84 viviendas: Silva les dijo a los concejales oficialistas que se queden “tranquilos” por el conflicto con Arcor
"Yo me les paré de manos" les dijo el Secretario de Obras Públicas a los "muchachos". Ese fue el tono de la reunión en la que sostuvo que no habrá problemas con los beneficiarios. Indicó que Arcor se va a llevar "algún susto" y confirmó su malestar con La Opinión y Sin Galera por publicar la documentación que deberían haber analizado los funcionarios.
El sorteo de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri generó un conflicto entre la Municipalidad y la empresa Arcor, que advirtió que esas casas están erigidas sobre terrenos donados por esa compañía para la relocalización de familias del Bajo Puerto que residen en terrenos de su propiedad.
El secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Javier Silva, fue al Concejo Deliberante este lunes para reunirse con los nueve ediles del bloque oficialista Frente de Todos, que preside Juan Cruz González y responde a Ramón Salazar, para explicarles la situación.
Silva, que no respondió consultas de La Opinión al respecto en múltiples oportunidades en las últimas semanas, leyó ante los concejales oficialistas la ordenanza de donación de las tierras, que tiene una serie de requisitos que el Estado local debe cumplir.
Los terrenos sólo se pueden utilizar para construir viviendas “que serán destinadas a la reubicación total de las personas alojadas” en donde la empresa tiene propiedad en Bajo Puerto; la Municipalidad debe hacerse cargo de las escrituras; y “para el supuesto del incumplimiento” Arcor “podrá revocar la donación y exigir la devolución del terreno”, dice la ordenanza.
Silva les aseguró a los concejales que el Gobierno considera que la relocalización de la que habla la ordenanza ya se cumplió, a pesar de que en el listado original había más de 160 familias y las reubicadas en el barrio Arcor son 80, la mitad, puesto que, como bien señalan todas las crónicas de la época de su construcción, era “la primera etapa” de la reubicación.
La reunión estaba prevista para las 9.30 aunque comenzó un poco más tarde. Por un lado, porque Silva estaba al aire en una radio. Por el otro, porque la concejala Candelaria Cuscuela no llegaba y sin la exintegrante de La Cámpora no se podía empezar. Era importante que estuvieran todos. Por eso estuvo hasta Tamara Vlaeminck, poco habitué de los pasillos del HCD porque además es titular de Anses.
“Yo me les paré de mano y les dije: el cargo ya está cumplido, muchachos”, les relató Silva y aludió a una reunión mantenida con representantes de Arcor. “Para mí, el cargo está cumplido. Esto ya lo hablé con la Escribanía General de Gobierno”, sostuvo.
Se refirió al listado original, confeccionado para la entrega de las viviendas en 2007. “Nada de qué preocuparse”, les dijo. Hasta les aseveró que Arcor se va a llevar “algún susto con todo esto”. Fue luego de que Rita Leguizamón señalara que se podría discutir el origen de la propiedad de la empresa sobre los terrenos costeros, algo que tuvo su debate en la década del 2000, en medio del proyecto del puerto de Arcor
Mucho giró alrededor de quienes difundieron la noticia, es decir La Opinión & Sin Galera. Entre chistes y sobrenombres a los periodistas —”Está como loca la Lagartija”, en alusión a la directora de este medio— , con guiños y gestos socarrones de quien se siente “en absoluta confianza”.
La mayoría de los ediles quedó conforme y hasta “aliviado” con las explicaciones de Silva. Otros y otras, entre ellos quienes dicen que el abogado pero no escribano que supo ser secretario de Gobierno de Guacone no es “santo de su devoción”, no tanto.
Para varios de los presentes en esa reunión se trata de un conflicto cuyas aristas escapan a su total entendimiento. Incluso quienes no confían del todo en Silva consideran que ven resolución a la problemática, sobre todo si logran probar, como sostiene el Ejecutivo, que el Estado ya cumplió con la relocalización pactada.
Ediles y edilas consultadas para esta nota —que prefirieron el off the record porque la reunión fue “privada”— coincidieron en señalar que hubiese sido mejor alcanzar un acuerdo previo, pero que ante la realidad imperante, habrá que buscar un consenso o esperar que la empresa vaya a la Justicia.
Saben que un litigio de estas características será un dolor de cabeza pero también que los tiempos del Poder Judicial en casos como estos son largos, muy largos. Total, dicen, las viviendas fueron sorteadas, van a ser entregadas a los adjudicatarios y las escrituras están a nombre del Municipio, que podrá comenzar el proceso de traslado de dominio a los titulares, que pagarán por su casa.
“La gente va a pagar cuando ya esté adentro de la vivienda. Si hay un conflicto judicial, eso no va a cambiar. Después se verá qué resuelve la Justicia”, se tranquilizan algunos, encogidos de hombros. “Si quieren acuerdo, habrá; y si no, que vayan al Contencioso”, dijo uno que por lo menos sabe en qué fuero se dirimirá el litigio.
En el bloque oficialista y en el Gobierno sostienen que Arcor “presionó antes del sorteo” con la ordenanza de donación de los terrenos “por el tema de la arenera” que el empresario Santiago Lawson, quien asegura haber alquilado el predio costero de Indalar quiere instalar allí, un proyecto que tiene oposición de los vecinos.
Lawson presentó un bosquejo de su proyecto pero nunca más volvió. Entre los aspectos fundamentales que debe cumplir para solicitar los pasos necesarios para la habilitación de la arenera están el estudio de impacto ambiental y la proyección de instalación de silos de acopio del mineral extraído del río.
Mientras tanto, la oposición está en alerta porque entienden que “si no hubo acuerdo con Arcor estamos ante una situación legal muy compleja“, como advirtió el concejal de Juntos (UCR) Alejandro Donatti, exfuncionario de Barbieri en la época en la que la empresa cedió esas tierras.
En el Gobierno hay al menos tres personas que participaron en 2015 del proceso de cotejo de los listados cuando Presidencia de la Nación anunció un plan de 88 viviendas para esos terrenos, que finalmente no se concretó, aunque los que cumplen funciones políticas llegaron después de la decisión de sortear las casas entre familias que alquilan y pueden pagarlas.
Son el exconcejal a cargo del Poder Ejecutivo en ese momento, Fabio Giovanettoni; su secretario de Gobierno de entonces y actual de Ramón Salazar, Martín Baraybar; y el arquitecto de Obras Públicas Adolfo “Fito” Benincasa, en ese momento director de Viviendas.
El intendente interino dijo que abrió un canal de diálogo con la empresa en procura de alcanzar un acuerdo que evite un litigio, pero no hubo novedades en los últimos días respecto de esas gestiones.
Mientras tanto, en Bajo Puerto y Bajo Cementerio, quienes tienen comodato con Arcor se preguntan si acaso no eran ellos los que deberían haber sido beneficiarios de las viviendas.
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