Vendieron una casa de las 150 viviendas por $ 5.000 y una moto
La adjudicataria dice que solo pidió el valor de los materiales de las mejoras que había hecho en la casa, y entregó el documento original firmado por el municipio. Hacía dos años que no vivía en el lugar. La familia que la compró vendió una camioneta en $ 5000 y entregó además una motocicleta valuada en $ 1000, pero dicen que quieren averiguar cómo pueden ser confirmados como propietarios. Hasta el domingo en que se mudaron, vivían en otra casa del mismo barrio que le habían “prestado”.
Los vecinos fueron quienes comenzaron a comentar “la nueva mudanza” de las tantas que ya hubo, en el barrio de las 150 viviendas. En principio los rumores indicaban que la familia recién llegada la había comprado entregando sólo una motocicleta, pero otros agregaban un equipo de música y hasta $ 500 en efectivo.
La realidad es que desde el domingo 23 de Julio, Lorena Gutiérrez y Miguel Zacarías viven con sus seis hijos en una casa del barrio San Miguel a pesar de no haber sido nunca adjudicatarios originales de una de las 150 viviendas. Compraron la nueva casa por un monto de dinero irrisorio, si se tiene en cuenta el valor de cualquier propiedad.
Pagaron en efectivo $ 5000, que Zacarías obtuvo de la venta de una camioneta Ford Ranchero, y entregaron un ciclomotor por el valor correspondiente a $ 1.000. Es decir, que abonaron un total de $ 6.000 por la vivienda ubicada en Javier Rivero 1875, en pleno corazón de las 150 viviendas y a metros de donde se produjo un crimen aberrante el año pasado.
Aunque ninguna de esas viviendas se pueden vender, permutar o alquilar, los compradores se mostraron tranquilos por su adquisición. Los dos le dijeron a La Opinión, en la puerta de su propia casa, “a nosotros no nos van a sacar de acá”, confesando que sabían que “algo se había dicho en La Radio” sobre esta increíble venta.
“La dueña de acá nos dio todos los papeles”, dijo Gutiérrez mostrando un boleto de compra venta firmado por el Intendente Municipal y con fecha del 22 de Agosto del año 2002.
“Nosotros vivíamos acá a la vuelta en otra casa del barrio, que nos habían prestado”, aclararon indicando que esa otra vivienda está ubicada en Alvarado 1300 y le pertenecía a otra familia de apellido Cáceres. Pero como sabían que la de Javier Rivero estaba desocupada desde hacía tiempo, decidieron reunir el dinero suficiente para tener la “casa propia”.
“Yo voy a ir al municipio a averiguar, para ver cómo puedo hacer para poner la casa a nombre mío”, dijo Gutiérrez, consciente de que no es el único caso irregular en el barrio.
Cuestión personal
Teresita de Antola es la vendedora, y es la adjudicataria original de la casa de Javier Rivero 1875. Antes vivía en el barrio de Las Canaletas pero sobre la barranca, a la altura de la cancha de América. Por eso recibió la vivienda cuando se entregaron, en el año 2001.
“No tengo nada que decir de mis vecinos de ese barrio. Todos se portaron muy bien con nosotros siempre. A mi marido, los chicos lo saludaban señor de acá y de allá, nunca tuvimos un problema”, explicó a este medio.
Sin embargo, hace dos años decidió abandonar esa casa por una situación que prefiere no mencionar. “Fue una cuestión personal”, dice confesando que tiene que ver con un enfrentamiento puntual con otra persona, que ni siquiera vivía en el barrio y que ella incluso sufrió una gran depresión con posterioridad al suceso.
Su marido la convenció de regresar a Las Canaletas y se mudaron entonces a donde hoy viven, una casa pequeña y sencilla ubicada casi frente a la sede del Club América. Pero siguieron cuidando y limpiando la vivienda de las 150, donde incluso vivió una de las hijas de Teresita durante un tiempo.
Hasta que surgió la oportunidad de venderla a la familia de Zacarías. “Nosotros le habíamos hecho muchos arreglos, un cerco de madera completo…”, dijo la mujer para aclarar que los $ 6000 que cobró corresponderían al valor de los materiales invertidos en la propiedad durante el tiempo en el que vivieron, porque si bien sabía que esas casas no pueden comercializarse, su intención era al menos “no irse sin nada”.
“A uno no lo pueden obligar ni el municipio ni nadie, a vivir en un lugar que no desea”, dijo la señora de Antola a La Opinión remarcando que, en su caso, no se marchó del barrio por los robos o ataques de las pandillas, pero en el tiempo en que no vivió allí su casa se deterioraba cada vez más por lo que decidió entregarla.
“Nosotros también nos vamos”
Las mudanzas y cambios en las 150 viviendas son moneda corriente para los vecinos, que se muestran resignados incluso a la violencia con que permanentemente deben convivir.
Los “originales” que viven allí desde hace cinco años, aseguran que permanentemente las viviendas cambian de manos y que jamás nadie recibió alguna intimación de la municipalidad. Incluso no recuerdan que alguna asistente social los haya visitado en todo este tiempo.
La titular del área de Desarrollo Humano, Martha Perret, consultada por este intercambio de viviendas, reconoció que el control de estas situaciones es muy difícil y aunque recientemente se hizo un relevamiento social en el barrio, los cambios son continuos. “Aunque nosotros hablemos con la gente, y le explicamos que no pueden vender o alquilar la vivienda, lo hacen igual”, dijo.
Para los profesionales que atienden estos barrios, más allá de la inseguridad y los conflictos entre vecinos, uno de los motivos por los cuáles se realizan tantos cambios de viviendas es cultural. Incluso relatan un caso en el mismo barrio, en el que una mujer se mudó dos veces, pero ahora está viviendo nuevamente en la casa original que le habían adjudicado.
Perret confirmó que el relevamiento realizado en las 150 viviendas fue enviado a La Plata, al Instituto de la Vivienda, para que conozcan las irregularidades y ahora habrá que esperar si se toman medidas, algo improbable porque la única intervención posible debería realizarla la justicia, imponiendo desalojos que en otros casos de denuncias más graves, como usurpaciones, nunca llegan.
Las mudanzas siempre traen inquietud entre los habitantes. “Siempre el cambio es para peor. Se van los buenos y viene otra gente”, opinan los vecinos. Algunos, están barajando la posibilidad de tomar la misma medida para recuperar la tranquilidad.
“A mi marido le dije que nos vamos también nosotros, si total a nadie le hacen nada por vender. Si consigo quién me compre, me voy a cualquier otro lado porque no quiero saber nada más con este barrio”, aseguró una vecina que vive en inmediaciones de Aulí y Javier Rivero, una esquina en la que continuamente se juntan chicos “para consumir drogas y beber alcohol”.
Una de esas viviendas, está ocupada desde hace un tiempo por una “nueva” familia oriunda del barrio 2 de Abril, que inquieta a muchos habitantes. Pero todos callan por temor, y porque no pueden olvidar el cuerpo de Alfredo Arroyo, que apareció desnudo y con el rostro destrozado por los golpes hace casi un año. Sentencian: “Acá en cualquier momento hay otro muerto. Pero hasta que no pase de nuevo nadie va a hacer nada. Nosotros somos conscientes de eso, y por eso nos queremos ir”.
Lo que dice el boleto
El documento original de la adjudicación de la casa de Javier Rivero 1875, indica que “la Municipalidad de San Pedro representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Dn. Mario Leandro Barbieri, con domicilio en la calle Pellegrini 150 de la localidad de San Pedro, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y por la otra la Sra. Duarte, Teresita del Carmen, DNI 13.079.518… casada con el Sr. Antola, Javier Eduardo DNI 13.505.205… con domicilio en la calle San Lorenzo 1240 de San Pedro, en adelante EL COMPRADOR se procede a formalizar el siguiente boleto de compra venta en un todo de acuerdo a las siguientes cláusulas:
1. LA MUNICIPALIDAD entrega en este acto a EL COMPRADOR la posesión de una parcela identificada catastralmente como Circunscripción I, Sección G, Quintas 16-17-20-21-25, Manzana 21 A; parcela 8, originada en el plano de mensura y división aprobado por la Dirección de Geodesia bajo la característica 99-9-02 con fecha 30/04/02. La presente compra venta se realiza en el marco de la Dirección Provincial de Familia Propietaria conforme a lo estipulado en el convenio firmado…”
Las cláusulas 2 y 3 de ese boleto, indican que “el monto del terreno se fija en $ 3420, 25, correspondiente al monto total de la operación incluida la escritura e infraestructura”, y que “el comprador se compromete a abonar el terreno recibido de la Municipalidad en 144 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de $ 23,75, pagaderas del 1 al 10 de cada mes, venciendo la primer cuota el mes de Octubre de 2002”.
Y en la cláusula 5º, se agrega que la escritura se firmará “por ante la Escribanía General de gobierno de la provincia de Buenos Aires o por Escribano… dentro de los 90 días de la fecha contados a partir de la firma del presente Boleto de compra venta”.
Por último y lo más importante, la 7º cláusula indica que “el comprador no podrá transferir el lote por el término de cinco años, bajo condición resolutoria. En caso de que el comprador renuncie, podrá gestionar la devolución del terreno a la Municipalidad. De resolver ésta su aceptación, procederá a devolver los importes percibidos a la fecha de la misma forma y tiempo que el renunciante los ingresó y readjudicará la parcela a quien siguiera en orden de mérito en la lista de suplentes”. Y la última cláusula indica que “la falta de cumplimiento de lo estipulado en el presente Boleto de compra venta dará lugar a la resolución del mismo y la Municipalidad exigirá la restitución del bien sin necesidad de interpelación judicial alguna, sometiéndose las partes a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de San Nicolás”.