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El jueves pasado tuvo lugar una nueva sesión ordinaria en el Concejo Deliberante, donde se trataron diversos temas. El encuentro comenzó de manera interrumpida por un cuarto intermedio que pidió el concejal Daniel Monfasani para solicitar la incorporación al orden del día de una carta enviada por el Intendente Municipal Pablo Guacone.
En ella, el Jefe Comunal expresaba una serie de pasos que los concejales deben seguir a la hora de pedir información perteneciente al municipio. La misiva fue redactada tras el pedido de Monfasani para ver el libro de sueldos del mes de abril.
Tras la lectura de la carta, el concejal y precandidato a intendente expreso: “El intendente nos está tomando el pelo, nosotros sabemos cuáles son nuestras funciones como concejales y qué pasos debemos seguir”.
Fue tan improvisado todo lo que despertó ésta carta que varios concejales se pusieron incómodos, entraban y salían del recinto con continuidad, varios comentaban que en el transcurso de la sesión les acercaban información a los ediles oficialistas para defender al Intendente.
Otro tema que desató debate fue la ordenanza de creación de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, proyecto aprobado por unanimidad. Antes de la votación los concejales Martín Pando y Sandra Mari intercambiaron ideas sobre lo que significaría la creación de ésta oficina y el aumento del personal del municipio.
“Estamos de acuerdo con el proyecto, pero hay que decir que esto significaría un aumento en al planta permanente del personal, algo que en éste recinto se viene criticando desde hace tiempo”, señaló la edil del ahora oficialista bloque Peronismo Independiente.
Por su parte, el edil del Acuerdo Cívico y Socia, autor del proyecto en cuestión, disparó: “Sí, pero aquí se tomarán exámenes para que ingrese el más capacitado. No se tomará al hijo de un concejal, un puntero político o un amigo del intendente, no nos va a importar como piense esa persona sino como trabaje”, en clara alusión al ingreso del hijo de Mari a la planta de empleados municipales. Con catorce votos a favor y sólo Macenet en contra, fue aprobado el proyecto que pide explicaciones sobre por qué no se ha realizado el pedido a licitación para la ejecución de la red de distribución de gas en las localidades de Santa Lucía y Pueblo Doyle.
Además, fueron aprobados un pedido al Ministerio de Infraestructura de la provincia para que ilumine el acceso a Río Tala hasta ruta 1001, y el proyecto del Concejal de Unión Pro Damián Mosquera que habilita el uso de grúas para retirar de la vía pública los automóviles que estén estacionados en infracción.
