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martes, mayo 11, 2021

Victorio vuelve por las Lechiguanas engañando a sus habitantes

Con contratos de “comodato” embaucaron a los pobladores de la isla para acreditar la propiedad de los terrenos y expulsarlos en cualquier momento.

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Las tierras que en la década del ‘70 fueron el paraíso soñado por King Ranch, para la experimentación y desarrollo de todo tipo de cultivos, hoy sostienen las inescrupulosas maniobras de quienes a costillas del Estado pretenden quedarse con las valiosas 50.000 hectáreas de las Islas Lechiguanas.
Cualquier sampedrino que promedie los 50, tendrá fresco el recuerdo de aquella aventura que proporcionó tanto trabajo y representó un impresionante desafío para quienes demostraron que esa porción de tierras entrerrianas, eran aptas para producción. Construyeron terraplenes, puentes, galpones para el personal, instalaron maquinarias, lograron la transformación mediante el sistema de polders y cañerías, y hasta descubrieron que algunas especies vegetales autóctonas podían ser comercializadas con éxito en el exterior, por poseer valores nutricionales extraordinarios.
El apellido Reynal por entonces, excedía la fama de las hermanas que comenzaban sus carreras de modelos. Fue Juan Reynal quien en una apuesta atípica tentó a un amigo de apellido Phipps a imitar lo que la familia Guest, había hecho en La Florida, Estados Unidos, mejorando terrenos pantanosos para realizar negocios inmobiliarios de gran rentabilidad.
Alguna vez, en Lechiguanas llegaron a trabajar más de 300 personas y plantar millones de álamos y sauces. Había allí 80 cm. de humus en la base de la tierra. Setenta equipos completos de tractores pesados, formaban parte del equipamiento para desarrollar las tareas. Esas mismas máquinas eran las que en tiempos de cosecha quedaban “encajadas” pero ofrecían tan buenos rendimientos que el parcelamiento logró tentar a importantes empresarios para comprar porciones de superficie entre los cuales se encontraba quien ayudó a Reynal cuando afrontó problemas financieros, uno de los banqueros del famoso Grupo Oddone y más tarde otros que llegaron a pagar más de 1000 dólares por hectárea.
Pese a las buenas operaciones realizadas, nadie se preocupaba por llevar adelante el proyecto, la parte forestada ya tenía 7 años y un suculento porvenir de tratos comerciales con Papel Prensa.

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El sueño terminó
La creciente de 1981, terminó con todo. El agua y los saqueos se llevaron los miles de dólares invertidos, y por ende, el valor inmobiliario de la zona pasó a ser ínfimo. Allí apareció quien con buenos contactos y una astucia inusitada, compró el territorio a precio vil: Victorio Gualtieri.
El hombre considerado la mano derecha de Duhalde en las obras públicas y cuestionado por su velocidad para hacer fortuna, comenzó con un gran plan de inversiones a solicitar dinero fresco al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nunca pagó y lo poco que hizo en el lugar se limitó a una pantalla, para quienes tenían que auditar qué se hacía con el dinero del banco bonaerense.
Años más tarde una comisión bicameral liderada por el Diputado Provincial Mosquera, denunciaba a la entidad y a su directorio por haber entregado millones de dólares a empresas que más tarde aparecieron como “insolventes”. Entre otras, Gualtieri, la curtiembre Yoma, Showcenter, el Parque de la Costa y varios más.
Por si alguien lo ha olvidado, estos créditos pusieron al Banco de la Provincia de Buenos Aires, al borde de un precipicio. Un fideicomiso votado por la legislatura que trasladó esas deudas al Gobierno Provincial, salvó las cuentas pero no a los pobres gerentes de carrera que tuvieron que afrontar procesos judiciales por haber “obedecido” a los directores y autoridades que alegremente entregaron el dinero a estos “grandes inversores/empresarios” a quienes la gente honesta y trabajadora conoce como “malandras”.

Vittorio, Victorio…
Los desaguisados de Gualtieri terminaron en quiebras y convocatorias que no evitaron –como sucede a menudo en el país- la creación de una nueva sociedad radicada en Uruguay conocida como Deltagroup y otra en argentina denominada Deltagro S.A. que en el año 2005, tenía como objeto la “explotación agropecuaria” y su domicilio fiscal en la Avenida Córdoba 315. Fue el Juzgado Nº 7, Secretaría Nº 14 quien tuvo a cargo la apertura del concurso de acreedores. Fue precisamente durante ese año, cuando La Opinión en su edición 496, publicó la noticia que indicaba que las inversiones de 40 millones de dólares que pensaba hacer Victorio Gualtieri, quedarían en la nada.

Desde la quiebra a la estafa
Por falta de espacio, nos privaremos de la indignación que produce saber que este empresario amigo del gobierno, se quedó con las tierras, con la plata y ahora arremete nuevamente para sacar nuevos beneficios. Escribiremos ahora el capítulo que tuvo su principio entre los días 26 y 27 de Febrero en las Lechiguanas.
Una comitiva compuesta por tres personas, de las cuales una se presentaba uniformada, comenzó a recorrer las viviendas que desde hace casi un siglo, se erigen humildemente sobre las costas de las islas entrerrianas. La mayor parte de la población vota y se abastece en San Pedro, pero… la jurisdicción judicial está establecida en Entre Ríos.
Los tres hombres que se acercaban a los domicilios traían en sus manos, contratos de “comodato” y se mostraban prepotentes y apurados frente a los isleños.
“No voy a sospechar que me van a mentir” dijo uno de los primeros en ser visitados que firmó sin leer, los papeles que le acercaban asegurándole que “por un año no lo iban a molestar”.
En menos de dos días, casi todos los habitantes sellaron su propia sentencia, reconociendo con estos contratos, LA PROPIEDAD de Deltagro, que unos días antes se había ocupado de colocar los carteles blancos con letras negras que decían “Deltagro S.A. Propiedad Privada”.
La redacción de estos documentos tiene ribetes escandalosos, en algunos de los ítems hasta se les prohíbe a los pobladores tener vacas o caballos, producir, cosechar o desarrollar cualquier actividad no autorizada por “el Comodante”.
Engañados vilmente, en apenas unas horas firmaron la pérdida de sus derechos de posesión y propiedad.

Otros casos
Quienes cuentan con otros recursos, desde hace dos años litigan en Entre Ríos con el patrocinio del Estudio Jurídico Aldazabal. Los que solo tienen su historia como patrimonio, quedaron a la deriva y encontraron como único camino, llegar tímidamente hasta La Opinión & La Radio con sus precarios documentos, pensando que ambos medios podían ayudarlos a esclarecer la situación.
La charla con las familias damnificadas fue más que triste. Para invalidar lo firmado, deberán presentarse en la justicia entrerriana para revocar los documentos firmados. Argumentos sobran, muchos de ellos no saben leer ni escribir y hasta, en el abuso, se cometió la torpeza de encabezar el contrato con sede en la ciudad de Gualeguay, algo que es una pérfida mentira y que en caso de conseguir el patrocinio de algún Defensor Oficial, podrán invalidar para que no los expulsen de sus tierras.
En los casos en los que la comitiva que responde al mando del abogado de Deltagro, Marcelo Sánchez, se encontraba con algún lugareño que se atrevía a hacer alguna pregunta, otorgaban un plazo mayor o simplemente exhibían las armas que llevaban como muestra de autoridad.
Indigna lo que ha sucedido con estos vecinos que por su condición, fueron violados salvajemente en sus derechos. Indigna mucho más que sea el mismo empresario que ya estafó a diestra y siniestra, el que ahora pretende encubrir a otros que proyectan un negocio millonario en el lugar, tanto desde la perspectiva productiva ganadera (pagan 10 pesos por mes para el engorde de cada vaca), como desde el perfil inmobiliario.
Hay mucho más para contar, sobre esta isla transformada ahora en Jurasic Park, donde los dinosaurios degluten a los seres humanos sin reparos considerándolos un simple trozo de carne.

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