Arena en barco a Vaca Muerta: la empresa de Lázaro y López pidió anular el contrato y busca mantener frenada la obra
El 22 de octubre San Pedro Arenas S. A. presentó una nueva demanda contra el Consorcio de Gestión del Puerto para que se anule por completo el permiso otorgado por 10 años a Silos Areneros. Intenta que quede vigente la medida cautelar que paralizó las obras y ahora la jueza María Isabel Fulghieri tiene dos opciones: mantener paralizadas las obras durante todo el juicio o habilitar a la empresa a trabajar mientras se discute la validez del contrato.
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El proyecto de cargar barcos con arena en el Puerto de San Pedro estuvo y está buscando otros horizontes. “Un plan B”, dijeron desde la empresa que mantuvo reuniones con YPF para garantizar la provisión por vía fluvial que demandará la empresa.
El conflicto que desde principios de septiembre mantiene paralizadas las obras entró en su etapa de definición en los tribunales de San Nicolás.
Mientras se cumplían los plazos y se esperaba la resolución del recurso de amparo, la empresa que opera en el extremo del Bajo Puerto de San Pedro presentó una nueva demanda.
San Pedro Arenas S. A. —la compañía cuyo paquete accionario pertenece en un 75 por ciento a la firma Lázaro y en un 25 por ciento al exdiputado Germán López y su hijo, Agustín Germán López Costa— dio el paso que faltaba: tras responder el 13 de octubre los planteos del Puerto, el 22 de octubre promovió la demanda principal de nulidad contra el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro y pidió citar al juicio a Silos Areneros Buenos Aires S.A.C., la empresa de la familia Santoro.
Para entender por qué el predio de 16.500 metros cuadrados donde históricamente funcionó la arenera Quinteiro sigue sin movimiento de máquinas, hay que estar atentos a los tiempos de los que dispone la jueza en lo Contencioso Administrativo n.° 1 de San Nicolás, María Isabel Fulgheri.
Con fecha 7 de septiembre, la jueza Fulgheri dictó una medida "precautelar" que ordenó paralizar de inmediato toda obra o instalación en el terreno portuario.
Como esa medida fue pedida de manera anticipada y como antesala de un futuro juicio, tal como lo dispone la ley, la empresa denunciante tenía que presentar la demanda principal dentro de un plazo estricto ya que de no hacerlo su presidente Agustín López Costa con el patrocinio del abogado especialista en derecho administrativo Pablo Esteban Perrini la suspensión quedaba firme automáticamente y Silos Areneros podía volver a ingresar con sus máquinas en el predio. Así, Lázaro y López lograron mantener el bloqueo judicial.
Ahora las opciones de la jueza Fulgheri y los plazos que corren para tomar una decisión abren dos escenarios. El primero es transformar ese freno provisorio en una medida cautelar definitiva —lo que dejará congelado el contrato y prohibidas las obras durante todo lo que dure el juicio de fondo— o hacer lugar al pedido del Puerto y permitir que Silos Areneros trabaje mientras continúa el proceso judicial.
La demanda a cuyo contenido accedió La Opinión expone un dato que complica al Puerto: cuando el 7 de septiembre Fulgheri frenó las obras, le exigió a Casini que presentara el documento oficial que demostrara que esos 16.500 m² habían sido reservados o apartados antes de lanzar la convocatoria pública de abril. Ni el Consorcio ni Silos Areneros pudieron entregar ese papel.
Eso no es todo, el nuevo expediente cuestiona también otros puntos como notificaciones, permisos a organismos públicos y documentación que acredite el trámite por el que se llegó a la firma del contrato.
Para ello ahora se abren 45 días hábiles en los que debe notificar al Consorcio y a Silos Areneros de las novedades para que puedan esgrimir sus defensas ya que en el escrito enumeran las dudas sobre la transparencia de todo el proceso.
La pretensión entonces de esta nueva causa es la anulación total de todo lo actuado y se solicite un llamado amplio a todos los oferentes.
Los abogados acreditan además una situación que compromete al menos cuatro de las decisiones que adoptaron las autoridades portuarias y para ello documentan la situación que se vivió el 12 de agosto cuando representantes de la firma lograron entrar al Consorcio con la escribana María Gabriela Botta para fotografiar los expedientes con las que registaron seis irregularidades que ahora se deberán revisar.
Entre ellas la falta de cumplimiento de plazos, los edictos de convocatoria, el estudio de impacto ambiental, el descuento del 50 % del canon para la operatoria e incluso argumentan que querían “instalar una planta lavadora de 200 toneladas por hora, dragar y despachar arena a Vaca Muerta”.
Esta última afirmación no se condice con lo expresado por los López, que habían manifestado que no estaban interesados en el negocio y que no serían un obstáculo para que se lleve adelante una iniciativa que no estaba entre sus planes.
Hay que destacar que la escribana también registró enmiendas en actas anteriores en las que se describe una reunión con el intendente Salazar en octubre de 2024 y una nota cursada en diciembre de 2025 donde Silos Areneros Buenos Aires, comenzaba a presentar su iniciativa.

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