84 viviendas: qué medidas tomó la fiscal Viviani para evaluar la situación de los ocupantes de las casas
Pidió la identificación de las familias, el listado completo de preadjudicatarios a la Municipalidad y por ahora espera la resolución de la justicia civil mientras amplía la investigación por "averiguación de ilícito"
La Dra. María del Valle Viviani trabaja para establecer si existió o no delito en el acceso de las familias preadjudicatarias del barrio que se financió con fondos del estado nacional a través de la administración municipal y a cargo de la empresa cooperativa ALFA.
Desaparición de materiales, robo de instalaciones, deficiencias en la construcción y amenazas de usurpación serán algunas de las cuestiones con las que deberán lidiar los titulares de las casas en caso de que por fin logren que se les reconozca el derecho de habitarlas y pagarlas en cuotas tal como está estipulado.
Por ahora, la causa está caratulada como “averiguación de ilícito”, ya que es difícil suponer que en presencia de los empleados del obrador de la empresa y del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro, se haya organizado una usurpación.
Desde el martes 13 a las 19 horas, más de la mitad del complejo habitacional está ocupado por personas que aún alquilan viviendas o viven en casas prestadas y que deben turnarse para cuidarlas. En aquel sorteo que había sido invalidado por una medida judicial y que se concretó pese a existir una notificación de advertencia, empleados de fábrica, emprendedores, enfermeras, maestras y hasta policías celebraron el plan que les permitía pagar en cuotas la vivienda propia sin saber que el intendente interino Ramón Salazar tomó la decisión de desoír el mandato de la justicia.
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Decenas de contradicciones y embustes comenzaron a circular de modo de enfrentar por un lado a los sorteados; por el otro a un grupo de vecinos de Bajo Puerto que quedaron desplazados y a la espera de que se cumpla con lo estipulado en la ordenanza en la que Arcor (por entonces Indalar) donó los terrenos. Ya con Cecilio Salazar en funciones hubo reuniones, negociaciones, promesas e incluso mensajes de audio que decían “de acá no los saca nadie” o “no hablen porque van a perder todo” y hasta “Arcor ya saben que es un monopolio, no nos vamos a dejar ganar”. Los vecinos obedecieron, nadie quiere perder la única oportunidad de un techo propio y por eso hicieron silencio y no contrataron a profesionales que los asesoren para reclamar sus derechos.
Un detalle que le fue expuesto hoy a la funcionaria judicial es clave: en diciembre el municipio entregó “las llaves” a cada preadjudicado y ahora habrá que determinar qué responsabilidades tiene quién o quiénes hayan ejecutado la acción de considerarlos propietarios e incluso solicitarles que arreglen sus jardines "así van poniendo linda las casas”.
Será tarea de Viviani investigar esos antecedentes mientras en la justicia Civil se resuelve la cuestión de fondo entre Arcor y la Municipalidad.
Eso no es todo: hay un mandamiento judicial que anuló el sorteo y por ende, una violación a una disposición de una magistrada por parte de la comuna y de la empresa que tampoco terminó su tarea ni fue fiscalizada en las inumerables deficiencias que presenta la construcción.
Si hay denuncias de incumplimiento de funcionario público, o que no han cumplido las medidas de no innovar o de no hacer el sorteo son las cuestiones que investiga ahora la fiscal María del Valle Viviani.
Las únicas medidas que Viviani ha hecho efectivas en las últimas 48 horas son las siguientes.
El mismo día del ingreso de las personas al complejo habitacional ordenó la identificación de quienes permanecen dentro del predio. Esa tarea fue realizada por la policía. En segundo término ya intimó al municipio a entregar el listado de “los futuros adjudicatarios”, tal es el término que eligió la fiscal para hablar de los ocupantes que en principio temían ser considerados “usurpadores”. Por último calificó como “averiguación de ilícito” la causa a la espera de la información que determine el rol de quienes puedan haber incurrido en el delito de “incumplimiento” en el caso de los funcionarios públicos que participaron en el trámite tanto de la información, el sorteo, los dictámenes, la entrega de llaves y la apertura del complejo el pasado martes 13 cuando unas cuarenta personas accedieron a las viviendas de acuerdo al número que les habían adjudicado.
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