Una ley que complicó el veto
El año pasado, el intendente vetó una ordenanza que obligaba a publicar los decretos del Ejecutivo. Ahora, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la ley orgánica de las municipalidades que dispuso esa obligatoriedad. Deberán ser publicados en la web.
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En el Gobierno de Guacone habían calificado de “paso desacertado” el veto parcial del intendente a la ordenanza que introdujo modificaciones en la norma que rige las publicaciones en el Boletín Oficial, ya que consideraban que para no publicar los decretos, tal como señalaba el inciso vetado, lo mejor era “encontrar consensos” y trabajar con los concejales, que en definitiva aprobaron por unanimidad ese texto.
Ahora, un año después de aquel veto, la Cámara de Diputados aprobó una modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades invalida la decisión del mandatario local.
La modificación establece que cada una de las 135 municipalidades del territorio bonaerense deberá “confeccionar el Boletín Oficial” e incluir obligatoriamente “ordenanzas del Concejo Deliberante, decretos y resoluciones de ambos departamentos que dicten las autoridades del gobierno municipal”.
El Boletín Oficial debe ser publicado una vez por mes y ponerse a disposición de la población en la Municipalidad, en su versión papel. Pero no sólo eso, la modificación aprobada señala que “también deberá incorporarse en la página web oficial del municipio, sin restricciones”.
La ordenanza aprobada en San Pedro establecía que en el Boletín Oficial deben aparecer publicadas las ordenanzas, los convenios, acuerdos, anuncios, licitaciones y convocatorias. No así los decretos, puesto que ese apartado lo vetó el Jefe Comunal.
La publicación en versión papel circuló desde el año 1985 por una ordenanza cuya autoría pertenece al ex Concejal Elvio Macchia y se prolongó hasta la asunción de Carlos Rotundo como Secretario de Gobierno. Luego hubo ejemplares esporádicos y más tarde la versión papel en tamaño oficio y fotocopiada.
Guacone argumentó que “si bien la regla general es la publicidad de los actos de gobierno, tal principio encuentra límites en aquellos casos en que la preservación de seguridad pública y/o información que suministre datos afecten la intimidad de las personas”, algo que para los legisladores bonaerenses y el propio Gobernador Scioli, que promulgó la ley modificatoria, después de todo no era tan así.
El decreto con el veto, firmados por el Intendente y el por entonces Secretario de Gobierno Pedro Restelli señalaba que “la tutela y conservación de los intereses colectivos requiere en determinadas situaciones la posibilidad de mantener actuaciones con carácter reservado”.
Consideraban que divulgar decretos “podría poner en peligro y riesgo la finalidad que se persigue y la intimidad de las personas”, basado en la concepción que se desprende de la Ley de Habeas Data, que protege datos personales.
El concejal Mario Sánchez Negrete, autor de la ordenanza, sostenía en ese entonces que el veto implicaba un “sistemático ocultamiento de la verdad”, que “resulta inadmisible ya que para su validez, los actos administrativos por excelencia (los decretos) deben ser publicados”.
Conocida la promulgación de la ley modificatoria que obliga a los municipios a publicar lo que Guacone negó, el edil celebró la medida, ya que consideró que es necesario para una mayor transparencia en la administración pública.
