Bajada al Puerto: Vecinos apelaron la resolución de desalojo y demolición del Juzgado de Faltas
Con asistencia del abogado y concejal Ariel Ramanzini, los habitantes de la zona lindera a la construcción del hotel Azahar Spa apelaron la medida tomada por el Juez de Falta Fabián Rodríguez tras una inspección de Obras Públicas, que los obliga a desalojar para demoler las viviendas que habitan al pie de la barranca. Cuestionaron que la situación "pone en riesgo la paz social" e hicieron alusión a "decisiones políticas desacertadas y la improvisación constante y carente de sensibilidad".
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Los vecinos de la Bajada al Puerto que recibieron notificación para desalojar y demoler sus viviendas ubicadas al pie de la barranca, debajo del hotel Azahar Spa, apelaron este viernes la resolución del Juez de Faltas Fabián Rodríguez, dispuesta luego de que un inspector de Obras Públicas labrara un acta de infracción por "construcción no permitida" en espacio público y en "zona de alto riesgo por peligro de derrumbe".
La apelación de los vecinos, confeccionada con la asistencia jurídica del abogado y concejal de la oposición Ariel Ramanzini, rechaza las actas de infracción por no haber sido firmadas por ellos y asegura que "las construcciones edificadas al pie de la barranca no se encuentran en riesgo por peligro de derrumbe".
Al respecto, señalan que "no consta ningún tipo de informe técnico que determine riesgo de desmonoramiento" y recuerdan que en su descargo expusieron "una antigüedad en el lugar superior a los veinte años" y que iniciarán "a la brevedad los procesos correspondientes" para reclamar la prescripción adquisitiva ante la Justicia.
"La resolución atacada resulta irrazonable, toda vezque tampoco pondera la situación y crisis actual y pone en riesgo la paz social de los vecinos que habitan el lugar, quienes no poseen otro para vivir ni para trabajar", advierte la apelación presentada y apunta que "de llevarse adelante la demolición y desalojo de nuestras viviendas no ha sido considerado de parte del Municipio ningún lugar a donde vayamos a vivir, agravando y agitando un conflicto social innecesario".
"Si a la delicada situación económica que padecemos nos agregan quedarnos sin casas y sacarnos aún lo poco que tenemos, como mínimo deben saber que dicha medida tiene que ir de la mano de una alternativa para vivir y/o un resarcimiento de aquello que consideramos nos corresponde", señalan en el texto.
"Jamás hubo una reunión alguna, ni propuesta de parte del Municipio. La razonabilidad implica no generar más conflictos inútiles en nuestra sociedad, que ya está plagada de muchos otros que son irreversibles", argumenta el escrito, presentado en el Juzgado de Faltas.
Además, cuestionan las infracciones. "Llama poderosamente la atención que solamente haya habido inspecciones en nuestras casas cuando la realidad es que toda la zona de barrancas se encuentra en igualdad de condiciones. En tal sentido, invocamos como violación del derecho de igualdad de todos ante la ley y la vulneración de los derechos que alo largo del tiempo hemos consolidado en el lugar", sostienen.
En el texto también hay lugar para la crítica a la gestión de Salazar: "La continuidad de decisiones políticas desacertadas y la improvisación constante y carente de sensibilidad social nos lleva a la desesperada situación estamos pasando. No se tiene en cuenta al ser humano, al trabajador, al que toda la vida estuvo en el lugar y puede probarlo, y por por sobre todas las cosas la descarada mentira de que todas las construcciones se encuentran en riesgo", dice.
Solicitaron que el Juez de Faltas haga un reconicimiento in situ para verificar "la veracidad de nuestros dichos, la antigüedad de nuestras construcciones y la verosimilitud de nuestros derechos" y plantearon la reserva de interposición de recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de la Nación.
