La concejala Vanina Cappelletti, que pretende un monobloque denominado Juntos Pro aunque lo impide el reglamento, presentó un proyecto de ordenanza que deberá ser modificado, reformulado o desechado por completo puesto que pretende regular una actividad que ya está reglamentada en San Pedro.

La edila elevó una propuesta para adherir a la ley provincial que regula las salas de teatro independiente y otros espacios culturales de esa índole, algo que el Concejo Deliberante hizo en el año 2012, tras una iniciativa del exedil Abel González que se enriqueció en las comisiones, sobre todo por el trabajo del exedil Martín Pando, de fluida relación con el ambiente artístico local.

En su proyecto, Cappelletti sólo propone adherir a la ley provincial. Es decir que no contempla ninguna particularidad local. Ni siquiera hay un artículo que derogue la ordenanza vigente o alguna consideración que argumente que esta adhesión es superadora.

Todo ello ya es indicio de que la concejala Cappelletti pareciera desconocer la existencia de la ordenanza

Pero además, lo dice en los considerandos, donde no sólo no hace alusión alguna a esa normativa local sino que además señala que "adherir a esta ley Provincial 15302 permitirá al Municipio de San Pedro la regulación de las Salas de Teatro, Centros Culturales y Espacios Culturales Alternativos, brindando a la ciudad de San Pedro espacios culturales habilitados como corresponde".

Ello implica que la concejala Vanina Cappelleti, electa en la lista de Juntos Por el Cambio en 2021 —es decir transita su tercer año de mandato— no sabe que en San Pedro esa actividad ya está regulada y que existe una normativa vigente para "habilitar como corresponde" ese tipo de emprendimientos culturales.

Incluso la normativa local es más restrictiva, puesto que, por ejemplo, limita en un máximo de 150 el factor ocupacional de estos espacios, en lugar de los 300 que dispone la ley provincial.

Quizás esta fallida iniciativa de la concejala Cappelletti permita devolver el necesario debate sobre el tema.

La ordenanza vigente necesita reformulaciones, adecuaciones y hasta ampliaciones en su contenido para que contemple la realidad de los espacios culturales alternativos que funcionan en la ciudad.

En el Gobierno, con el que Cappelletti ha mostrado buena relación pues generalmente vota a favor las iniciativas del oficialismo, hay quienes analizan alternativas para el tema —como las que repasó La Opinión en 2016 ante un debate al respecto— pero no fueron consultados por la concejala para este proyecto de ordenanza.

Si, como dicen para señalar que hay que dejar todo asentado, “gobernar es escribir”, en el caso de los concejales la normativa local que regule la vida en común de la ciudad, también lo es leer.

El Concejo Deliberante tiene un digesto que se puede consultar en la web y también tenía un archivo interno que la empleada jubilada Adriana Brokman se ocupó durante años de llevar prolijamente.

Como ya se escribió en estas páginas cuando ocurrieron situaciones similares, no es la primera vez que concejales pretenden legislar sobre lo ya normado y es difícil saber todo dentro de la legislación vigente, pero hay un camino previo para evitar la repetición y el vano esfuerzo.

Por lo general, cuando un concejal quiere abordar un tema lo primero que hace es verificar lo que existe al respecto para establecer si es necesario proponer reformas, adecuaciones, derogaciones o simplemente exigir el cumplimiento al Ejecutivo de la normativa vigente. Todo indica que en este caso, no sucedió.

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