Causa Camioneros: Arietto pidió revertir la absolución y reclamó 15 años de cárcel para Cabaleyro
Tras el veredicto que absolvió a todos los acusados, la defensa de los empresarios Gustavo y Ariel Rey, presentó el recurso de casación. Sostiene que el juez Alejandro López por fragmentar la prueba, omitir escuchas clave y justificar los bloqueos bajo la figura del derecho de huelga. Expuso audios donde el sindicalista amenazaba con paralizar la firma: “Vinimos nosotros y nos pusimos acá, poronga, en la puerta”
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En el plazo estipulado y en línea con la apelación interpuesta por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, la representación legal de Rey Distribución entregó sus argumentos y seleccionó las pruebas que fueron omitidos durante el transcurso del juicio oral y público que analizó el bloqueo a la distribuidora.
Luego de que el propio Ariel Rey cuestionara la absolución advirtiendo que el fallo representaba “un cheque en blanco a la mafia sindical”, el escrito patrocinado por la abogada Florencia Arietto atacó de plano los fundamentos con los que el juez Alejandro Gabriel López, absolvió libremente a Maximiliano Cabaleyro y a los extrabajadores de la distribuidora.
La presentación sostiene que la sentencia incurrió en una "arbitrariedad y fundamentación aparente por valoración fragmentaria, contradictoria y selectiva de la prueba", solicitando que los jueces de Casación examinen los registros audiovisuales completos del debate.
Uno de los puntos salientes del escrito radica en cómo el tribunal recortó las conversaciones y registros aportados durante la instrucción de la causa.
Al analizar la extensa reunión de una hora y veintiocho minutos mantenida entre los hermanos Rey, el contador de la empresa y Cabaleyro, el juez consideró que no existieron amenazas ni insultos, calificando las intervenciones del líder de Camioneros como parte de su "forma habitual de hablar". Para rebatir esa consideración Arietto eligió transcribir pasajes textuales que el magistrado pasó por alto y que podían demostrar el sometimiento forzado a la voluntad gremial para poder trabajar:
“... Hay formas de trabajar: nos llevamos de la mano y no vamos a chocar. Terminamos en esto por 2 suspensiones. ¿Ustedes son locos o son pelotudos?”
“... ¿Hoy está saliendo gente a reparto? Evidentemente no... represión sindical... No seas boludo, si ya te pasó, ¿qué me estás obligando? No juegues esa carta”.
“Estamos en un conflicto por tres suspensiones, ¿son locos o boludos ustedes? No tuvimos conflicto por dos despidos y yo lo hablé con ellos... ¿Vos querés venir a chocar con el gremio? Están locos ustedes, muchachos”.
“Y ahora acuérdense, los dos despidos fueron al pedo, las dos suspensiones fueron al pedo, porque vinimos nosotros y nos pusimos acá, poronga, en la puerta.
También el recurso expone cómo en otra comunicación con el entonces abogado de la firma, Daniel Spirópulos, el letrado le advirtió a Cabaleyro: “Me refiero a la extorsión 'si no me pagás, mañana te paro la empresa'”, a lo que el dirigente sindical respondió con ironía: “La verdad no voy a poder dormir hoy”.
La justificación del bloqueo y el derecho de huelga
El fallo absolutorio dio por probado que la empresa estuvo impedida de operar el 15 de enero y entre el 22 y 25 de febrero de 2021 debido a los bloqueos de personas y del motorhome del gremio apostado en el único portón de acceso. Sin embargo, el juez declaró atípica la conducta al considerarla amparada en el ejercicio legítimo del derecho de huelga.
Arietto calificó esta decisión de "jurídicamente errónea" y citó jurisprudencia de la Corte Suprema nacional para recordar que las garantías constitucionales no son absolutas. Argumentó que la huelga ampara la abstención pacífica de prestar tareas, pero de ninguna manera la obstaculización material, la colocación de un colectivo de gran porte por cuatro días seguidos, ni la quema de cubiertas frente a depósitos alternativos. Para la querella, el bloqueo constituyó violencia que configura los delitos de turbación de la posesión .
Escuchas excluidas y la relación con el poder político
La letrada denunció que durante el debate oral se cercenó de manera arbitraria la reproducción de un tramo sustancial de intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia en la instrucción penal.
Entre el material que no se pudo escuchar en la sala de audiencias Arietto destacó audios de Cabaleyro con terceros donde se evidenciaban presiones sobre dadores de carga y proveedores para cortar el abastecimiento a Rey Distribución, así como llamadas que exhibían manejos institucionales para demorar el dictado de la conciliación obligatoria que tenía en sus manos la Secretaría de Trabajo.
El escrito también subrayó la alteración de testimonios y escuchas vinculadas a autoridades públicas:
El diálogo con el Intendente Cecilio Salazar: El escrito marca que el intendente negó inicialmente comunicaciones que luego quedaron expuestas en los audios. En uno de ellos, Salazar le decía a Cabaleyro: “Ya habló el comisario con Fernando [Espíndola], va a hacer un acta como que ustedes no están obstruyendo nada y ya está, viste...”. La querella denunció que el magistrado transcribió en la sentencia que la empresa iba a "acordar", cuando en la grabación Salazar dijo que la patronal iba a "aflojar".
La delegada de Trabajo, Sofía Rotundo: En una llamada reproducida en audiencia, la funcionaria le advertía a Cabaleyro: “Yo tengo que dictar la conciliación, no puedo hacer otra cosa”, ante lo cual el sindicalista contestó: “Y yo no la voy a acatar, olvidate”. Dicha contestación tampoco fue consignada por el sentenciante al dictar sentencia.
Respecto del hecho de extorisión —las entregas periódicas de dinero exigidas por el sindicato—, el tribunal dio por probado que los pagos existieron, pero absolvió a Cabaleyro bajo el argumento de que ningún testigo lo vio recibirlos físicamente y que el temor de los Rey era "imaginario" al no haber sufrido un bloqueo previo a 2021.
Arietto sostuvo que el miedo no era infundado, pues los hermanos Rey conocían de primera mano la seguidilla de bloqueos sufridos por firmas locales como Romero Materiales, Kefi, Greco y Ramis. Además, remarcó la prueba indiciaria y la subordinación jerárquica: en llamadas entre Gustavo Rey y Fernando Espíndola se coordinaban los montos aludiendo a lo que "pretendía Maxi", sumado a que el propio Cabaleyro afirmó ante los dueños: “Hablar con Fernando es lo mismo que hablar conmigo”.
Para concluir, el particular damnificado requirió a Casación que admita el recurso, declare la nulidad de las absoluciones y condene a Maximiliano Emanuel Cabaleyro a 15 años de prisión efectiva y a Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Carlos Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez a 3 años de prisión en suspenso, manteniendo expresa reserva del caso federal ante la Corte Suprema.
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