Una denuncia en la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud provocó una serie de allanamientos relacionados con la venta ilegal de medicamentos en cuyo marco secuestraron gran cantidad de remedios, otros elementos de interés para la causa y detuvieron a un hombre señalado como el proveedor.

Como adelantó La Opinión, los allanamientos tuvieron lugar en un supermercado de Sarmiento al 1100, un maxikiosco de Rivadavia y Obligado, una despensa ubicada más allá de las vías del Ferrocarril y una vivienda ubicada en el barrio Barrancas Driving Golf, camino a Vuelta de Obligado.

Tras la denuncia ante el Ministerio de Salud, la Unidad Operativa San Nicolás de la Policía Federal desarrolló una investigación que permitió establecer quién era el distribuidor de medicamentos y a qué comercios no autorizados proveía.

La Fiscalía Nº 7 intervino en la causa y el Juzgado de Garantías, con los elementos recolectados, autorizó el procedimiento, tras varias semanas de tareas de inteligencia. Los allanamientos comenzaron el jueves por la mañana y terminaron cuando ya había oscurecido.

En los comercios y en la vivienda del proveedor secuestraron gran cantidad de medicamentos, valuados en más de 2.750.000 pesos, informaron fuentes oficiales. Además, incautaron computadoras, teléfonos celulares, documentación y dinero en efectivo.

El proveedor fue detenido y trasladado a la sede San Nicolás de la Policía Federal, donde quedó a disposición de la Justicia para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa.

La legislación vigente establece que los medicamentos sólo pueden ser expendidos al público en farmcias, es decir locales cuyo titular es un profesional farmacéutico matriculado en el Colegio provincial. Por ello, por ejemplo, en abril allanaron locales de kioscos 24 horas de la cadena Dillon.

Los kioscos, despensas, supermercados, etc. no pueden vender remedios. Ni siquiera los de venta libre, pero mucho menos los que necesitan receta médica, en cuyo caso además de la infracción administrativa aparece la cuestión penal, puesto que se trata del delito de “usurpación de títulos y honores”.

Además, las droguerías que proveen esos medicamentos sólo pueden entregarlos en su distribución desde su sede a las de las farmacias. Sin intermediarios. Una investigación de La Opinión reveló hace más de una década una trama en la que deben intervenir muchos organismos para hacer cumplir la normativa vigente.