Usurpaciones: el Juzgado ordenó el desalojo en Bozzano y Ansaloni y en Güemes y 35 bis
La Justicia resolvió desalojar a los ocupantes del primero y el segundo de los predios ocupados durante la ola masiva de usurpaciones registrada a mediados de enero. Los pasos que siguen son la notificación a los ocupantes y el relevamiento de la presencia de menores. Si una vez notificados, los usurpadores no se retiran por sus propios medios, deberá tomar intervención la fuerza pública. Comenzarán por la excancha de Independiente.
Finalmente, a más de 20 días de la primera toma masiva de terrenos por parte de familias en distintos puntos de la ciudad, la Justicia resolvió acceder a la solicitud de la fiscala Viviana Ramos y dictar las órdenes de desalojo correspondientes.
El Juzgado de Garantías interviniente confirmó el desalojo para dos predios: el ubicado en Bozzano y Ansaloni, en la excancha de fútbol infantil del club Independiente, donde antiguamente funcionaba la curtiembre de las familias Begino y Schmidt, propietarios del terreno, y el de Güemes y 35 bis, cuya propietaria es la familia Peña
Uno es el primer espacio tomado por familias, el sábado 19 de enero, que rápidamente se transformó en un asentamiento precario con casillas de chapa y madera, cuyos ocupantes pedían la presencia de autoridades y aseguraban que querían "pagar" por la parcela que usurparon.
El otro fue el segundo y lo tomaron el miércoles 23 por la tarde. Son 18 familias que, al igual que en el otro predio, sostienen que quieren "pagar" y aseguraron que usurparon porque no tienen dónde vivir y porque "el terreno estaba abandonado".
Para hacer efectivo el desalojo, la Justicia debe ahora notificar a quienes están en situación de toma. Además, debe intervenir la Municipalidad, a través del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño para relevar la presencia de menores de edad, aunque no siempre se desarrolla ese relevamiento: en otra usurpación, en 2016, sólo estuvieron acompañando por si hacía falta asistencia inmediata.
El martes, representantes del gobierno y los propietarios estuvieron reunidos en Fiscalía para analizar los pasos a seguir. La Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Roleri se pondrá a disposición para dialogar con los ocupantes y evitar que haya una situación conflictiva.
Es que si los ocupantes del terreno, una vez notificados de la orden de desalojo, no se retiran por sus propios medios, el paso que sigue es el uso de la fuerza pública para garantizar la restitución de la propiedad a sus legítimos dueños.
De los seis predios tomados esa semana, además de estos dos que ya tienen orden de desalojo queda un tercero con ocupantes. Se trata del terreno ubicado en Dávila y Cruz Roja, propiedad de 11 familias que lo compraron de manera colectiva con el sueño de tener la casa propia.
