La situación de un joven de 28 años con un importante prontuario y una historia de adicciones que pese a los esfuerzos su familia no pudo corregir es dramática.

Tras varios meses de permanecer internado en el Hospital, donde estuvo con custodia y un gran trabajo de contención del equipo de Salud Mental, enfermeras, administrativos, familiares y personal del nosocomio, una denuncia del titular del Centro Preventivo de Adicciones al Juzgado de familia derribó en instantes toda la tarea que “dentro del marco de la ley de salud mental” se había programado.

La derivación a un instituto especializado para su tratamiento nunca llegó y tanto la madre como la cuñada, confiadas en el asesoramiento que este funcionario les dispensó, participaron de un acuerdo confidencial para denunciar a policías.

El informe que obliga a la “confidencialidad” no es más que uno de los tantos que llevan a jóvenes y adolescentes al consumo de drogas. Este paciente, al que incluso le festejaron su cumpleaños en la cocina de Hospital y que estaba monitoreado y contenido, hoy es buscado por sus familiares en procura de evitar que se produzca una tragedia.

“A la madre le quiso pegar anoche mismo adelante de las enfermeras porque decía que tenía plata en la cartera”, refirió una familiar que este martes por la tarde clamaba por una medida de abrigo que lo devuelva a la posibilidad de recuperase.

La historia del joven lleva muchos capítulos escritos en sede policial y judicial. Fueron años de peregrinar durante la adolescencia pidiendo asistencia y rehabilitación. Su madre y su hermano, especialmente, fueron los que llegaron hasta La Opinión a mediados de 2021 para relatar el calvario que vivían tanto ellos como vecinos y víctimas de este paciente psiquiátrico.

Las autoridades del hospital lo intentaron todo. La ley no permite internaciones sin la anuencia del paciente. Se hicieron los trámites y se buscó un lugar donde alojarlo con un pedido firmado expresamente por la familia. Esa derivación nunca pudo concretarse pero durante más de seis meses y con una custodia policial estuvo sin consumir y al cuidado de especialistas.

Además de su fiesta de cumpleaños, participó de otras reuniones y eran muchos los pacientes internados quienes preguntaban por la identidad de la persona que tenía una consigna policial en la puerta de su habitación en tiempos en los que la policía no cuenta con tanto personal como para destinar a esas tareas.

En diciembre, como antesala del desenlace que relatamos, un psicólogo del equipo le avisó a la familia que “le darían el alta” porque era muy difícil la tarea y porque veían que “ya estaba bien”. Antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo las alarmas estaban todas encendidas. La familia, sobre todo su madre, lo visitaba con frecuencia y hay fotos de la despedida de año en la cocina del Hospital.

La actuación de los directivos frente a esa advertencia fue contundente: mantuvieron al paciente y su custodia, siempre esperando una vacante en algún instituto especializado porque habían logrado muchas mejoras.

Esa historia se terminó. Anoche la custodia desapareció y también desapareció el paciente. Se fue de su habitación y su madre se enteró pasadas las 22.00 del lunes que su hijo ya no estaba a resguardo.

“Nosotros le dijimos bien que no nos íbamos a poner la policía en contra, con todo lo que nos habían ayudado, y él nos respondió que tenía que hacer su trabajo”, dijo una de las familiares del paciente sobre el que el psicólogo coordinador de Centro Preventivo de Adicciones hizo un detallado informe no sobre su recuperación sino sobre “las burlas” que le dispensaba la policía y en particular uno que una noche le refirió que si lo encontraba en algún lado lo iba a golpear. También de ese relato surgen los dichos del paciente sobre agentes a los que vio consumiendo cocaína.

Lejos de proteger primero al paciente y proceder con la denuncia que corresponda respecto a la actuación de la fuerza, la orden judicial llegó y también llegó a este medio el informe completo que redactó Luis Guillermo Onofri, que apunta a la Comisión Provincial por la Memoria para que intervenga.

Es una historia más entre las tantas en las que la ley de salud mental y las intenciones de quienes deben salvaguardar a los pacientes chocan contra razones ideológicas, políticas o burocráticas. Es una nueva ocasión para que la Justicia se distraiga de la tarea y es una invitación a los buenos profesionales y funcionarios que tomaron este caso a su cargo y riesgo a que “nunca más” quieran hacerlo si tras tanto esfuerzo terminan teniendo que dar explicaciones.

“Nosotras nos enteramos a las 10 de la noche y porque la madre fue a trabajar ahí cuidando una señora sino no nos enterábamos de nada”, refirió a este medio la mujer que sabe que más tarde o más temprano volverá a sufrir problemas porque todo se hubiese solucionado con una transición entre fuerzas para la custodia o un aviso oportuno al personal que debía intervenir.

internación psiquiátrica