Una historia de usurpación, violencia y desalojo

Octubre de 2011 es una fecha particular. No sólo porque habrá elecciones. También porque se van a cumplir cuatro años de la toma masiva de un barrio de viviendas sociales en la zona del CIC. Y porque se va a cumplir un año de la toma masiva de todos los terrenos libres que quedaban en esa misma zona. También puede decirse, para unir los tres acontecimientos, que se van a cumplir décadas de olvido y costumbre.
La canción sigue siendo la misma, porque a las situaciones enumeradas hay que sumar la violencia, que se reproduce sin cesar especialmente en esos mismos lugares donde el Estado no llega sino con forma de patrullero por las noches o de sonrisa precisamente para octubre.
Las tomas masivas de terrenos y viviendas cobraron notoriedad y generaron polémicas importantísimas en la sociedad en general. Unas pocas semanas, acaso. Luego, el devenir cotidiano transformaron esas situaciones en habituales, en “no hay con qué darle”, en “mientras se maten allá lejos, todo bien”.
El fin de semana pasado volvieron a las noticias, en la sección policiales, claro. Mejor, en los partes policiales, cuyas versiones de diversos hechos empiezan a diferir de un día a otro. De cualquier manera, no parece ser novedad que las diferencias entre vecinos se diriman a cualquier precio, sin medir las consecuencias y con la vida en riesgo, a los tiros.
El caso que tuvo lugar en el barrio El Argentino, creado luego de la última toma masiva –denunciada como instigada por los mismos que hoy están cada vez más sospechados de motorizarla–, en una precaria vivienda en el terreno usurpado de Casella y Manuel Iglesias, donde la urbanística da cuentas de lo que Bernardo Verbitsky llamó Villa Miseria y el paso de los años convirtió en apenas Villa, porque a veces ni lugar para la miseria quedó.
El Argentino es así, como una villa del conurbano en pleno corazón del San Pedro ampliado. No es casualidad que algunos “del centro” ya le llamen “el gran San Pedro”, o que en algunos ministerios del gobierno provincial aseguren que califican a los riesgos sociales de esta ciudad como una réplica de lo más complicado del segundo cordón del Gran Buenos Aires.

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Versiones varias
de una violencia única
No están en claro los pormenores de lo que sucedió entre dos familias que ocupan parcelas del predio tomado, porque ambas partes se defienden y atacan entre sí. Lo cierto es que hay una persona que pelea por su vida. Se llama Carlos Bustamante y tiene 18 años, está internado en el Hospital local y es el triste resultado de una secuencia de actos violentos desatados durante la madrugada del domingo.
Las versiones respecto a lo que sucedió son cruzadas. Lo seguro es que el entuerto fue grave y a todo o nada. Algunos sostienen que el volumen de la música fue lo que provocó la reacción de un grupo. Mientras que del otro lado aseguran que la intención de los demás era la de sacar a la familia de su casilla y quedarse con el lugar.
La violencia fue generalizada y en medio de la oscuridad todo fue confusión, gritos y tensión. Golpes de puño, cuchillos y armas de fuego. Disparos y puntazos a diestra y siniestra.
Como si el caos ya no fuera suficiente, uno de los grupos quemó la vivienda del otro. Las llamas, que alcanzaron gravedad tras la explosión de una garrafa, se apoderaron rápidamente de las frágiles paredes de la casa y en cuestión de minutos no quedó absolutamente nada. Para completar el cuadro, no dejaron actuar a los bomberos, que en medio de la madrugada concurrieron al lugar a sofocar el incendio pero no pudieron intervenir debido a las amenazas e impedimento con que se encontraron, tras lo que debieron abandonar el lugar para proteger su propia integridad física.
Hombres, mujeres y niños intervinieron en la gresca. Además de una casa en cenizas y un adolescente peleando por su vida, el resultado de la violenta noche fue varias mujeres heridas de arma blanca y un joven que habitaba la casa destruida, identificado como Elvio Jorge González, de 24 años, también herido, ya repuesto y ahora alojado en la Comisaría local sospechado de ser el autor de los disparos.
“Me están robando los materiales, llamen a la policía”, es el mensaje de texto que un cronista de La Opinión leyó en la baleada casa de la madre de la pareja de González, embarazada de siete meses, herida con un golpe en la cabeza y sindicada por el otro grupo como quien manipulaba un elemento cortante.
Su relato es el que señala que estaban dentro de la precaria casilla y asegura haber visto cómo sus vecinos –que habitan una casa de ladrillos huecos con techo de lona– se llevaban los pocos materiales que habían comprado en un corralón, con el sueldo que González cobra como conductor de máquinas viales en una reconocida empresa local.
Según esta versión, tras enviar ese mensaje de texto a su familia, la joven gritó a sus vecinos que dejaran de robarle, por lo que recibió ladrillazos y la irrupción de ocho personas que los increparon y agredieron físicamente a ella y a su esposo. Allí sería cuando González sacó un arma y disparó.
La otra versión es la que indica que había un cumpleaños en la casa de material y que González fue a reclamar que bajaran la música. Los de la fiesta dicen que fue armado y comenzó a disparar mientras su pareja hacía lo propio con un arma blanca.
Lo que sí es cierto es que a González no sólo le incendiaron la casilla, sino que además le robaron heladera, mesa y otros pocos muebles que tenía. También es cierto que con su esposa corrió hacia la casa de su suegra en el barrio San Francisco. Y que estaba herido y sangraba, porque la mancha quedó en la puerta.
De la misma manera, es cierto que cuando todo parecía haber terminado, esa puerta recibió una balacera incontenible que rompió vidrios y paredes, aunque milagrosamente no dio en persona alguna.

El mercado más barato
es el negro
San Pedro es un infierno inmobiliario, donde el acceso a la vivienda es un imposible con el que los trabajadores ya ni sueñan. A ello se suma la mala distribución de los cuantiosos beneficios que la “transversalidad” prodigó a un gobierno local que aprovechó las vacas gordas de las políticas sociales nacionales para salvaguardar mejores negocios y esconder lejos los daños colaterales.
El Argentino también es un daño colateral. Lo son ése y todos los barrios usurpados. Una radiografía aproximada permite dar cuenta de su particularidad, que no es más que un botón que sirve de muestra de la triste extensión generalizada de lo que allí sucede.
Elvio González disparó con un arma ante quienes habrían intentado tomarle la casilla, robarle los materiales. A él, que también vive en un predio tomado. Un pedazo de tierra que su familia dijo le “compró a Facundo Díaz”, como quien nombra al martillero de la zona, que lo hay en ese barrio usurpado, como hay kioscos, calles internas, postes de luz que sostienen los gruesos cables con los que distribuyen electricidad ilegal y riesgosa para todos.
Todo lo hay. En suma, una organización territorial donde manda el que más se la aguanta, el que más intimida, el que la tiene más grande, el que tiene más contactos, el que garantiza una cuota de impunidad, el que pasa de usurpación en usurpación y compra, y vende, y alquila, y funge de amo y señor de un gobierno paralelo al que los gobiernos no controlan, muchas veces toleran y otras tantas apoyan para que los apoye, especialmente cuando llega octubre, un mes en el que todos son amigos, compañeros, correligionarios, camaradas.
El Argentino tiene su especificidad, y es que de ser uno de los terrenos más poblados hoy es de los que menos casillas ocupadas tiene de los muchos que hay y que, por supuesto, se venden, se compran, se mantienen más o menos en pie por las dudas.

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La orden es de desalojo
A más de cinco meses de la toma masiva de esos terrenos, la Justicia tomó una determinación final respecto de uno de esos predios, ubicado en la esquina de Dávila y Las Provincias, donde hay unas ocho precarias viviendas instaladas que también fueron pasando de mano –con venta incluida– desde que se produjo el ingreso de las primeras familias.
La Cámara Penal de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás resolvió dejar firme su fallo respecto al desalojo de ese terreno para restituirlo a sus dueños, que presentaron la correspondiente denuncia, con documentación que prueba condición de propietarios.
Luego de que la Jueza de Garantías Laura Vázquez resolviera no dar lugar a la petición de restitución de los abogados de la familia propietaria, la Cámara revocó esa decisión y ordenó el desalojo. En ese entonces, el ahora ex Defensor General Gabriel Ganon recurrió ese fallo en diciembre y ahora la Cámara rechazó su queja.

Fallo de “lanzamiento”
Tras la denuncia por usurpación de propiedad que los dueños hicieron con el patrocinio del Dr. Benito Aldázabal, el abogado solicitó la restitución del predio, documentación en mano, un paso que suele darse en casos como este mientras dure el proceso y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo acerca de si hubo o no delito en la intrusión.
Esa restitución deberá ser efectiva ahora que la Cámara lo ordenó. Los propietarios del terreno habían solicitado la celeridad de la resolución de la Justicia, porque detectaron que allí ya había construcciones de material, además de las precarias viviendas que comenzaron a instalarse tras la toma.
Ante ello, el Tribunal entendió que la denegatoria al desalojo “causa gravamen irreparable” y dio curso al pedido de “lanzamiento” de quienes estén en situación de toma en el terreno.
El fallo retorna a origen y ordena a la Jueza de Garantías Laura Vázquez que disponga el cumplimiento de la orden de desalojo, a través del Fiscal Marcelo Manso. Como la orden es de “restitución de inmueble”, La Justicia no sólo deberá desalojar a los ocupantes sino además remover todo lo que haya en él.
Los propietarios deben abonar una caución que será retenida mientras dure el proceso. El precio de esa caución es de 1.500 pesos, de las más bajas que se recuerde.

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Resguardar
los menores
El fallo de desalojo pone especial atención en la necesidad de que el Esado ponga a resguardo a los menores de edad que hubiera en el predio como una exigencia fundamental para que la orden se haga efectiva.
Ello significa que la Justicia deberá articular con el Servicio local de protección y promoción de los derechos del niño para que los menores que habiten allí no queden en la calle ni sufran algún tipo de vulnerabilidad en sus derechos.
Ello va a implicar que la restitución del inmueble a sus dueños no se haga efectiva con la celeridad que esperan sus abogados, en la medida en que hay que disponer acciones de intervención social que necesitan planificación, en un Municipio cuya Secretaría de Desarrollo Humano acaba de cambiar de conductor.
Para Aldazábal, “en los próximos días y resuelto el problema de los menores, si los hay, y prestada la caución que se fije, se procederá al desalojo con auxilio de la fuerza pública”. El abogado puso énfasis en que “si es preciso” el desalojo se hará efectivo “con las fuerzas de infantería de la brigada de San Nicolás y se procederá a detener a quienes pretendan obstaculizar” el procedimiento.
Al respecto, señaló: “Pedimos que venga infantería de San Nicolás, por si hay problemas”. En ese terreno a desalojar hay cinco viviendas precarias y tres ranchitos tipo baño, deshabitadas. Hay una sola casa de material y cimientos recientes. Es el más pequeño de los predios tomados. También el menos conflictivo.

Contra la Jueza
La Jueza de Garantías Laura Vázquez es la misma que ordenó desalojo en el caso de la toma masiva del barrio San Francisco de Asís, en 2007. Sin embargo, contra lo que había señalado en un caso más complejo como aquél, donde el bien era del Estado, actor al que se demandaba por las condiciones habitacionales de los okupas, en este caso de un terreno privado no aprobó el lanzamiento.
Las causas iniciadas por el delito de usurpación prevén que mientras dure el proceso, la Fiscalía puede pedir la restitución del bien, lo que Vázquez denegó bajo el argumento de que el ingreso fue a “la luz del día”, que el terreno “no estaba cercado”, y que la presencia de vecinos no dijeron nada.
Para Aldazábal, ese fallo de la Jueza es pasible de sanciones por parte de la Justicia, puesto que el abogado consideró que hubo pretensión de “crear ley”, en la medida en que los argumentos vertidos para denegar el desalojo incorpora “recaudos inexistentes en la figura del Código Penal” de usurpación. El abogado señala que la Jueza confunde “clandestinidad con nocturnidad” y que considera a “los vecinos como detentadores del poder de policía” y advirtió lo que La Opinión había adelantado en octubre: la posibilidad de denuncia por mal desempeño y prevaricato ante el Consejo de la Magistratura, organismo que se ocupa de las sanciones disciplinarias en el Poder Judicial.
La figura de prevaricato contempla “actuación arbitraria a sabiendas de que es injusta” y es considerada como una “manifestación de abuso de autoridad” producida cuando un Juez dicta resoluciones cuya dirección va en contrario de las propias leyes que invocan.

¿Quién instigó las usurpaciones?
La salida de Gustavo Díaz y Fernando Coronel de Desarrollo Humano trajo nuevamente a debate las denuncias por instigación a la usurpación que el Municipio presentó contra los concejales Pando y Secchi, tras la declaración de personas que testimoniaron contra ellos. Al menos una persona ha reconocido que fue llevada con la denuncia en mano para apuntar a los ediles y hay pruebas que descansan hasta que el fiscal los convoque, pero ese caso puntual nombra a uno de los funcionarios como el promotor de la intrusión de los terrenos y la posterior acusación a los ediles.
La salida de ese lugar de poder que ostentaban esos funcionarios hace que el manto de duda sobre la veracidad de los testimonios aparezca una vez más, ya que de a poco comienza a quitarse el velo que cubría ese poco claro proceso.
Además, la versión de que el propio Coronel habría intentado comprar uno de los terrenos que luego fueron usurpados pone más leña al fuego de la suspicacia en torno al tema. Un propietario reconoció que días antes tenía “casi cerrada la venta” con el Coordinador de Desarrollo Humano.

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