84 viviendas: cuáles son los delitos que Arcor considera que cometieron los funcionarios del Gobierno
Están tipificados en el Código Penal y son tres. La empresa entiende que el Municipio hizo abuso de autoridad, desobedeció una orden judicial y malversó bienes del Estado al "entregar" las viviendas o permitir la "toma de posesión" por parte de los preadjudicatarios.
La presentación judicial que hizo el lunes la empresa Arcor para que la fiscala María del Valle Viviani investigue la posible comisión de delitos por parte del intendente Cecilio Salazar y los funcionarios del Gobierno que intervinieron en lo ocurrido en las 84 viviendas sumó polémica al caso.
Es que el abogado de la compañía, José Benito Aldazábal, planteó a la Justicia que los integrantes del Gobierno municipal son pasibles de ser acusados de al menos tres delitos tipificados en el Código Penal (CP), que además podrían tener consecuencias políticas.
Para Arcor, la "entrega" de las viviendas a los preadjudicatarios, a través de la distribución de las llaves, y la facilitación de la "toma de posesión" del martes 13 implica responsabilidades penales.
Uno de los delitos que la empresa considera que cometieron los funcionarios del Gobierno es el de "desobedencia" (artículo 329 del CP), que prevé una pena de 15 días a un año de prisión para quien resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.
Ello porque el intendente y los miebros de su gabinete involucrados en el tema hicieron caso omiso a la orden de la jueza en lo Contencioso Administrativo María Isabel Fulgheri, cuya medida cautelar que anuló el sorteo del 25 de febrero del año pasado y obligó a suspender toda acción administrativa vinculada fue ratificada por Cámara.
También acusan al Municipio de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del CP), que prevé prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble de tiempo a quienes sean hallados responsables de ese tipo de ilícito.
El artículo pena a todo "funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
Por último, Arcor pide a Viviani que impute a los funcionarios por el delito de malversación de caudales públicos (artículo 260 del CP), porque entiende que la entrega de las llaves encuadra en dar a "los caudales o efectos" que administra "una aplicación diferente a aquella a que estuvieran destinados".
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