Varios vecinos del Bajo Puerto no aceptarán las nuevas casas
*Algunos no están dispuestos a pagar por las nuevas viviendas o se quejan del valor de las cuotas. Otros directamente no quieren dejar sus lugares actuales porque no encuentran en el canje las comodidades y posibilidades laborales que hoy tienen. *Desde la Municipalidad se observa con preocupación esta actitud y pronostican que será imposible “limpiar” totalmente ese sector con el que comenzó la relocalización de vecinos para dejar los terrenos de Arcor libres de ocupantes. *Este plan contempla la mitad de los residentes en la zona y aún no hay certezas sobre la llegada del resto de los fondos que harán falta para construir 80 casas más y ofrecerles una opción al resto. * Indalar no anunció hasta el momento ningún proyecto concreto para esas tierras y debería solicitar el desalojo si no se llegara a completar la mudanza tal como fue planteada.
Si el sueño del puerto activo, proyectado y con generación de riquezas se frustró, porque no habría de ocurrir lo mismo con otra de las instancias que se plantearon en aquel anuncio rimbombante de Marzo de 2004.
El gobernador de la provincia Felipe Solá y el Presidente de Arcor Luis Pagani se estrecharon en un abrazo del que no excluyeron al Intendente Mario Barbieri, cuando la empresa de alimentos más importante de Argentina anunció su proyecto portuario sobre las tierras que compró a fines de los ´70.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires entregó en ese momento el primer cheque de un crédito por 2.9 millones de pesos para construir 80 casas con un valor estimativo de 36.250 pesos cada una, que serían destinadas a la primera etapa de liberación de las tierras que Arcor pensaba destinar a su puerto. La Provincia le dio un crédito a los sampedrinos para que la Municipalidad le cobrara luego esas viviendas a los que, en teoría, cambiarían un modo de vida precario por un ámbito más limpio y seguro. En ese mismo acto, Arcor hizo su aporte y así como lo hizo en los ´80 con las tierras del Barrio Futuro, cedió un predio muy valioso sobre la calle San Martín en inmediaciones del caserío de Dipietri para que allí se construyeran esas casas.
En ese momento los vecinos comenzaron a hacerse preguntas, pero el entusiasmo de la llegada de inversiones que darían trabajo ocultó una parte de la historia.
Además, nadie, ni en ese momento ni ahora, contaba con documentación fehaciente que le permitiera discutir la propiedad del terreno a Indalar, con lo cual, se estaba planteando una salida relativamente razonable para algo que, en otro momento y con otros riesgos, la empresa podría resolver solicitando a la justicia un desalojo.
La Provincia liberó los fondos del crédito y la Municipalidad llamó a licitación para la construcción de las casas que hoy ya están casi listas y serían entregadas en el transcurso de los próximos 60 días.
Sin dinero para la segunda etapa
El dinero prestado a la Municipalidad de San Pedro estuvo destinado a construir 80 casas, en teoría para 80 familias. La estimación hecha a través de la Secretaría de Obras Públicas y de Desarrollo Humano indicó que allí residían en 2004 por lo menos 160 familias que debían ser trasladadas. En ese momento se planteó la necesidad de un segundo crédito para seguir el plan del primero, pero esos fondos no sólo no se enviaron sino que además, podrían no llegar nunca.
La Provincia hizo su aporte, en un contexto de desarrollo productivo y para devolverle a Arcor tierras que iban a ser usadas para un puerto modelo. Arcor cambió el proyecto pretendiendo integrar sus tierras y el puerto público actual, pero ese modelo “no pasó” el filtro del Consorcio de Gestión también creado por el gobierno provincial.
Hoy, el puerto público está administrado por el Consorcio y la inversión de Arcor pasó a la historia, aunque algunos señalan que en algún momento insistirán. Sin embargo, ni a la Provincia ni al gobierno sampedrino, le genera ningún beneficio extra que se “limpien” esos terrenos en los que la empresa, hasta podría decidir encarar un negocio inmobiliario con valores muy superiores a los que se manejan en otros sectores de la ciudad.
Con este marco es difícil pensar que la Municipalidad consiga 2.9 millones más para construir las 80 casas con las que habría una casa para cada familia del Bajo Puerto y, si no se van a mudar todos, ¿con qué argumento se puede exigir cumplimiento pleno a los que no se quieren ir?
No podemos pagar 150 pesos
La pre-adjudicación de las primeras 80 casas está resuelta pero aún no se ha dado a conocer el listado. Hay censadas 80 familias en un triángulo delimitado por la bajada que desemboca en el elevador y el final de la bajada diagonal que desciende desde Villa Depietri. En ese sector estallaron las primeras quejas, sobre todo porque hay muchos que, aún sobre terrenos no propios, pero transferidos de generación en generación, han construido casas fuertes, amplias, con una vista ideal en algunos sectores y hasta con emprendimientos comerciales que son su medio de vida.
“Yo me construí mi casa, tengo una familia numerosa, y si me tengo que ir tiene que ser a un lugar mejor”, comentaba ayer una vecina que cuida a sus hijos y nietos en ese lugar.
Este caso representa al de muchos que no hicieron oportunamente trámites de posesión ventieañal y que estaban adentro cuando Arcor compró esas tierras. Los que viven bien, sólo aceptarán mudarse a un lugar mejor y venderán cara su decisión pudiendo incluso llegar a recurrir a la Justicia ahora, como no lo hicieron hace 30 años. Toman como referencia la resolución que el Gobierno Municipal del Dr. Pángaro tomó en el caso de Canaletas, donde los habitantes del lugar obtuvieron su escrituras tras pagar en cuotas muy accesibles sus terrenos. Miran también con atención el proceso que se sigue contra las familias Melgar y Gordó que aún ocupan la calle por donde pasa el trazado del nuevo Bolulevard.
Otra visión es la que aportan quienes aceptan que viven en un lugar que no corresponde y además lo hacen en condiciones de extrema pobreza. “Yo no puedo pagar por mes, porque tengo que pagar la luz, el cable y darle de comer a mis hijos” expresó una mamá. Esta opinión es representativa del grupo que se mudaría mañana mismo, pero no está dispuesto a pagar cuotas de $ 150 por las casas.
Finalmente están los que discuten el monto que la Municipalidad pretende cobrar para ir recuperando el dinero del crédito. “Primero nos dijeron que iba a ser una cuota mínima y ahora nos salen con que tenemos que pagar 150 pesos por mes”, dijo indignada una vecina que además remarcó que algunos funcionarios que asisten como intermediarios no les dicen toda la verdad.
Ayer en reuniones por la mañana y por la tarde, se discutió mucho sobre la presencia del Intendente en el barrio. “Queremos que venga él en persona y nos diga cómo van a ser las cosas”, repetían.
Quienes están yendo son funcionarios de Obras Públicas y Desarrollo Humano, desbordados por una realidad difícil de afrontar y con argumentos que en algunos casos ni ellos mismos comparten, pero que deben utilizar para persuadir a los supuestos “usurpadores”.
De crédito a subsidio
El Director de Viviendas de la Municipalidad Flavio Peyró fue el blanco de varias críticas por parte de los vecinos. “Estamos acostumbrados porque todos los planes de viviendas son así”, reconoció. En el transcurso de esta semana participará de una reunión en La Plata en la que se intentará convertir al crédito otorgado por la Provincia en un subsidio, que elimine esa cuota mensual tan resistida.
Como dato poco alentador aparecen las declaraciones del último fin de semana del Ministro de Economía de la Provincia quien habló de una delicada situación financiera que impide la realización de muchas obras. Este escenario no es muy apropiado para pedir que se renuncie a cobrar el crédito y además que se envíen mas fondos para avanzar con una obra que perdió sus objetivos.
Hasta que no se decida lo contrario la Municipalidad de San Pedro debe devolverle al gobierno de la provincia de Buenos Aires después del final de obra y del período de garantía, una cuota mensual que se debería obtener con el pago de los propios vecinos.
La financiación ofrecida a los lugareños en las reuniones que se vienen generando, es de 150 pesos por mes, en 30 años. De este modo se llegaría a unos $ 54.000 que es el valor total financiado estimado para una vivienda tipo. Como se explicó antes, el costo de las casas al inicio de la obra rondaba los 36 mil pesos.
Dicen que de las 80 familias que deberían mudarse en la primera etapa, sólo se irían 60 y con mucho trabajo y que habrá 20 que resistirán. En ese caso será la empresa Arcor la que tendrá que buscar alguna forma de acompañar a la Municipalidad en este proceso, considerando que si el terreno queda limpio, serán ellos los que deberán velar por su mantenimiento libre de ocupantes.
Desde Arcor consultaron a principios de año sobre la marcha de las obras y los plazos para la entrega de las casas pero nadie habla de un proyecto concreto en el lugar. Tampoco lo hacen con los medios que han consultado reiteradamente sobre los nuevos proyectos de la empresa para esa zona.
La actitud de Arcor es tan pasiva como su perfil y por cierto es difícil penetrar el cerco de silencio con el que se manejan hacia la opinión pública, algo que quedó de manifiesto también cuando se salió muy tarde a defender el proyecto portuario que finalmente sucumbió. Tanto es así que algunos sugieren denominar al nuevo barrio “Puerto Truncado” en alusión a este fracaso con responsabilidades compartidas.
Será delicada la persuasión para mudar a todos los que se quieren ir y también será difícil encontrar razones, derechos y merecimientos en una trenza de temas tan particular.
Reacciones ante un problema creciente
Además de los directamente involucrados en este asunto, la difusión de esta resistencia por parte de los vecinos invita a la polémica en otros sectores.
No son pocos los que están esperando una oportunidad para acceder a una casa de similares o aún menores condiciones que las que se les ofrecen a los vecinos del Bajo Puerto. Algunos están dispuestos a pagar 150, 300 y hasta 500 pesos para llegar a tener la casa propia con una financiación blanda (y poco exigente) a 30 años, y así dejar de ser inquilinos toda la vida.
El contraste de realidades y la desesperante emergencia habitacional que tiene San Pedro provoca una batalla verbal de pobres contra pobres que por cierto no conduce a nada.
Este reclamo constante de miles de vecinos que no tienen casa propia y no retienen su bronca al ver las facilidades con las que les llegan a otros (que así y todo se quejan), es una luz roja en la gestión del Intendente Barbieri que todavía no logra presentar ante la comunidad planes de ejecución inmediata para ofrecer alternativas al sector social que puede pagar pero necesita financiación.
Algunos sugirieron incluso dentro de Arcor, que las viviendas bien podrían ser para los trabajadores de la empresa que no tienen casa propia y no tendrían problemas en pagarlas o para otros interesados que en las condiciones actuales jamás accederán a algo semejante.
En las gestiones que se harán para pedir que el dinero del crédito para las casas de Arcor sea considerado un subsidio, también se recorrerán organismos provinciales para definir alguno de los proyectos de viviendas que se manejan.
Sólo en el Plan Federal están proyectadas 5 obras importantes. Algunas ya tienen terrenos asignados o adquiridos por cooperativas que esperan financiación para construir. Hay otras gestiones para lograr fondos del Instituto de la Vivienda y alrededor de 15 cooperativas más que se han formado y están organizándose para obtener fondos que les permitan comprar tierras y después acceder a los créditos para levantar sus casas.
Junto a las gestiones para obtener nuevos créditos y nuevos planes, se impone una depuración real y concreta de los listados de aspirantes que en algunos casos están inscriptos desde hace 5 ó 10 años. Muchos de ellos han cambiado su situación general y pueden llegar a encontrarse más cerca que otros que realmente están en riesgo.