Usurpe pero no deje que lo “notifiquen”
A la indignación por el fallo que legitimó las usurpaciones se suma un detalle explosivo: la Justicia “olvidó” notificar a quienes estaban demandados. La sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones de San Nicolás obliga al Municipio a solicitar a la empresa el final de obra. Varios profesionales se preguntan por qué, la gestión de Barbieri no recurrió de manera simultánea al ámbito civil.
Tras el primer round legal por el caso de las ciento seis casas tomadas en el barrio de la ex quinta Picagli, las opciones no son muchas, pero las actividades sobran. Una vez vuelta la causa a la ciudad, el actual Fiscal de la Unidad local, el Dr. Darío Giannorio, tiene la no tan sencilla tarea de comprobar algunos puntos que para la Justicia no están resueltos en lo penal, para demostrar que se configuró el delito de usurpación. Es por esto, que una de las primeras medidas que dispuso, es la creación de una Secretaría dentro del mismo organismo, que se dedique completamente a esta problemática. El abogado Fernando Nouet, fue el designado y a quién le tocó la parte más complicada. “Son varias las acciones que hay que llevar a cabo” comentó, ya que algunas de las cuestiones que por procedimiento legal ya deberían haber estado resueltas, no lo están.
Hola, usted está cometiendo un delito
En los alegatos presentados por la Defensoría oficial del Dr. Ganon, en oportunidad de la apelación al desalojo, en un asombroso fragmento decía: “…Las personas a desalojar, nunca fueron notificadas de la formación de la causa en su contra, imputación base del desalojo, hecho que también viola el derecho de defensa en juicio…” y aunque parezca irreal, así fue, pero no sólo con las personas bajo pedido de expulsión, sino que tampoco habían sido informadas las personas que “participaban” de una causa. Desde el día de ayer, el mismo Nouet, es el encargado de realizar el trabajo en el barrio, de ir golpeando cada una de las puertas, para poner al tanto a los que allí habitan, que son parte de una cuestión legal, más exactamente, “que están procesados por un ilícito”, que en realidad no está definido.
Qué tendrá para decir a todo esto la Ex Fiscal Gabriela Ates, quien fue severamente cuestionada por la Defensoría en su actuación. Una cosa es perder una acción judicial, “otra es que actuemos como tarados”, espetó un conocido abogado que pertenece al riñón municipal.
Como segunda medida, se deberá entrevistar a cada uno de los actuales habitantes, para saber cuál es su realidad, pero desde la perspectiva de cómo llegaron hasta el sitio, como se enteraron de las tomas de vivienda, de que manera ingresaron y demás. Algo que refuerza la teoría de los “malos procedimientos” realizados por la repartición a pocos días de las elecciones que le dieron la victoria a Mario Barbieri. En ese sentido se debería también cuestionar el rol de la policía que, por entonces, respondía a las órdenes del Capitán Sergio Pérez. Tanto Ates como Pérez, están vinculados a otras cuestiones que fueron motivo de acusaciones y el posterior sumario de la funcionaria a quien entre otras cosas se le adjudica “haber plantado pruebas” durante la gestión del funcionario policial mencionado.
La presentación municipal
Luego de dar a conocer estas novedades, la Municipalidad decidió realizar una presentación ante la Unidad Fiscal de la ciudad. Lo hizo a través de un expediente en donde detalló todas las actividades (reuniones, trámites, peticiones) realizadas.
La misma, que consta de cinco puntos, refleja la preocupación en algunos aspectos: “Hoy existe un serio riesgo de vida para muchos de los menores que habitan las casas ocupadas, dado que existen conexiones clandestinas de energía eléctrica en total exposición, se aproxima la época invernal, las enfermedades derivadas de la falta de sanitarios, puertas, ventanas por exposición a los elementos y demás circunstancias de cada familia en particular conforman a este grupo en uno vulnerable, que también comprende a ciudadanos de San Pedro.” Así comienza describiendo, con un objetivo claro, un pedido de audiencia. Allí, expone además, tres puntos de inconvenientes, siendo el primero la “mínima seguridad” para los habitantes debido a las conexiones clandestinas. Como segundo punto, solicitan los materiales de obra para poder terminar las casas y por último, la provisión de agua potable, diciendo: “hoy muchísimas de las viviendas no poseen sus sanitarios siquiera. La falta de agua y de disposición de excreta conlleva a una situación indigna y cultivo de distintas enfermedades infecto contagiosas”. Con estos alegatos entre otros, el Intendente Barbieri, solicitó el pasado 22 de Mayo, una audiencia conjunta con la Policía local y distrital, la empresa Giribaldi, la Coopser, el Centro de atención de los derechos de la víctima y el Ministerio de Planificación Federal a fin de resolver los puntos planteados.
En los documentos anexados, entre otras cosas, se incluye el acta redactada el pasado día dieciséis, cuando se realizó una reunión entre los Secretarios Vellón, Zeme y el Director de Viviendas y Escuelas Flavio Peiró por parte del municipio y María Alejandra Giribaldi, socia gerente de la empresa que tiene a cargo la construcción de las viviendas. Allí, se informó la resolución de la Dra. Vázquez, donde el municipio indica a la empresa que: “Se ratifica el enfoque que hay que brindar desde el estado local al tema: SI NO SE PUDIERON OBTENER LAS VIVIENDAS EN EL CORTO PLAZO, SE DEBE ANTENDER A LA CUESTIÓN HUMANITARIA QUE IMPLICAN LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO, cualquiera sea el orígen que las haya colocado en esa situación.” Luego, se convino que las viviendas deben ser terminadas por la empresa y se descarta la entrega de los materiales como una solución posible, según dice, atento que resultaría ilegal.
Desde la sede del Ministerio Público local, extraoficialmente y todavía sin haber enviado una respuesta, los comentarios son “esa no es nuestra función, no nos podemos reunir por eso, nosotros tenemos que investigar”. Igualmente, desde la Justicia siguen aclarando que desde la Municipalidad se podría realizar una denuncia civil, más fácil de comprobar y poner fin a la situación. Algo que a esta altura de la cuestión debería estar más que claro para quienes tengan la verdadera intención de no convalidar situaciones irregulares, tanto desde el oficialismo como de la oposición. Para el común de la gente la pregunta es: ¿Ahora se dan cuenta de las necesidades de las familias a las que le permitieron vivir en esas condiciones?
Protegiendo a las víctimas con psicólogos
Sin esperar demasiado, desde el ejecutivo, los miembros afectados al tema se pusieron a trabajar en esta cuestión social. Así, se realizaron reuniones y comunicaciones. El próximo paso que los okupas piensan dar, es el de que finalmente les entreguen los materiales que les hacen falta, pero esto se ve afectado por las divisiones que se produjeron entre habitantes del el Barrio. Un grupo, liderado por Antonio “Tony” Correa y otro por Ana Sotello fueron convocados a una reunión en la Secretaría de Desarrollo Humano, seleccionados como referentes del caso por el Centro de Protección a los Derechos de la Víctima de la provincia. Este organismo, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Dra. María Pía Leiro del Ministerio de Justicia, tiene como misión “brindar asistencia integral, acompañamiento y contención a los habitantes de la provincia que se encuentren sufriendo las consecuencias de haber padecido algún delito en su perjuicio”, según dice la página web del grupo que dirige el Dr. Alberto Palacio. Sin embargo, la paradoja hace pensar quienes son las verdaderas víctimas de este caso. Es por eso, que en la reunión llevada a cabo el viernes al mediodía, participaron desde esta repartición, el Psicólogo Dr. Gabriel Pissaco, la Trabajadora Social Lic. María Eugenia Bulfón y la abogada, Dra. Marina Font, junto a Marta Perret y Facundo Vellón. En el encuentro, se conocieron los pormenores y detalles del caso, donde las personas que representaban al barrio, fueron notificados por el pedido de audiencia realizado desde el Municipio. En otro tramo, se anunció la realización de un nuevo censo, que se llevará a cabo por parte de la Secretaría de Desarrollo, por pedido explícito de que todo se canalice por esta área, a través de sus asistentes sociales y se solicitó que se trate de designar un jefe por manzana. Es verdad, no ficción, aunque nunca quedará claro quiénes fueron las verdaderas víctimas de lo sucedido.