Y ahora, quién podrá defendernos…
El título, algo irónico, pinta de cuerpo entero cuál es la verdadera problemática que sufre la ciudadanía. Ante la reincidencia de algunos sujetos con antecedentes vinculados a la comisión de delitos de índole sexual e instancia privada, queda en claro la falta de controles y registros.
Si bien no existen estadísticas, la ciudad ha tenido al menos entre 12 y 20 casos de abuso sexual “denunciados” en los últimos dos años. Existen y han existido detenciones y hasta condenas, pero no hay exactitud con respecto a cuál ha sido el destino del victimario. No hay una comunicación agilizada que otorgue el dato concreto a la comunidad, ni cuándo se cumplió la condena o cuándo la Justicia otorga algún beneficio que permita liberaciones anticipadas.
La policía no lo sabe, las entidades vinculadas a la defensa de las víctimas tampoco, y el Patronato de los Liberados no está en condiciones de brindar esa información.
La sociedad sampedrina ha sido muy castigada con situaciones como estas, ya sea por la propia inseguridad o por casos de índole familiar. Todos estos cuestionamientos se pusieron de manifiesto luego de que en las últimas semanas, quienes alguna vez tuvieron denuncias o condenas por casos de abuso sexual han reincidido.
Uno de los hechos es el que involucra a una persona que había sido beneficiada con libertad condicional y todavía debía cumplir siete meses de condena por abuso sexual. Hace unos veinte días mantuvo un inconveniente familiar y decidió privar de su libertad a su ex pareja y su pequeña hija de sólo 3 años, fue capturado cuando intentaba huir en micro a la ciudad de San Nicolás. Luego de unos días la Justicia le negó un pedido de excarcelación.
Una semana después en plena vía pública, la policía detuvo a un joven que también cuenta con antecedentes de abuso. Minutos antes había interceptado a dos jóvenes que concurrían a la escuela a quienes manoseó y agredió con la intención de introducirlas a un descampado. Al día siguiente la fiscal actuante, Dra. Franca Padulo, decidió su liberación.
Estas dos situaciones causaron preocupación y alarma, recién se toma conciencia o conocimiento de la convivencia con esta clase de sujetos cuando reinciden o trascienden sus identidades.
Desde la Comisaría se informó que como en otras situaciones no hay forma de saber cuándo un delincuente o abusador recobra su libertad, y en el Patronato de Liberados confirmaron que no están en condiciones de proporcionar esa información, que directamente hay que consultar a cada uno de los Juzgados que actuaron y decidieron la medida, un sistema prácticamente imposible de implementar.
Como para preocuparse
Durante el primer semestre de 2007 se detectaron, al menos, seis casos de abuso sexual vinculados a la inseguridad callejera, a los cuales se les agregaron unos seis casos más vinculados a los que se denominan de índole familiar.
Luego de algunas tareas judiciales, detenciones y reclamos de la comunidad, que hasta incluyeron un duro cruce entre profesionales del sector judicial por las características de los hechos y la modalidad utilizada para obtener pruebas, la situación pareció aplacarse.
Durante los últimos meses de ese mismo año se produjo otro hecho preocupante, y finalmente se transformó en el rebrote de casos durante 2008 que aún hoy están siendo investigados. Hubo un detenido vinculado por lo menos con dos hechos, pero mientras el acusado permanecía entre rejas, los casos se siguieron sumando.
En los primeros meses de 2008 se contabilizaron cuatro hechos de abuso sexual por la inseguridad y otros cuatro de los citados “intrafamiliares”. Al menos son los que tiene registrados la Justicia. A ellos deben sumarse aquellos que jamás serán denunciados.
En Marzo de ese año se denunció el primer caso de ese semestre. Cuando una mujer de 19 años fue interceptada, amenazada y conducida a un terreno baldío ubicado sobre el radio urbano.
En Mayo se tomó conocimiento de otro hecho pero en cercanías de la Escuela Nº 13, sobre el camino Lucio Mansilla. Allí, una menor de 16 años también fue interceptada y trasladada por la fuerza hasta un descampado en donde fue sometida. Un mes después, otra niña de 15 años que concurría a un establecimiento educativo, a las 7.30 horas, fue agredida en la esquina de Salta y Novillo. El sujeto la trasladó en su propia bicicleta hasta una casa en construcción ubicada en el predio donde antes se encontraba la cancha de Mitre para violarla.
El último hecho denunciado en el 2008 fue en el último semestre cuando una joven de 17 años regresaba del centro. Caminando por Colón y Gomendio, fue interceptada, amenazada y abusada en el interior de un terreno que allí se encuentra.
Este año empezó con un impactante caso de doble abuso sexual y hasta el momento el único que trascendió públicamente.
Tiene que ver con el hecho donde dos jóvenes de 13 y 14 años fueron interceptadas por un hombre de 29 que fue detenido y se encuentra alojado en el Penal de San Nicolás.
Justamente, de todos estos hechos, del único que se sabe sobre el paradero de los supuestos abusadores es este último, porque tomó una notable trascendencia. Pero después, de los demás, la sociedad ha perdido peligrosamente el rastro.
¿Y el registro de violadores?
Una vez que el gobernador Daniel Scioli firme el decreto reglamentario se pondrá en marcha en el ámbito de la Provincia un registro conformado con datos de condenados por todos los delitos contra la integridad sexual.
El registro apunta a agilizar y mejorar los resultados de los procesos judiciales en este tipo de acciones, además de poner a disposición de los ciudadanos que fundamenten un interés legítimo la lista con datos de violadores y abusadores.
La vigencia del registro de violadores incluirá, además, la creación de un banco conformado por datos genéticos de condenados por violación y abuso.
El registro provincial de violadores contendrá datos de personas condenadas por cualquier tipo de delitos contra la integridad sexual y será de carácter público, aunque con acceso restringido.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, el registro bonaerense sólo podrá ser consultado por funcionarios judiciales, del Ministerio de Seguridad y por fuerzas policiales para las investigaciones. Los ciudadanos que quieran acceder a algún dato del registro deberán, primero, presentar una nota justificando un interés legítimo en contar con esa información.
La medida también incluye la conformación de un banco de datos genéticos que funcionará bajo la órbita de la Suprema Corte de la Provincia y servirá para facilitar e identificar rápidamente al abusador en el caso de delito de violación o abuso.
El banco contará con datos genéticos obtenidos en la investigación de este tipo de casos en todos los departamentos judiciales de la Provincia, como peritajes sobre los cuerpos de las víctimas, pelos, semen, sangre o muestras corporales.