Desde fines de septiembre del año pasado, un avión Cessna aircraft COP210 permanece bajo depósito judicial en el aeródromo de San Pedro tras haber sido incautado en el marco de una magacausa que investiga una organización narcocriminal que llevada drogas desde Paraguay a Uruguay con escalas en Argentina.

A disposición del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, la aeronave sigue en el Aeroclub pero ahora tiene destino: la Corte Suprema resolvió entregársela en custodia y para su uso a la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA).

La Escuela Técnica Aeronáutica Capitán Marcelo Pedro Lotufo, de Salta capital, había hecho un pedido formal a la Justicia Federal de Entre Ríos para que les cedan la nave para sus clases, sin embargo, a pesar de que el juez interviniente había accedido, la oposición de Fiscalía demoró todo y finalmente la posibilidad se obturó.

El juez federal Pablo Seró puso la aeronave a disposición del Máximo Tribunal, que resolvió asignarla a la PA, que deberá hacerse cargo de los gastos de traslado desde el Aeroclub, mantenimiento y aseguramiento por todo riesgo del avión secuestrado al narcotráfico.

Así lo hizo saber la Corte Suprema a través de una resolución que lleva el número 839 de 2022 y que fue firmada el pasado 11 de mayo, a la que tuvo acceso La Opinión.

La investigación penal está caratulada como “Marcogiuseppe, Silvio Román y otros s/ley 23.737” y desató un verdadero escándalo en la ciudad entrerriana de Concordia, donde la familia Marcogiuseppe, propietaria del “narcoavión” tiene armerías y es muy conocida.

“Está ahí tirado, abandonado detrás de un hangar”, dijo el presidente del Aeroclub, Eduardo Génova, sobre el narcoavión. “Estaría bueno que se lo asignara a un Aeroclub o a algún organismo que le pueda dar uso, como el Incucai”, dijo, sin conocer todavía la resolución de la Corte Suprema. Estimó que es una aeronave que podría costar unos 150 mil dólares.