Una política para levantar alambrados

La tarea de Javier Silva al frente de la Oficina de Escrituraciones se ha centrado en los últimos años en la regularización dominial de barrios creados a través de planes de vivienda, que en algunos casos esperaban desde hacía décadas sus escrituras.
Fonavi I y II, las 104, el barrio Futuro son algunos de los que ya fueron regularizados. Mientras tanto, la tarea sigue para alcanzar a todos, por lo que a pesar de que no hay recursos monetarios y humanos disponibles para cumplir con lo normado por la ordenanza de creación del Registro de Inmuebles Fiscales, ante cada regularización aparecen nuevos datos.
“Hay tierras que pertenecen al Estado municipal y al provincial, si bien no hay una actualización exhaustiva, está en conocimiento de catastro cuáles son privados y cuáles son públicos”, explicó Silva a La Opinión.
“Llevamos un registro en base a lo que vamos regularizando”, indicó y señaló: “Estoy de acuerdo en la necesidad de un relevamiento exacto para saber la superficie, las condiciones en que se encuentran y para qué son aptas, porque si conseguimos un plan habitacional podemos saber dónde ponerlo”
El funcionario recordó que más allá de los fines de recuperación para el patrimonio público de los terrenos existentes, han emprendido una tarea en la que “se tiene en cuenta la afectación a la que está sometido el predio en cuestión”,
En ese sentido, explicó que hay terrenos provinciales ocupados desde hace mucho, con “vecinos que han mejorado esos lugares y conformado un barrio”, como los casos de Las Canaletas o El Caserito, que fueron los primeros asentamientos de la ciudad y que están en proceso de regularización, por derecho adquirido.
“La Municipalidad procura regularizar porque es imposible sacar a esa gente y no correspondería. La idea en esos casos siempre es regularizar, hay diversas maneras y se pueden debatir, pero el objetivo siempre es regularizar”, sostuvo Silva.
De cualquier manera, el titular del área de escrituraciones municipal señaló que la situación es distinta en los casos de ocupación de predios por parte de privados en espacios estratégicos. “En los casos de tomar conocimiento, la obligación es recuperar”, señaló.
Para ello, el Estado local se apoya en la acción del Gobierno provincial, bajo la conducción del Escribano Adjunto Superior de la Escribanía General de Gobierno, Dr. Juan Luciano Scatolini. El funcionario provincial aplica la doctrina que considera a la tierra como un bien no renovable y apunta a recuperar todo lo que se pueda para el Estado.
En ese marco, San Pedro recuperó unas 90 hectáreas en la zona de la costa camino a Vuelta de Obligado, que ya tienen resolución provincial para que pase al dominio municipal. En ese sentido, Silva adelantó a La Opinión que desde el Ejecutivo están preparando la ordenanza para autorizar la incorporación al patrimonio de los sampedrinos.
“Es una tierra ribereña que podría ser utilizada para emprendimientos turísticos”, dijo el funcionario y destacó: “Necesitan una importante inversión y políticas de gobierno para levantar alambrados que los privados han puesto para ocupar esos lugares y que el Estado las recupere, que es la idea del intendente y sobre lo que estamos trabajando”.
En ese sentido, no sólo trabajan con los terrenos públicos ocupados, sino que además ponen acento en la tierra ociosa de privados, pasibles de expropiación. En lo que denominan “una movida provincial de recuperación de tierras” aparece también la presión impositiva. El porcentaje sobre la valuación fiscal a pagar por terrenos baldíos es bastante mayor a la de los edificados.

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