Una semana de usurpaciones, brigadas policiales y demoras judiciales
Al predio de Bozzano y Ansaloni se sumaron otros cinco, de los cuales dos ya fueron liberados tras la intervención policial. Fiscalía pidió órdenes de desalojo. El gobierno dijo que no iba a dialogar, pero hubo conversaciones informales. La historia de 11 familias cuyo sueño de la vivienda propia se vio frustrada por inacción del Concejo Deliberante.
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Cuando este semanario salió a la calle el miércoles pasado, San Pedro debatía la situación de la toma masiva de un terreno ubicado en Bozzano y Ansaloni, en la antigua curtiembre de las familias Begino y Schmidt, donde Banfield tenía planificado llevar adelante su proyecto de fútbol infantil si había acuerdo entre los dueños y la Municipalidad. En los siete días subsiguientes pasó de todo: los intentos de usurpación llegaron a ocho, las tomas efectivas a seis y, al cierre de esta nota, sólo tres quedaban en pie.
En cada caso, las familias llegaron en forma conjunta y organizada, se asentaron y comenzaron a disponer precarias instalaciones: palos, chapas, nylon, carpas. El denominador común, expresado por los propios ocupantes, es que no tienen “donde vivir” y que como el predio “está sucio” decidieron limpiarlo y tomarlo ante el peligro manifiesto de “ratas y alacranes”, sin importar si tiene dueño.
Luego del predio de Bozzano y Ansaloni, las tomas siguieron el miércoles en un predio de una manzana cerrado con alambrado situado en Güemes y 35 bis. Ese mismo día, por la noche, otras familias hicieron lo mismo en un terreno en Boulevard Moreno y Mateo Sbert, que el lunes pasado quedó vacío tras la intervención policial, que logró que los ocupantes salieran antes de que llegara la orden judicial de desalojo.
El jueves, alrededor de las 15.00, vecinos se instalaron en un predio ubicado en Cruz Roja y Dávila. Horas más tarde, a pocas cuadras, otras diez familias tomaron un terreno en Benefactoras Sampedrinas, entre Dávila y Alvarado, donde luego quedó sólo una choza, sin ocupantes.
Antes de que caiga la noche de esa misma jornada, otras 10 familias hicieron lo propio con un terreno en Humanes e Yrigoyen en el barrio San Julián, detrás de la explanta depuradora. Allí llegaron los refuerzos policiales del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) comprometidos horas antes por el superintendente de Seguridad Interior Zona Norte, comisario Horacio Yaque, quien llegó a San Pedro junto al Jefe Departamental de San Nicolás enviado por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, para reunirse con autoridades locales y ponerse al tanto de la situación además de garantizar custodia para evitar nuevas usurpaciones.
El GAD llegó bien pertrechado al barrio del Hotel Spa y en rápido operativo desmontó todo lo emplazado y redujo territorio a los vecinos que aún así resistieron la media tarde del día siguiente. Fue la primera de todas las ocupaciones en la que la fuerza de seguridad actuó ante personas que estaban en flagrancia por lo que no hacía falta orden judicial.
Así como el viernes por la noche la policía logró disuadir a los ocupantes del terreno ubicado detrás de la exdepuradora, y el lunes por la mañana fue desocupado el de Boulevard Moreno y Sbert y el de Benefactoras Sampedrinas y Dávila, donde está la canchita del espacio público del barrio 291 Viviendas. En todos, la policía mantiene custodia.
En Güemes y 35 bis, en tanto, mantienen la toma y esperan que alguna autoridad se acerque a dialogar con ellos. Son los que recibieron la visita de una mujer que dijo ser del Ministerio de Seguridad provincial, de La Plata, que a bordo de un Toyota Etios llegó para dialogar y recabar datos.
En ese predio, una joven contó que antes de ocupar un espacio de manera irregular, el miércoles pasado, vivía en “una piecita en las 150 Viviendas”, junto a su pareja, en la casa de sus suegros. Allí, fueron víctimas de un robo en el que delincuentes les llevaron todas sus pertenencias.
A una cuadra y media de allí, en Cruz Roja y Dávila, en el terreno que compraron 11 familias empleadas de una textil local, también hay custodia policial. Quienes tomaron ese terreno el jueves por la tarde están decididos a quedarse. A pesar de que conocen la historia de esas 11 familias que compraron el terreno, aseguran que resistirán el desalojo y, como en todas las otras tomas, piden por la presencia de autoridades “para negociar” y quedarse en el lugar.
Dicen tener un abogado que los asesora y que les dijo que “no hay nada en San Nicolás ni en La Plata”, respecto de denuncias. Este caso fue denunciado en la Comisaría y para cuando Fiscalía solicitó las órdenes de desalojo esa denuncia no estaba en manos de Ramos, quien, aun así, la tuvo en cuenta en su solicitud.
Aunque estas familias contaron el esfuerzo que les significó comprar el terreno, en la toma escucharon lo que quisieron de su testimonio y entendieron que “nunca terminaron de pagar, no tienen escritura”. Pero sí, tienen. Fue suscripta en la escribanía Botta, bajo el número 236, el 26 de octubre de 2015. El vendedor fue Carlos Scazzariello, dueño de la empresa JS Textil, donde los compradores trabajaban. Él había adquirido el predio en 2011 a Ángel Gorbarán y Bety Fernández.
En cada lugar, los ocupantes piden por autoridades y por el intendente, quieren asistentes sociales que releven su situación y plantean su intención de “pagar” por los terrenos que tomaron. Consultados sobre la posibilidad de desalojo, la respuesta es “que traigan los papeles y vemos”. El proyecto de parcelamiento y construcción de esa cooperativa de trabajadores propietarios se vio frustrado porque el Concejo Deliberante no aprobó una apertura de calles y excepción a la Ordenanza San Pedro 2000 que, de facto, concretaron los usurpadores.
El gobierno dijo que no mantendrá diálogo con los usurpadores, aunque el intendente sí habló con algunos de ellos, a través de mensajes por WhatsAppp, a los que les pidió que depusieran su actitud y evitaran una situación de desalojo.
El viernes, la Fiscala General Sandra Bicetti había confirmado a La Opinión que las órdenes de desalojo ya habían sido solicitadas por la fiscala Viviana Ramos al Juzgado de Garantías y que esperaban una resolución al respecto para actuar.
