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    Causa ambiental por el Basural: la Policía Federal volvió a San Pedro con funcionarios de Provincia

    En el marco de la investigación, que la UFIMA comenzó tras publicaciones de La Opinión, personal del Ministerio de Ambiente provincial acompañó a efectivos de la División Delitos Ambientales a recorrer el predio donde se depositan los residuos que genera San Pedro. Dejaron un acta en el Municipio.

    4 de septiembre de 2026 | 09:00
    Una de las imágenes tomadas con un dron en el basural que difundió la Policía Federal
    Una de las imágenes tomadas con un dron en el basural que difundió la Policía Federal|PH: Agencia

    La causa penal por contaminación ambiental que enfrenta el Municipio de San Pedro por la existencia del basural a cielo abierto en la zona de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, avanza en la Justicia Federal.

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    Tras los allanamientos en la Municipalidad, el Concejo Deliberante, Ashira, el basural propiamente dicho y el Centro de Salud de La Tosquera, personal de la Policía Federal volvieron a recorrer el predio.

    El lunes, acompañados por agentes del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, los efectivos de la División Delitos Ambientales volvieron para constatar el estado del lugar.

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    Tras la inspección,  labraron un acta que luego entregaron al Gobierno municipal y que fue elevada a la Fiscalía Federal de Matías di Lello, que instruye la causa.

    máquinas basural la tosquera
    Una máquina del Municipio sobre la montña de residuos del Basural.

    En el acta dejaron asentado un recorrido que incluyó toma de fotografías e imágenes en video con un dron del basural a cielo abierto donde los camiones de la empresa Ashira, otros de la Municipalidad y vehículos de particulares arrojan todo tipo de residuos.

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    Al momento de esa constatación había, como siempre, familias que trabajaban sobre la montaña de basura para revolver en busca de elementos que puedan ser recuperados, reutilizados o reciclados. También había perros, vacas y aves.

    El acta dejó constancia de lo que en San Pedro todos saben hace décadas: no hay cerramiento perimetral, no hay tratamiento de líquidos lixiviados ni de ningún tipo para los residuos que allí se depositan tal y como se levantan de las calles.

    También dejaron constancia de que clausurar los basurales a cielo abierto y modificar las condiciones de tratamiento para la disposición final de los residuos sólidos urbanos es una obligación establecida por ley hace décadas.

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    La causa penal comenzó por publicaciones de La Opinión, según consta en el expediente. 

    Eran notas relacionadas con las quejas de vecinos por el humo tóxico en las montañas de residuos; el relato de quienes conviven a diario con la problemática; y la rescisión del contrato con el responsable de su mantenimiento para que el Municipio se haga cargo por su cuenta.

    El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), Ramiro González, tomó conocimiento por esas publicaciones de que el basural a cielo abierto de San Pedro no cumpliría con la normativa vigente en materia de protección sanitaria.

    Basural

    González ordenó así los procedimientos que tuvieron lugar hace dos semanas en la Municipalidad, el Concejo, la empresa Ashira, el basural y el barrio La Tosquera.

    El informe que elevó la Policía Federal ya obra en la Fiscalía de Di Lello, que lleva adelante la investigación de la causa que tramita en el Juzgado Federal de San Nicolás que conduce Carlos Villafuerte Ruzo.

    Cuando fueron al basural se encontraron con un paisaje que si bien para San Pedro puede ser una postal cotidiana de toda la vida, para quienes ya vieron cómo otros municipios del país y de la provincia cumplieron con la obligación de cerrar los basurales a cielo abierto fue escandaloso.

    Humo, animales, insectos, olores nauseabundos, focos de incendio, residuos de todo tipo, familias enteras —lo que incluye niños y ancianos— revolviendo la basura y la falta de "membrana impermeabilizante" y de "sistema adecuado para el tratamiento".

    La licenciada en Química María Fernanda Cuneo Basaldúa, de UFIMA, dejó asentado en el informe que "es muy importante poner de manifiesto que el correcto tratamiento de residuos sólidos urbanos incluye la presencia de membranas aislantes sobre el suelo, sistemas de escurrimiento de lixiviados líquidos y planta de tratamientos para los líquidos, elementos que no existen en el lugar".

    Ahora Di Lello aguarda el resultado de las muestras tomadas en los cursos de agua próximos al basural, en la escuela 44, el centro infantil La Colmenita, en pozos de donde familias extraen agua con bombas.

    Además se tomaron muestras de lixiviados y del suelo. Todo será sometido a peritajes químicos para determinar su peligrosidad. También secuestraron historias clínicas de los vecinos en el Centro de Salud.

    niño juntando cosas en el basural a cielo abierto

    Tras los allanamientos, el Concejo Deliberante sesionó en Los Cazadores. En el orden del día había un proyecto de comunicación para recomendarle al Gobierno que conforme una "mesa de diálogo y planificación" para el abordaje de la problemática.

    El expediente, elevado por el bloque Consolidación Argentina, fue rechazado por 14 votos contra cuatro, sin debate en el recinto, es decir sin argumentación de quienes votaron en contra.

    En la misma sesión, ese bloque elevó otro proyecto con la misma mesa —similar a la que ya existe sobre protección ambiental creada en 2004, pero más específica—, pero para que se cree por ordenanza.

    En febrero pasado, una comitiva de funcionarios de San Pedro, con el intendente Cecilio Salazar a la cabeza, estuvo en San Nicolás para visitar el relleno sanitario de la empresa Entre, en procura de retomar ese camino.

    En 2017, esa empresa había comprado un predio en la ruta 9, cerca de La Buena Moza, para avanzar en la posibilidad de que San Pedro y otros municipios cercanos lleven allí sus residuos sólidos urbanos. 

    La iniciativa no prosperó y la empresa vendió el predio, que contaba con las habilitaciones ambientales correspondientes, pero con la oposición de vecinos de la zona y organizaciones ambientalistas.

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