Víctima de violencia de género sufrió el robo de sus pertenencias, le vendieron la casa y quedó en la calle

Una joven víctima de violencia de género busca colaboración para conseguir un inmueble barato en alquiler luego de quedar en la calle tras denunciar a su expareja por agresiones físicas reiteradas. Su historia da cuenta de los límites del sistema y de los organismos que deben intervenir en una situación que tiene muchas aristas que confluyen, todas, en la indefensión de la mujer.

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La joven tiene 31 años. Desde hace tiempo que denuncia a su expareja por hostigamiento y por violencia de género. Alguna vez lo perdonó e intentó recomponer la situación. Sin embargo, tuvo que volver a denunciarlo una y otra vez. Ahora logró una medida de exclusión del hogar. Él se fue de la casa. Pero antes, se ocupó de que ella tampoco pueda acceder a ocuparla: le robó todas las pertenencias y, según consta en la causa penal, vendió la construcción.

Tras la última denuncia, ella y sus hijos fueron alojados en el Refugio municipal para víctimas de violencia de género, a la espera de que la Justicia dicte las medidas necesarias para resguardar su integridad y la de los niños. Mientras esperaba, le avisaron que su expareja estaba retirando todas las pertenencias de la casa que habitaban juntos en la zona oeste de la ciudad, detrás del barrio San Francisco.

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El Juzgado interviniente dictó una medida de “exclusión de hogar” contra el denunciado, por lo que la Policía llegó a la vivienda para notificarlo de que debía abandonarla para que la denunciante y sus hijos puedan habitarla. Sin embargo, cuando llegaron ya no había nadie y a la casa le faltaba el techo por completo y las aberturas. “Estaba inhabitable”, dice el informe.

La medida cautelar dictada por el Juzgado no se podía ejecutar. En la casa de al lado había una mujer que aseguraba ser la dueña del terreno, quien fue citada a declarar. La víctima se puso en contacto con ella, que le dijo que debería “arreglar” con el denunciado. Todo indica que él habría acordado con ella un pago a cambio de los materiales de la casa, construida por la pareja en el terreno de otra persona.

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Para la joven denunciante, todo ello implica un problema serio. Ella había obtenido créditos a través de ANSES para comprar los materiales y todavía los está pagando. La construcción la hicieron en un terreno de una mujer familiar de su expareja, que luego vendió los derechos para escriturar a otra persona, que tiene la documentación respaldatoria firmada ante escribano público.

Ahora, no tiene dónde vivir. Junto a su padre de crianza se acercaron a La Opinión en procura de hallar alguna vivienda en alquiler a bajo costo, porque por lo pronto está parando en una precaria habitación en un asentamiento donde hasta la amenazaron de muerte y la atacaron con un arma blanca.

La joven informó que en Desarrollo Humano no hubo ningún tipo de intervención para con ella respecto de la problemática habitacional. También es cierto que en la denuncia que radicó hizo uso de su derecho a no requerir asistencia del equipo de esa dependencia municipal, por lo que quizás haya ahí un “teléfono descompuesto”.

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Con tres niños, sin poder recuperar la casa que habitaba, pagando todos los meses el crédito cuyas cuotas se descuentan directamente de la asignación universal por hijo, amenazada por su expareja y a la espera de una medida de exclusión perimetral que todavía no fue dictada, ahora busca ayuda para encontrar dónde vivir mientras intenta resolver el resto de los problemas.

Como si fuera poco, la separación con su agresor permitió que su hermana, una joven mayor de edad con discapacidad y problemas de salud mental se anime a contar que fue abusada sexualmente en varias oportunidades por el violento, lo que provocó la radicación de la denuncia penal correspondiente.