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sábado, octubre 23, 2021
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Una sentencia que puso fin a décadas de impunidad militar

La semana pasada culminó el juicio que investigó los delitos de lesa humanidad cometidos en la región por los miembros de la última dictadura cívico militar. Hubo prisión perpetua para los máximos responsables y penas morigeradas para el resto. El expolicía sampedrino Daniel Quintana también recibió la máxima.

 

El auditorio Macacha Güemes del instituto tecnológico Rafael de Aguiar de San  Nicolás fue sede el jueves pasado de la lectura de la sentencia del juicio por la denominada megacausa Saint Amant II, que ventiló los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar en la región.

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En una sala presidida por un crucifijo, los jueces Omar Paulucci, Ricardo Vázquez y José María Escobar dieron a conocer el fallo, que condenó a prisión perpetua a cuatro de los acusados, estableció penas de tres a 20 años para el resto de los imputados y absolvió a uno de ellos.

La lectura de la sentencia fue acompañada por militantes, víctimas y familiares de San Nicolás, San Pedro, Baradero y Pergamino, lugares donde se cometieron los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones juzgadas.

El excoronel Manuel Fernando Saint Amant, máximo responsable militar de la región, fue condenado a prisión perpetua al igual que Antonio Bossie, Norberto Ferrero y el expolicía sampedrino Daniel Fernando Quintana.

Quintana continuará bajo el régimen de prisión domiciliaria y bajo la tutela del Patronato de Liberados, tal como venía hasta el momento en el marco del proceso, hasta tanto una junta médica evalúe su situación de salud y defina en consecuencia.

El resto de los imputados recibió condena menor a la que habían solicitado la Fiscalía y la querella, incluyendo la absolución del expolicía Guillermo Adrover.

Edgardo Antonio Mastandrea recibió 20 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena; Carlos Enrique Rocca, 12 años; el excomisario baraderense Roberto Horacio Guerrina, 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena.

Por su parte, Clementino Rojas fue condenado a 4 años de prisión, Juan Alberto González a 3 años y seis meses; y Julio Alberto Almada, Miguel Ángel Lucero y Luis Antonio Sinigaglia a 3 años de prisión.

Bossie es el único detenido en cárcel común, condición en la que permanece desde que a fines de 2012 fuera condenado en la “Saint Amant I”. Gendarmería custodió la vivienda del sampedrino Quintana, quien al igual que el resto de los sentenciados permanece con prisión domiciliaria  a la espera de la revisión médica que definirá si alguno de ellos será trasladado a una Unidad Penal Federal.

La relevancia que tuvo el fallo, más allá de cierto sabor a poco que quedó en quienes asistieron a la lectura –en San Pedro hubo transmisión directa en el Salón Dorado municipal–, estriba en que todos los delitos fueron calificados como de lesa humanidad y las condenas dieron cuenta de que en la región, bajo el accionar del Área Militar 132 a cargo de Saint Amant y los suyos, hubo un actuar represivo que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado dispuesto sistemáticamente por los usurpadores del poder público en marzo de 1976.

Los testimonios que pasaron por las audiencias celebradas en San Nicolás, Pergamino y San Pedro dejaron establecidos múltiples delitos cometidos, todos probados, que son parte del plan sistemático de violencia instalada: secuestros ilegales, robos de bienes de los detenidos, torturas de toda índole, asesinatos y desapariciones forzosas.

Al salir del Salón Dorado, Julio Pheulpin y Ricardo Montalvo, dos de las víctimas sampedrinas de la detención ilegal, manifestaron su satisfacción por haber asistido al juzgamiento de sus victimarios dentro de las reglas del Estado de Derecho.

“Este es un caso paradigmático para nosotros los sampedrinos, es corroborar que eso existió”, dijo Julio Pheulpin consultado sobre la condena a Quintana y consideró que es necesario avanzar en la investigación de las colaboraciones civiles.

“Creo que es importante que también los representantes de las fuerzas de seguridad tengan en cuenta que en algún momento la impunidad se termina. Aquí lo que llegó es la Justicia y es importante que sepamos que no es una cosa inalcanzable”, destacó por su parte Montalvo.

Víctimas, testigos y familiares asistieron también en San Pedro a la lectura del fallo, aunque ante la cantidad de personas que estuvieron durante los días de las audiencias era mayor, ya que muchos fueron a San Nicolás.

Entre el público sólo pudo verse a un funcionario del Gobierno, el joven Director de Cultura Leonardo Pascual. El resto estaba en el acto de inauguración del Centro de Monitoreo de las cámaras de seguridad, con el Secretario nacional Sergio Berni. Ningún miembro del Concejo Deliberante, que esa noche sesionó en la sala de reuniones, estuvo durante la lectura.

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