Video sobre maltrato a un abuelo reavivó la polémica por los geriátricos
Una vecina registró el momento en el que una empleada del único geriátrico habilitado de la ciudad maltrataba a un anciano que fue internado allí por Desarrollo Humano. El video se viralizó y fue blanco de quejas por parte de los internautas. El control sobre este tipo de hogares es laxo en toda la provincia.
La decisión acerca de qué hacer con los adultos mayores cuando necesitan cuidados extremos que los familiares ya no pueden prodigarles hace aparecer en escena a los geriátricos, hogares para ancianos donde, se supone, reciben la atención y contención necesaria, como un servicio por cuya prestación se cobra.
El domingo por la tarde, una vecina registró con su celular el momento en que la empleada del único geriátrico habilitado como tal en San Pedro maltrataba a un anciano que se había ido del lugar. A los gritos y casi arrastrándolo de un brazo, intentaba llevarlo de regreso a los empujones hasta la casona ubicada en calle San Martín.
El anciano es un hombre que vivía en situación de calle y que llegó a ese centro asistencial, propiedad de un exfuncionario de Salud de la Municipalidad de Baradero, tras gestiones de la Secretaría de Desarrollo Social local.
El video generó indignación tras su viralización en redes sociales y devolvió un debate necesario acerca de cómo funcionan los hogares para ancianos, quién controla que cumplan con la ley y quién hace la vista gorda acerca de lo que sucede al interior de esos lugares.
Un problema de larga data
En mayo pasado, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) había presentado una nota en el Concejo Deliberante para alertar sobre la proliferación de residencias de ancianos que funcionan “sin cumplir con la normativa vigente, incumplimientos que abarcan no sólo el trabajo no registrado y precario del trabajador de la sanidad, sino también la
falta de habilitación municipal, incumplimiento de las mínimas condiciones edilicias, de seguridad, higiene y aseo”.
Además de esos geriátricos encubiertos en “residencias para ancianos” hay en la ciudad una gran cantidad de casas particulares donde se prestan los mismos servicios, también sin control.
Según se estima, cerca del 25 por ciento de los geriátricos de la Argentina son “truchos”, según alertó la Federación Argentina de Gerontología y Geriatría. Su secretario general, Vicente Tedeschi, señaló que “como la demanda es mayor que la oferta, hay un montón de geriátricos que no están habilitados y son clandestinos”.
Un relevamiento municipal había detectado nueve geriátricos en funcionamiento y sin habilitación comercial. Como son realmente clandestinos, muchas veces ni siquiera pueden ser detectados para procurar su registro de oficio o proceder a la clausura.
El Ministerio de Salud provincial es el órgano de aplicación de la ley que regula la actividad. Tampoco envió en los últimos años informes sobre nuevos establecimientos instalados en la ciudad.
Entre las faltas más comunes, en las residencias no habilitadas suele haber ausencia de personal especializado, una estructura poco adecuada para la atención de las personas que allí viven y la insuficiencia de elementos de seguridad para evitar accidentes.
El negocio de la vejez
El cuidado de los ancianos se convirtió en un verdadero negocio. La demanda es grande y la oferta reducida, sobre todo si se tiene en cuenta las dificultades que comporta habilitar un establecimiento de estas características.
Por ello, hay de todo: desde hogares de categoría hasta lugares donde conviven muchos, demasiados “pacientes” en espacios ínfimos y un solo baño, por ejemplo.
Hay muchos de estos sitios que cuentan con buena reputación y que son recomendados por los familiares de los asistidos. Aun así, carecen de habilitación. El problema, en cada caso, no es sólo para las familias y los pacientes. El Estado, cuando no controla, es responsable de lo que sucede.
Los geriátricos pueden ser de gestión pública o privada con o sin fines de lucro. A todos los regula la misma ley provincial. La fiscalización acerca del cumplimiento de esa norma es obligación del Gobierno provincial, pero también del municipal, cuyas autoridades “podrán realizar las inspecciones y cuantos más actos de control consideren pertinentes”.