorio, Margarita Frisch, ratificó que la empresa dejó de operar y anunció que no enviarán telegramas de despido, por lo que cada empleado deberá actuar por su propia cuenta y consultar sobre su panorama laboral o bien considerarse despedido para comenzar a tramitar el fondo de desempleo, por un lado, y el proceso indemnizatorio correspondiente, por el otro.

En el acta expusieron que el salario y el medio aguinaldo adeudados serán abonados cuando perciban las deudas pendientes que esperan facturar y el REPRO que gestionaron ante el Estado. Corresponden a PAMI, obras sociales como Osprera y Unión Personal; y el Municipio, que debe alrededor de 2.800.000 pesos por el alquiler de las habitaciones de internación para pacientes Covid-19.

Los trabajadores permanecen en la clínica “en custodia de los bienes” y juntan firmas de vecinos para fortalecer su reclamo mientras circulan versiones del futuro del nosocomio, explicó Iglesias: “Hay siempre interesados, el intendente (N. de R.: Cecilio Salazar) dijo que hablaba con el ministro de Salud (N. de R.: Daniel Gollan) para ver si había posibilidades de que Pami y Ioma se fusionen y la activen ellos. Hay miles de versiones. No queremos los inversionistas que vinieron el otro día porque para el personal es inviable”.